Los sindicatos de funcionarios se movilizan contra la congelación salarial en 2018
Hacienda ha convocado para mañana una reunión en la que se abordará la situación política actual
La Federación de empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP) y el Área Pública del sindicato CC OO han acordado este martes iniciar una campaña conjunta de movilizaciones bajo el lema "Ahora: salarios, empleo público y derechos", que consistirá en grandes concentraciones de delegados sindicales ante las sedes de las delegaciones de Gobierno de todas las provincias el próximo 24 de noviembre y una gran protesta final el 14 de diciembre ante el Ministerio de Hacienda en Madrid.
Ambas organizaciones han explicado que los empleados públicos no van a aceptar la tesis defendida por el Gobierno según la cual la falta de presupuestos paraliza la consecución de un acuerdo para restituir el poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración y el desarrollo del pacto por el empleo al que llegaron en marzo pasado.
En este sentido, el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha lamentado que "el Gobierno no sepa masticar chicle y bajar escaleras al mismo tiempo" y ha recalcado que por muy grave que sea la crisis abierta con Cataluña, ese problema no puede paralizar el resto de asuntos que ha de atender el Ejecutivo. "No vamos a tolerar que los empleados públicos se conviertan una vez más en los paganos de una crisis que no han propiciado ellos", ha añadido.
Por su parte, Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CC OO, ha recordado cómo desde el pasado 21 de septiembre Hacienda y sindicatos no han vuelto a reunirse ni a mantener ningún intercambio de documentos sobre la situación salarial de los tres millones de empleados con que cuenta la Administración, que, en media, los sindicatos estiman que han perdido un 13% de poder adquisitivo durante la crisis después de las sucesivas congelaciones salariales y el recorte de retribuciones decretado por los últimos Gobiernos socialistas y del PP.
Ambos dirigentes sindicales han explicado que cuando a principios de septiembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creía contar con los apoyos necesarios para sacar adelante el presupuesto, el Gobierno ofreció a los funcionarios una subida salarial vinculada al crecimiento económico que en el mejor de los escenarios posibles suponía un aumento salarial acumulado del 8% en 2020. Los sindicatos certificaron entonces su total oposición a esa cifra por estar aún muy alejada de ese 13% de promedio que estiman que se ha depreciado el poder de compra de estos trabajadores durante los últimos años. Sin embargo, al menos constataron que había voluntad por parte del Ejecutivo para tratar de compensar los esfuerzos realizados por este colectivo durante los peores años de la crisis.
Además, en materia de empleo público hubo un gran acercamiento de posturas porque Hacienda se mostró dispuesta a mejorar el acuerdo suscrito el 29 de marzo pasado por el que se consolidaría el trabajo de la gran mayoría de interinos y se abría incluso a eliminar y subir más allá del 100% la tasa de reposición (porcentaje del número de bajas que se puede sustituir) en numerosos colectivos de la Administración. Con esta premisa, 2018 podría convertirse en el primer año de la última década en el que se produjera un incremento neto de empleo en algunos colectivos de la Administración.
Donde tampoco había acuerdo, como en el caso de los salarios, era en el apartado de la reinstauración de los derechos recortados también durante la crisis. Solivianta sobre todo a los sindicatos la imposibilidad de que las distintas administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, puedan negociar con sus representantes sindicales la vuelta a la jornada de 35 horas allí donde sea posible. Asimismo, reclaman suavizar los ajustes aplicados en la incapacidad temporal (IT) o en materia de acción social.
Pues bien, frente a ese clima de cordial enfrentamiento que suele presidir las negociaciones laborales entre Gobierno y sindicatos de funcionarios, la negativa del Ejecutivo a seguir negociando ante la ausencia de presupuestos ha enrarecido las relaciones entre los sindicatos y la Secretaría de Estado de Función Pública, organismo que ha convocado la reunión de mañana.
Los sindicatos rechazan frontalmente que el Gobierno haya decidido congelar las retribuciones de los empleados públicos a partir del próximo 1 de enero a la espera de que a lo largo del primer semestre de 2018 puedan aprobarse las nuevas cuentas. De hecho, recuerdan cómo ya se han dado casos en otras ocasiones en los que sin haber cuentas públicas aprobadas se han autorizado vía decreto decisiones relativas al empleo y los salarios públicos.
Por ello, consideran necesaria ahora más que nunca una gran movilización de este colectivo que no va a aceptar una nueva congelación salarial en 2018, a la espera de que el Gobierno pueda reconducir la consecución de los apoyos políticos necesarios para aprobar las cuentas del próximo ejercicio.
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