La investigación interna de delitos se abre paso en las empresas
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
La investigación interna es una práctica habitual en las empresas en Estados Unidos desde los años 60, aunque en España es un fenómeno mucho más reciente. En Estados Unidos estas investigaciones son un deber indirecto para las compañías. Su realización supone un incentivo para la empresa, que si demuestra que ha hecho una investigación interna de un hecho delictivo obtendrá una serie de puntos que supondrán la imposición de una pena menor. Por su parte en España, se trata de un deber fáctico recogido en el artículo 31 bis del código penal que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica así como, la eximente de la pena si se prueba que la empresa ha puesto todos los medios pertinentes para prevenir la comisión de delitos, es decir, cuenta con un plan de compliance que ha supervisado y seguido.
Los programas de cumplimiento normativo suponen dos obligaciones básicas: la de informar y la de aplicar un régimen sancionador. Ambas dan lugar a la obligación para la compañía de investigar lo que sucede en ella. Además, la investigación interna también puede constituir un atenuante de cara a un proceso judicial por la comisión de un delito en el ámbito de la empresa, a efectos de colaboración con la justicia.
Planificación de la investigación
El primer paso en toda investigación interna es la detección de los incumplimientos. Para ello, existen dos vías de comunicación de los hechos sospechosamente ilícitos. Por un lado, la externa que es aquélla en la que la información se obtiene a través de un tercero cualquiera que puede ser una fuente anónima o incluso noticias recogidas en los medios de comunicación. Y por otro lado, la vía interna en la que la información llega a través del propio canal de denuncias de la empresa, de sistemas de monitorización o de auditorías internas. Según explica Silvia Zamorano, asociada senior de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal, "la puesta en marcha de la investigación puede cambiar en función de cómo ha llegado la denuncia".
A pesar de ello, es importante establecer unos protocolos de actuación que a pesar de ser flexibles para adaptarse a la amplia casuística, respeten siempre una serie de principios y derechos que garanticen la validez de la investigación. Tal y como señala Silvia Zamorano "la planificación de la investigación es fundamental ya que se trata de un procedimiento con una complejidad mayor a la del control habitual del plan de cumplimiento de la empresa, en los hechos, en el tratamiento de las personas implicadas, en la obtención de pruebas o en la determinación de la responsabilidad de la empresa".
Los principios básicos que deben regir todo procedimiento de investigación son su carácter escrito, que su impulso provenga de la dirección de la compañía y que exista contradicción, es decir, que el denunciado pueda defenderse. En cuanto a los derechos constitucionales, la investigación interna al igual que cualquier proceso de estas características, debe respetar la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la intimidad personal y familiar del investigado.
Garantizar los derechos de los trabajadores
En relación con ello una de las mayores dificultades a la que se enfrentan este tipo de investigaciones es garantizar que no se vulneren los derechos de los trabajadores durante el proceso. Algo que tal y como señala Fernando Bazán, socio de laboral de Deloitte Legal, resulta complicado "ya que el derecho laboral está constantemente siendo interpretado por los jueces en sus sentencias para corregir los desequilibrios que puedan surgir en las relaciones laborales y cuenta con un marco normativo escaso y poco claro".
Efectivamente, el empresario tiene la capacidad de vigilar y controlar a sus trabajadores, pero con una clara limitación, como indica Covadonga Roldán, asociada principal de Laboral de Deloitte Legal, "siempre que se les informe debidamente y que el control sea idóneo, proporcional y necesario para la finalidad que pretende". Sin embargo, se trata de una cuestión controvertida sobre la que recientemente se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Barbulescu contra Rumanía, insistiendo en reforzar la necesidad de una comunicación previa del uso profesional de las herramienta informáticas en el trabajo y del control empresarial de dicho uso.
Begoña Fernández socia de Regulatory & compliance Deloitte legal explica que "las firmas legales como la suya son muy sensibles a un mal uso de la información y es por ello que la seguridad de la información es una de sus prioridades, por ello en Deloitte todos los empleados son informados cada vez que encienden sus equipos de que pueden ser monitorizados". Asimismo, añade que "es necesario que los trabajadores sean conscientes de ese control ya que de lo contrario, cualquier prueba obtenida en el marco de una investigación gracias a esa vigilancia podría echarse para atrás por vulneración de los derechos de los empleados".
Y es que la investigación interna es más que una medida de control, se trata de un procedimiento dirigido a averiguar unos hechos concretos, que debe estar movida por unos indicios sólidos que van más allá de meros rumores. Por ello, es necesario realizar un análisis preliminar de los hechos que determine el plan de investigación, es decir, determinar si se está ante un ilícito penal con una posible responsabilidad penal de la empresa o ante un ilícito laboral que de probarse supondría un despido procedente. En cualquier caso, la investigación finalizará con un informe de resultados que declare el archivo de los hechos si no se ha probado su ilicitud, o por el contrario, su traslado a la asesoría jurídica interna y en su caso también a recursos humanos para que inicie un procedimiento disciplinario contra el trabajador.
Uso de la tecnología en la investigación forense
Otra de las dificultades que se encuentran las compañías a la hora de realizar una investigación, es el ingente volumen de información que en ellas se maneja y la multitud de fuentes por las que puede mover, tanto internas como externas. En este sentido, señala Jorge Lledías, socio de Deloitte, "en la actualidad, en una firma como la suya, entre un 80 y un 90% del trabajo forense es tecnológico". Y es que según apunta Iván Ruiz Pérez, director de Deloitte, "antes el principal reto era cómo hacer una copia de la información y seguir la cadena de custodia, ahora la abundancia de fuentes de información implica recurrir a la tecnología para procesar, filtrar y clasificar la información que se obtiene a través de la multitud de fuentes disponibles para dar finalmente con pruebas válidas".
