Hacienda ofrece a la oposición pactar cómo gastar 5.000 millones extra

Nadal estima que los ingresos por impuestos y cuotas crecen en 20.000 millones

1.250 millones cuesta cada punto de alza salarial a los funcionarios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, interviene durante el pleno celebrado esta semana en el Senado, en Madrid.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, interviene durante el pleno celebrado esta semana en el Senado, en Madrid. EFE

A falta de poco más de dos semanas para que acabe el año es el momento de hacer balance y pensar ya en el próximo ejercicio. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, anunció este jueves que la recaudación tributaria y vía cotizaciones a la Seguridad Social sigue evolucionando de forma positiva, hasta el punto de crecer en torno a unos 20.000 millones de euros.

 De esa cifra, Nadal matizó, durante su participación en una jornada sobre auditores organizada por el Consejo General de Economistas, que 5.000 millones irán destinados al pago de las pensiones y 10.000 a reducir el déficit público. Los 5.000 millones restantes explicó que constituyen el margen de incremento de gasto público con el que podrán contar todas las administraciones. Así, el alto cargo del Ministerio de Hacienda ofreció al resto de fuerzas políticas y administraciones llegar a un acuerdo que defina quién, cómo y para qué se pueden gastar esos 5.000 millones.

Y aunque en ningún momento se refirió a que esta vaya a ser la moneda de cambio en la negociación presupuestaria, (los 5.000 millones son para gastar en todas las Administraciones públicas y no solo por el Estado) lo cierto es que este llamamiento se realiza justo cuando el Gobierno está interesado en retomar cuanto antes las conversaciones para recabar los apoyos necesarios que permitan remitir al Parlamento las cuentas de 2018 en el primer trimestre del año.

Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de seguir manteniendo como prioridad la reducción del déficit público, por lo que defienden los pilares de la ley de estabilidad y entre ellos, en especial, la regla de gasto. Así, el secretario de Estado reconoció que el margen para aumentar el gasto en todo el sector público no es muy holgado, pero, al mismo tiempo, lo tachó de “suficiente para que la economía española continúe creciendo de forma sostenible”. En su ponencia, Nadal argumentó que, después de bajar el gasto público desde el 48% al 41% del PIB, “el objetivo es crecer una década seguida sin desequilibrios”.

Sobre el debate abierto por algunas administraciones, como los ayuntamientos, que llevan meses reclamando flexibilidad en la regla de gasto en caso de contar con superávits, el secretario de Estado advirtió que “hay una regla de gasto que garantiza que en las épocas de expansión nadie gaste más de lo que nos podemos permitir a largo plazo”. El Ejecutivo insiste en que se ha de evitar que los ingresos coyunturales se conviertan en gasto estructural. “Por eso, cuando se plantea la flexibilidad de la regla de gasto para cualquier administración, lo que se está haciendo es ir en contra de principios básicos que garantizan solvencia”, aseveró Nadal. “Si todo va bien y no hay cuestiones políticas que lo dificulten”, apuntó, “el déficit público prácticamente habrá desaparecido en 2020”, añadió.

Preguntado por cuándo calcula que podrán aprobarse los presupuestos para 2018, Nadal eludió entrar en polémicas y solo apuntó que las cuentas del Estado se remitirán al Parlamento “a su debido tiempo”, en referencia a que se esperará a tener el apoyo parlamentario al presupuesto garantizado. Antes de que estallara la crisis política en Cataluña, el Ejecutivo se había asegurado el respaldo a las cuentas de 2018 de Ciudadanos y Coalición Canaria y estaba a punto de convencer al PNV, después de haber suscrito el acuerdo para la renovación del cupo vasco. Sin embargo, los nacionalistas vascos rechazaron entonces ofrecer su apoyo a los presupuestos hasta que no se resolviera el conflicto catalán.

Ahora, esta invitación a negociar cómo gastar esos 5.000 millones extras puede suponer un revulsivo para que las distintas fuerzas políticas se sienten a negociar.

De esa cantidad de dinero podrá reservarse una parte para, por ejemplo, incrementar el salario a los funcionarios. Según el Gobierno, cada punto de subida salarial a los empleados públicos supone un desembolso de 1.250 millones. Recientemente, fuentes de Hacienda confirmaron a los representantes sindicales que aunque no hubiese nuevos presupuestos el próximo 1 de enero, los trabajadores no verían sus sueldos congelados el próximo ejercicio. Es más, fuentes sindicales desvelaron que la subida que se aplicaría a la espera de la firma de un acuerdo sería del 1,5%, que es igual a la de la oferta planteada por Hacienda a los sindicatos de funcionarios para 2018, que éstos rechazan.

De confirmarse este extremo, las Administraciones tendrían que gastar en las retribuciones a sus plantillas el próximo año 1.875 millones adicionales. Además de la subida salarial, parte de esos 5.000 millones podría destinarse a inversión, una partida que el Gobierno reconoció que todavía no podía salir muy bien parada en las cuentas de 2018 cuando inició su diseño y que, sin duda, será una de las reivindicaciones de algunos partidos políticos y de las empresas.

CEOE critica los errores presupuestarios

Recaudación. CEOE publicó ayer un informe en el que critica que el Gobierno incumple de forma sistemática las previsiones de ingresos. En todos los ejercicios desde 2008, con la única salvedad de 2010, la recaudación real fue inferior a la presupuestada. “El problema fundamental de ofrecer cifras tan elevadas al elaborar los presupuestos es que, al no cumplirse el presupuesto de ingresos se acude a la adopción de medidas fiscales de urgencia”. La patronal aún recuerda las medidas aprobadas a finales del ejercicio anterior y que supusieron un incremento fiscal para las empresas y echaron por tierra el cierre contable de muchas compañías. CEOE señala que desde la reforma fiscal de 2014 que aprobó una nueva ley del impuesto sobre sociedades, se han producido 12 modificaciones y algunas de ellas con carácter retroactivo.

Presión fiscal. Los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2016, reflejan que España recauda por el impuesto sobre sociedades en torno al 2,3% del PIB frente al 2,6% de la media europea. Si bien el porcentaje es inferior, la recaudación del impuesto sobre sociedades se encuentra más cerca de la media europea que el IRPF o el IVA, los dos tributos más relevantes del sistema fiscal español.

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