Albella aboga por mantener la regulación de las sicavs para evitar su huida

En el año se han dado de baja 300 de estos vehículos

El Gobierno prometió restringir los beneficios tributarios de estos vehículos

CNMV
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, durante su participación en el Foro Cinco Días que tiene lugar esta mañana en un céntrico hotel de la capital.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha insistido en la necesidad de despejar las incertidumbres regulatorias en materia de sicavs. Albella ha asegurado que es “partidario de no tocar el régimen de las sicavs” ni en su vertiente legal ni en la fiscal y ha alabado la importancia de este vehículo de inversión.

El número de estos vehículos está en niveles de 2003, ante el miedo a que se restrinjan sus beneficios fiscales, que les permiten tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades frente al tipo del régimen común del 25%."Las sicav han contribuido mucho el desarrollo de la industria de inversión. Están más centradas en invertir en España, sus privilegios no son tales", ha defendido Albella. 

El pacto de investidura firmado por el PP y Ciudadanos incluye una participación mínima de cada socio del 0,55% en el capital de una sicav para que esta mantenga sus prebendas. Esto implicaría que un solo socio podría controlar como máximo un 54%. Además, incluye el traspaso de su supervisión desde la CNMV a la Agencia Tributaria.

Las cifras de la asociación de instituciones de inversión colectiva (fondos y sicavs), Inverco, revelan que a cierre de septiembre había 2.900 sicavs, una cifra que contrasta con el máximo histórico por encima de las 3.400 de hace tan solo dos años. Ahora es idéntica a la de 2003. Entonces, aún se denominaban Simcavs (sociedades de inversión mobiliaria con capital variable), una figura creada en 1983 para evitar la fuga de los grandes patrimonios a Luxemburgo. Esa huída que se quería evitar hace 34 años se retoma ahora.

Los gestores de varios de estos instrumentos de inversión colectiva, que exigen un mínimo de 100 accionistas para disfrutar de las ventajas fiscales, están marchándose a Luxemburgo y también a otros países europeos que les garantizan total estabilidad jurídica.

La avalancha de cierres desde que comenzaron a sonar los tambores que cuestionan su statu quo supera los 500. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos abrieron la caja de Pandora en los comicios de 2015. Con todo, siguen manteniendo un patrimonio elevado de más de 31.000 millones de euros.

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