Pimco y otros grandes fondos más se personan en la causa penal contra los expresidentes de Popular
Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital también se suman a las acusaciones por la vía penal La Audiencia investiga la responsabilidad de Ron, Saracho, sus consejos de administración y el auditor PwC
Nuevo giro de tuerca al capítulo judicial abierto por la debacle de Banco Popular. Los fondos de inversión Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital se han personado en la causa penal abierta contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y el auidtor, PwC, por falsedad societaria y administración desleal, entre otros presuntos delitos.
Hasta ahora, estos fondos de inversión se habían limitado a actuar por la vía del contencioso administrativo. El pasado septiembre presentaron ante la Audiencia Nacional un recurso contra el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por su papel en la resolución y venta a Santander de Banco Popular, en el que se calcula que tenían invertidos 850 millones de euros, recoge Efe.
Ahora, sin embargo, estos grandes fondos han decidido sumarse a las querellas que instruye el juzgado central número 4 por presuntos delitos de falsedad contable de estados financieros, fraude a inversores, manipulación del mercado y posible abuso de información privilegiada en Banco Popular.
El socio principal del bufete Quinn Emanuel -que representa a estos fondos-, Richard East, aclara en una nota que "los querellantes desean ser informados y colaborar en esta investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso".
El titular del juzgado central de instrucción número 4, el juez Fernando Andreu, acordó en su día la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado.
Banco Popular fue resuelto por las autoridades europeas el pasado 7 de junio, después de que una masiva fuga de depositantes pusiera en duda la viabilidad de la entidad. Después de ser recapitalizada con el dinero de los accionistas y bonistas, que perdieron toda su inversión, la entidad fue vendida por un euro simbólico a Banco Santander.
Cuatro frentes abiertos
Desde entonces, los afectados han abierto múltiples vías de actuación judicial para tratar de ser resarcidos y de aclarar las responasabilidades por la caída del banco. Mientras algunos inversores están tratando de tumbar la resolución actuando contra la autoridad europea, la Junta Única de Resolución (JUR), otros recurrieron la actuación de su brazo ejecutor en España, el FROB. La Audiencia ha planteado dejar en suspenso esta última causa hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el caso comunitario.
En paralelo, algunos de los afectados acudieron a la vía penal para tratar de depurar responsabilidades, en la pieza que instruye Andreu, y otros han comenzado a actuar por la vía civil con la intención de recuperar el dinero perdido.
Por su parte, Banco Santander ha ofrecido unos bonos perpetuos a parte de los afectados (fundamentalmente los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de Popular en junio de 2016 y ciertos bonistas, a cambio de que no litiguen.
Acceso a los papeles del caso
El movimiento de los grandes fondos internacionales, como Pimco o Anchorage, que han decidido personarse ahora en la vía penal del caso Popular, llega solo unos días después de que la Audiencia Nacional planteara dejar en suspenso los recursos contencioso administrativos que habían presentado contra el FROB por la resolución del banco. El tribunal considera preferible esperar a que la Corte de Luxemburgo resuelva los recursos similares planteados por grandes inversores contra la Junta Única de Resolución (JUR). En cualquier caso, el objetivo estratégico del movimiento judicial de los fondos es el de estar personados en la vía que antes les permita acceder a la documentación confidencial del caso. El documento más deseado por todos es el informe de Deloitte en el que las autoridades basaron la decisión de resolver el banco pese a que se le daba un valor de entre –8.200 a 1.500 millones. La JUR se ha negado a facilitarlo íntegro pero el FROB ha abierto la puerta a entregarlo si el juez así lo requiere.
