Casi 1.000 empresas catalanas han cambiado su domicilio fiscal

El peso de la facturación de empresas con sede en Cataluña cae tres puntos en quince días El movimiento anticipa traslados de unidades de gestión de las compañías

Manifestación independentista, el lunes en BruselasAP

El cambio de sede social fue uno de los primeros efectos reales de la crisis política en Cataluña. Desde el intento de referéndum del pasado 1 de octubre, 2.471 empresas ubicadas en Cataluña han trasladado su sede social a otras comunidades. Fuentes de la Agencia Tributaria añaden un dato adicional e indican que en sus registros figuran ya casi 1.000 cambios de domicilio fiscal. La sede social suele coincidir con la fiscal. Los datos reflejan que tras el cambio de domicilio social, muchas empresas también han modificado su sede fiscal.

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que han detectado una caída en el peso que representa la facturación de las grandes empresas con domicilio fiscal en Cataluña. En concreto la participación de ventas declaradas por compañías domiciliadas en Cataluña ha pasado de representar el 22,4% del total de España en la primera quincena de octubre a suponer el 19,6% en la segunda. Es decir, en dos semanas, se ha registrado una caída de tres puntos. Hacienda obtiene estos datos del Suministro Inmediato de Información (SII), el nuevo sistema que obliga básicamente a las grandes empresas a facilitar a la Agencia Tributaria sus operaciones con IVA en tiempo casi real.

En sectores como el de la energía, agua o construcción, la caída en las ventas ha sido de cerca de 20 puntos y de cuatro en el sector financiero y de seguros. Ello no refleja necesariamente una caída del consumo en Cataluña. Si una distribuidora de electricidad cambia su sede de Barcelona a Madrid, las ventas de los clientes catalanes quedarán registradas ahora en la Comunidad de Madrid, aunque el consumo real se produzca en Cataluña.

El cambio de domicilio social y fiscal tiene inicialmente una repercusión mínima para las cuentas públicas si se limita a un mero cambio de dirección. El impuesto sobre operaciones societarias, que se aplica por ejemplo en ampliaciones de capital, es el único tributo autonómico que perderán las arcas catalanas de forma automática en este proceso. El IRPF y el IVA, dos tributos que están cedidos al 50% a las autonomías, son la principal fuente de financiación de las comunidades y no se ven afectados por el mero cambio de domicilio. El IRPF se abona en función de la residencia de los contribuyentes y el IVA se reparte a partir de un cálculo que realiza el INE con diversas variables y estadísticas de consumo. Ahora bien, si tras el cambio de domicilio social y fiscal se produce un traslado de los centros productivos y de personal, el impacto sobre las cuentas públicas y el PIB regional sí será notable.

De hecho, el cambio de domicilio fiscal conlleva el probable traslado de la gestión administrativa y de la dirección de las compañías y ello ya supone una pérdida real de recaudación y una disminución del PIB.

Más allá del efecto inmediato de los movimientos de empresas, la incertidumbre que genera la crisis política en Cataluña perjudicará, apuntan los analistas, al consumo y la inversión, lo que ralentizará la economía española en su conjunto y la catalana en particular. El Banco de España alertó recientemente del riesgo de que Cataluña entre en recesión si la crisis se agudiza y prolonga en el tiempo. El regulador señaló que el conjunto de la economía española podría crecer un 60% menos de lo inicialmente previsto. Supondría que el PIB avanzaría por debajo del 2%en 2018 y no llegaría al 1%en 2019.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que la crisis política en Cataluña podría restar entre 0,7 y 2,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB regional, lo que implica perder entre 1.480 y 5.721 millones. Aun así, tanto el Banco de España como la Airef se muestran confiados en que no se llegará al peor de los escenarios y el impacto será limitado.