El juez ve indicios para juzgar a la excúpula de Pescanova

Propone sentar en el banquillo al expresidente de la firma, Fernández de Sousa-Faro, y otros 18 investigados

Aprecia posibles delitos de falsedad contable, estafa, insolvencia punible y alzamiento de bienes o blanqueo

Audiencia Nacional
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro.

El juez instructor del llamado “caso Pescanova, José de la Mata, ha concluido la investigación abierta en la Audiencia Nacional con la conclusión de que hay indicios delictivos para juzgar al expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa-Faro y a otros 18 miembros de la antigua cúpula de compañía.

Se les investiga a todos por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.

La resolución del juez, que da treinta días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral o requerir el sobreseimiento de la causa, involucra a 12 sociedades, incluyendo a la propia Pescanova SA y archiva la causa para el exconsejero César Mata.

La investigación llevada a cabo por el magistrado indica que ante la situación de insolvencia que atravesaba Pescanova, compañía que contaba con 40 sociedades participadas, la cúpula de la entidad decidió alterar los estados financieros presentados al mercado periódicamente en lugar de hacer pública la situación real de la firma.

Siempre según la investigación judicial, la excúpula de Pescanova habría incurrido en presuntamente en prácticas contables irregulares para ocultar ciertas operaciones comerciales y que no figuraran en la contabilidad oficial de la firma ni aparecieran en la información oficial que debían facilitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova –constituida prácticamente por deuda con entidades de crédito- en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova SA como el Grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios”, afirma el auto del juez De la Mata.

El magistrado detalla que los investigados habrían logrado financiación millonaria sin reflejar esa deuda financiera en los balances de Pescanova. Los responsables del grupo, según las pesquisas judiciales, llevaron la compañía a niveles de endeudamiento y riesgo muy elevados y “decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares aún a sabiendas de que con ellas inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a su inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador”.

Un folleto falseado

La investigación apunta al presunto falseamiento de las cuentas anuales de Pescanova al menos entre 2009 y 2011, lo que se hubiera repetido en 2012 según las cuentas preparadas para aquel ejercicio. Así, los administradores, en responsabilidad compartida con los auditores, habrían aprobado cuentas maquilladas que no reflejaban la imagen real de la situación económica del grupo.

Varios de los querellantes vienen denunciando que varios analistas financieros recomendaron entre agosto de 2012 y enero de 2013 la inversión en valores del grupo bajo la asunción de que aquella información positiva era veraz, con el consecuente perjuicio para quienes siguieron estas recomendaciones e invirtieron en la cotizada.

El impacto fue especialmente directo para quienes secundaron la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por 124,95 millones de euros entre julio y agosto de 2012 utilizando un folleto público que, según el juez, no reflejaba la imagen fiel de la sociedad.

“De lo actuado se desprenden indicios de que no solo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”, cita el auto.

Estafa a la banca

Más allá, De la Mata entiende que pudo producirse un delito de estafa dado que varios bancos accedieron a financiar a Pescanova y sus filiales durante aquella época confiando en una imagen de solvencia que se revela irreal, y en unas operaciones comerciales ficticias.

El auto señala el relevante papel en este punto de Ángel González Domínguez, del departamento de contabilidad, y José Manuel Gil González, del área financiera, a la hora de presentar una red de sociedades instrumentales sin vinculación aparente con el grupo, y sin actividad comercial relevante, para emitir facturas falsas que presentar como descuento ante las entidades acreedoras. 

La familia de Sousa

En paralelo a estas pesquisas, De la Mata abre una pieza separada para investigar el papel de la familia de Sousa. En concreto, indaga en el rol de su mujer, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos, por la apertura de cuentas en una entidad financiera de Andorran que no fueron declaradas ante la Hacienda Pública.

Durante la instrucción se bloquearon tres cuentas de los investigados en Andbank, por un valor total de 3,25 millones de dólares, 262.887 libras y 522.045 euros, respectivamente, cuyo origen se desconoce y fue ocultado al fisco español.

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