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Rajoy cumplirá por primera vez el objetivo de déficit (sin trucos)

A diferencia de otros años, España no ha tenido que revisar al alza los límites iniciales

El sector público cerrará con un desfase del 3% del PIB, el nivel más bajo en diez años

Cada año sucede lo mismo. El Gobierno anuncia solemnemente que España cumplirá el objetivo de déficit público. Así lo dicen los representantes del Ejecutivo y aparece en los programas de estabilidad que se remiten a Bruselas y en los Presupuestos Generales del Estado. Y cada año, los números rojos superan los límites fijados y las cuentas solo cuadran en el papel. Hasta ahora. Todo apunta que España cumplió en 2017 el objetivo de déficit público, sin letra pequeña y sin trucos. El desfase se situará en torno al 3%, el nivel más bajo en diez años. Es la primera vez que Mariano Rajoy logra cumplir sin matices el objetivo de estabilidad desde que ganó las elecciones generales.

Los informes oficiales del Ministerio de Hacienda dirán que ello también sucedió en 2013 y 2016, pero tiene trampa. En 2013, el límite de déficit fue del 6,5% y España cerró en el 6,3%. Objetivo cumplido. Sin embargo, posteriormente se vio que el déficit real era superior y alcanzaba el 6,7%. En 2016, España cosechó un déficit del 4,3% frente al límite del 4,6%. Se cumplió, pero hay letra pequeña. El objetivo inicial era del 2,8%, que en abril se amplió al 3,6% y, en diciembre de 2016, solo unas semanas antes de acabar el año se estableció definitivamente en el 4,6%, un umbral que Bruselas permitió para evitar sancionar a España.

Las revisiones al alza de los objetivos de déficit no se han producido en 2017, año en el que el límite se ha mantenido en el 3,1%. Y la Administración Pública se encuentra en disposición de cerrar el ejercicio incluso por debajo de ese umbral. Algo inédito. España está a un paso de cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE tras llegar a registrar un déficit del 11% del PIB en 2009. El trayecto no ha sido fácil ni indoloro. La reducción del déficit, inevitable y necesaria, se ha producido con drásticos recortes del gasto público, que han deteriorado el Estado de bienestar. Al mismo tiempo, el ajuste se tradujo en subidas fiscales sin precedentes en la primera legislatura de Rajoy, que golpearon el bolsillo de contribuyentes y la tesorería de las empresas. Los elevados números rojos han impedido que la administración actuara como locomotora de la recuperación y más bien se ha convertido en un lastre.

Esto empieza a cambiar, aunque el déficit público de España todavía se mantiene como uno de los más elevados de la UE. El compromiso del Gobierno con Bruselas es seguir minorando los números rojos y registrar superávits primarios que permitan acelerar la reducción de la deuda pública española, que se mantiene en torno al 100% del PIB.

A pesar de la mejora, la situación de cada eslabón administrativo es muy distinta. Los ayuntamientos son, con diferencia, el sector más saneado. Cerrarán este año con un superávit en torno al 0,5%, lo que permitirá mitigar los desvíos que registrarán la Administración central y la Seguridad Social, ambas gestionadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Hasta noviembre, el Estado central registró un desfase del 1,56%, lo que significa que gastó 18.217 millones más de los que ingresó. El objetivo para 2017 de la Administración central está fijado en el 1,1% del PIB y se rebasará. A diferencia de las comunidades o ayuntamientos, el incumplimiento no tiene consecuencias para el departamento de Cristóbal Montoro. La Seguridad Social genera las mayores preocupaciones. Este año registrará un déficit en torno al 1,5% del PIB (17.300 millones). Hacer frente al envejecimiento de la población es el principal reto al que se enfrenta España y la Unión Europea. La presión sobre las cuentas del sistema de pensiones no cesará de aumentar en la medida en que el número de nuevos jubilados aumenta y entran al sistema con prestaciones más elevadas y que cobrarán durante más tiempo por el incremento de la esperanza de vida.

Las comunidades autónomas destacaron por presentar los mayores desequilibrios en los compases iniciales de la crisis. Ahora, la situación es muy diferente. Los últimos datos oficiales, que llegan hasta octubre, reflejan que las autonomías han logrado sanear sus cuentas. En conjunto, sumaron un superávit de 1.267 millones, un 0,11% del PIB. Se trata de un hecho inédito y que sugiere que cumplirán el objetivo de déficit fijado en el 1,4%. Para el ejercicio en curso, el límite es del 1,1%. Hasta ahora, parecía factible lograr la meta porque el Gobierno había comunicado en julio que entregaría a las comunidades autónomas 105.040 millones en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación. Supone un 13,8% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, Hacienda ha anunciado esta semana que la cantidad que se empezará a pagar este mes será muy inferior a la inicialmente prevista al no haberse aprobado los Presupuestos. Para las autonomías, ello supone un chantaje. Además, implica desbaratar las proyecciones de las comunidades, que han elaborado sus presupuestos en función de las entregas a cuenta anunciadas en julio y hoy reducidas.

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