La CNMC critica por "desproporcionada" la nueva ley para Uber y Cabify
Lamenta las limitaciones de venta de licencias y la obligación de comunicar cada viaje Asegura que impone "cargas injustificadas" y que van contra la competencia
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia arremete contra el Real Decreto que ultima el Ministerio de Fomento para regular las licencias de VTC (vehículos de alquiler con conductor) en España, y que espera tener listo para enero de 2018. Según el organismo, las condiciones que quiere poner el Gobierno de Rajoy a empresas como Uber y Cabify van contra la competencia. “Las medidas dificultan que existan empresas y particulares que ofrezcan estos servicios de transporte alternativos al taxi, imponen cargas injustificadas y no son proporcionadas”, señala en un comunicado.
En concreto, asegura que el proyecto de Real Decreto consta de dos artículos que afectan a este tipo de servicios. Por un lado, Fomento en su futura normativa impide a los titulares de licencias VTC que puedan revenderlas hasta pasados dos años desde su primera expedición. Por otro, advierten, el texto abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan exigir que los titulares de dichas autorizaciones les comuniquen, antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente dentro de su territorio.
La CNMC se refiere a la creación de un registro nacional (una base de datos) donde los titulares de autorizaciones VTC deberán comunicar a la Administración, por vía electrónica, los datos de cada servicio, incluido nombre y DNI del conductor y lugar de inicio y destino de cada trayecto.
Respecto al primer punto, aunque el Gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones que el impedir la venta de las licencias VTC en el citado plazo es una medida que persigue impedir que se cree una burbuja especulativa en torno a dichas licencias, la CNMC alerta que dicha prohibición “desincentiva que nuevas empresas entre en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo”.
El organismo regulador añade, además, que esta situación resta liquidez al mercado secundario de licencias, “cuya función es facilitar que haya más empresas ofreciendo el servicio. De esta manera, en última instancia, se perjudica a los pasajeros que utilizan las VTC”, destaca.
Sobre el segundo, la CNMC afirma que las obligaciones de comunicación pueden suponer “una carga administrativa muy elevada” para quienes ofrecen estos servicios alternativos al taxi, pues deberán comunicar cada uno de los servicios que realicen antes de su inicio. “Esto conlleva también el riesgo de afectar a su movilidad geográfica”, insiste el organismos, que añade que el proyecto “no explica suficientemente” las razones por las que se pretende imponer esta obligación,.
En alguna reunión con los medios, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sí ha señalado que con esta segunda medida pretenden controlar que las VTC cumplen la ley, que establece que no pueden recoger a clientes que no les hayan contratado previamente (es decir, no se les puede parar por la calle como un taxi) y que realicen el 80% de su actividad dentro de su comunidad autónoma.
En su crítico informe, la CNMC considera que los nuevos requisitos que Fomento quiere imponer a empresas como Uber y Cabify restringen la competencia en el sector del transporte y “no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad”.
No es la primera vez que Competencia manifiesta su preocupación por la regulación en el sector de los servicios VTC. En abril de 20916, la CNMC ya impugnó ante la Audiencia Nacional dos normas de Fomento en este sector, el Real Decreto 1057/2015, del 20 de noviembre, y la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre, aún pendientes de resolución.
El escrito de la CNMC ha sido recibido con optimismo por parte del sector de las VTC. La patronal Unauto asegura que en el informe del organismo de competencia "se dice claramente que no explica suficientemente las razones" de las obligaciones a las empresas.
El presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, ha indicado en una nota sobre el borrador del real decreto que "la verdad es que no existe ninguna justificación más allá de ceder al chantaje del taxi". Las empresas no han hecho una valoración de manera pública aunque fuentes de Cabify aseguran que han recibido positivamente la posición de la CNMC.
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