uber
EFE

De la Serna: “La sentencia no tendrá la más mínima incidencia en la operativa de Uber en España”

El fallo pone en alerta a empresas 'uberizadas' como BlaBlaCar, Globo, Deliveroo y Airbnb

Los taxistas urgen a Madrid y Barcelona revisar todos los servicios ofrecidos por la compañía desde 2014

Madrid / Bruselas

Las reacciones en España a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre Uber, que dicta que una de las versiones de la aplicación Uber (UberPop) es una empresa de transporte y no una compañía que presta servicios propios de la sociedad de la información, corrió este miércoles como la pólvora. Y hubo para todos los gustos. Una de las primeras llegó de la propia multinacional estadounidense, que aseguró que el fallo "no cambiará nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE, donde ya operamos bajo la normativa de transporte". Sin embargo, advirtió, "todavía hay millones de europeos que no pueden usar apps como la nuestra. Como dijo recientemente nuestro nuevo CEO, conviene regular servicios como Uber y por ello continuaremos el diálogo con países y ciudades en toda Europa”, matizó la compañía.

Desde la empresa estadounidense defienden que Uber trabaja con un modelo de transporte totalmente legal y con conductores autorizados con licencias VTC. En este sentido, recuerdan que el modelo de UberPop, basado en conductores particulares que utilizan su coche para ofrecer el servicio, solo está ya operativo en cuatro países europeos: Rumanía, Polonia, República Checa y Eslovaquia.

Con el mismo argumento positivo de Uber, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que la sentencia no tendrá “ ninguna incidencia” en España porque, de acuerdo con la legislación española, a los vehículos de la plataforma estadounidense que operan en el país ya se les exige la correspondiente licencia VTC. “Uber en estos momentos, en lo que se refiere a la regulación en España, está cumpliendo con la sentencia”, remarcó De la Serna.

"A falta de hacer un análisis profundo del pronunciamiento del TJUE, aparentemente no tiene ningún tipo de influencia en lo que es la regulación actual española porque habla de la situación de UberPop, que ya no existe", insistió el ministro, que aclara que la sentencia dice que los vehículos de Uber "tienen que sacar licencia" para operar, algo que en España "ya se realiza así" en función de la ley española, "a través de las licencias que se otorgan como VTC".

El titular de Fomento sostuvo asimismo que el transporte urbano está "perfectamente regulado" en España, de forma que un VTC "necesita una licencia para poder circular", autorizaciones que son concedidas por las comunidades autónomas a partir de una ley desarrollada en 2015, que establece un límite máximo (una licencia de VTC por cada treinta que se concedan para el taxi). Además, De la Serna recordó que este marco normativo se complementará con las medidas y requisitos adicionales que se pondrán a este tipo de empresas,que el Ministerio prevé aprobar próximamente por Real Decreto. Según remarcó, con estas nuevas iniciativas se pretende evitar "usos especulativos con las licencias" de VTC y mejorar la inspección sobre sus servicios.

El ministro evitó, no obstante, pronosticar hacia dónde puede ir la economía colaborativa y su encaje en el marco normativo nacional y europeo, porque sería “arriesgado”, dado que “cada caso depende de la normativa sectorial” y deben realizarse “análisis caso a caso”.

Unauto, la patronal de las firmas de VTC, también coincidió con el ministro al destacar que el fallo se refiere solo a UberPop, el servicio entre particulares que Uber dejó de operar en España en diciembre de 2014 (actualmente solo está operativo en cuatro países europeos Rumanía, Polonia, República Checa y Eslovaquia). Sin embargo, como recuerda esta organización, desde marzo de 2016, Uber solo ofrece en Madrid UberX, un servicio operado por conductores profesionales con vehículos VTC, es decir, con autorizaciones otorgadas por el gobierno regional y bajo la ley española de transporte.

“A pesar de la interpretación interesada de ciertos portavoces del taxi, la realidad es que esta sentencia no tiene ningún impacto en España porque hace referencia al transporte entre particulares y en ningún caso a la operativa de las VTC”, insistió Eduardo Martín, presidente de Unauto. “Tampoco guarda relación con las nuevas regulaciones que se están impulsando, a petición y por presión del sector del taxi, que lamentablemente siguen protegiendo sus privilegios monopolísticos”, dijo.

Taxistas e indemnizaciones

La tranquilidad que quiso transmitir tanto el Gobierno como la propia compañía y Unauto contrastó, en cambio, con las opiniones vertidas por los taxistas españoles. Fedetaxi, la principal patronal del gremio en España, ha urgido a las comunidades de Madrid y Cataluña a que "procedan de forma urgente e inmediata a revisar todos los servicios que Uber haya operado desde 2014" para verificar si han cumplido con los requisitos legales como empresa de transporte. Esta organización calcula que, en caso de que la compañía no contara con la autorización para realizar servicios de transporte, los gobiernos regionales deberían incoar expedientes sancionadores que podrían acarrear multas totales de hasta 5.000 millones de euros en función de los servicios prestados por la firma desde entonces.

Igualmente, el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz, anunció que su colectivo valorará exigir indemnizaciones por los daños ocasionados por la actividad que Uber lleva desarrollando “de manera ilegal” en España desde 2014. En opinión de Antaxi, el fallo es un punto de inflexión que “va a desencadenar una nueva visión de los tribunales españoles en las demandas planteadas por las distintas asociaciones del colectivo del taxi y que están pendientes del fallo judicial”.

Aunque algunos colectivos del taxi aseguran que la sentencia obligará a Uber a ser titular de las licencias VTC y ser empleador de los conductores, el asesor legal de Uber, el abogado José Andrés Díaz, lo niega. “Es algo totalmente absurdo. Es lo mismo que decir que todos los taxistas tendrían que ser empleados de los Radio Taxis y que estas empresas tienen que ser titulares de la licencias y empleadores de los taxistas, y eso no es así". 

Alerta para otras empresas 'uberizadas'

Díaz sí advirtió que si fuera directivo de BlaBlaCar estaría francamente preocupado, “porque esta empresa sí puede verse muy afectada por la sentencia, pues se refiere solo a transporte entre particulares”, justo la actividad a la que se dedica esta compañía. También hay expertos que creen que el fallo podría tener un fuerte impacto en empresas uberizadas como Glovo, Deliveroo y Airbnb, por su parecido en la operativa a UberPop, un servicio, por cierto, que no podrá recuperar Uber. Dichas compañías podrían verse obligadas a someterse a la legislación de los sectores en los que operan, pues corren el riesgo de ser calificadas como empresas de reparto de paquetería y agencia de viaje y no plataformas de servicios de la sociedad de la información.

Otra empresa que también puede verse salpicada por la sentencia es Cabify, competidor de Uber en España y en otros países. La compañía rápidamente emitió un comunicado en el que asegura que la decisión judicial no está relacionada “en absoluto” con ella y que no afecta a su actividad. La firma aclara que desde su fundación en Madrid en 2011, su modelo de negocio “es, y ha sido siempre, 100% legal”. La empresa española está constituida como agencia de viajes, tal y como estipuló, dice, la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Transportes Terrestres de la Comunidad de Madrid en mayo de 2012.

“El criterio del fallo del Tribunal de Justicia de la UE para determinar la naturaleza de servicio de transporte de la UberPop en Barcelona no resulta aplicable al servicio prestado por Cabify”, insiste. “Esto es así, porque al constituirse la compañía en España lanzó, en su condición de agencia de viajes, una plataforma para facilitar la intermediación entre sus usuarios y un sector profesional preexistente: los transportistas titulares de licencias VTC”, concluye. Cabify remarca que dichos transportistas vienen desarrollando desde hace muchos años la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en España, dando “estricto cumplimiento” a la normativa que regula el transporte de viajeros, los seguros de responsabilidad civil asociados al mismo, así como la fiscalidad y las relaciones laborales de los conductores.

Normas
Entra en EL PAÍS