No tenemos nada que envidiar como democracia
Los rankings internacionales sitúan a nuestro sistema político entre los mejores del mundo ‘The Economist’ coloca a España por delante de Francia, EE UU, Bélgica e Italia
Como es sabido, tras entregarse a las autoridades belgas y comparecer ante el juez, el expresidente de la Generalitat y los ex consellers del gobierno autonómico fueron puestos en libertad vigilada mientras se tramita el proceso judicial. Una decisión que contrasta con la de la titular del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que decretó la prisión provisional de Junqueras y el resto de ex consellers que no habían eludido la acción de la justicia en la causa iniciada contra ellos por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos, sedición y rebelión.
Como era de esperar, esta diferencia de criterio entre el juez belga y la magistrada española ha servido de excusa para una campaña de desprestigio tanto de Lamela en particular como de todo el orden constitucional español en general. De acuerdo con esta campaña –que por cierto encaja en el marco mental favorecido por el revisionismo de la Transición empezado en su momento por Zapatero–, el sistema constitucional español no puede ser considerado auténticamente democrático, pues fue erigido como continuidad del franquismo en un proceso constituyente tutelado por un Ejército de simpatías fascistas.
Ahora bien, a pesar de la constante propaganda de los nacionalistas y populistas, interesados en descalificar el sistema constitucional español, la realidad es que España queda bastante bien parada en los principales los índices internacionales que miden la calidad de las instituciones y sistemas políticos contemporáneos. Entre los diferentes rankings dirigidos a medir la calidad de las democracias podemos destacar, en primer término, el World Justice Project Rule of Law Index (Índice del Estado de derecho del Proyecto de justicia mundial). Este índice elaborado por expertos independientes está dirigido a medir la percepción pública sobre el funcionamiento de las instituciones jurídico políticas y el respeto al imperio del derecho, a partir de valoraciones efectuadas en 44 indicadores, agrupados en ocho categorías relevantes para el Estado de derecho, cada uno de los cuales se califica y clasifica a nivel mundial y contra pares regionales y de ingresos: restricciones a los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil, justicia penal.
En este ranking, España aparece en el puesto 24 de los 113 analizados, con un nivel equivalente a las principales democracias del mundo occidental, y con una puntuación bastante alta en aquellos aspectos que más han sido puestos en duda por los nacionalistas (imparcialidad e independencia del poder judicial, garantías en el proceso penal, ausencia de interferencias gubernamentales en este ámbito, etc.).
Es cierto que en el apartado de justicia penal hay indicadores en los que hay amplio margen para la mejora, como las dilaciones en el proceso (que tienen su origen en la falta de medios) o la ausencia de discriminación (aunque, en este supuesto, un trato diferenciado a los políticos encausados –ya sean nacionalistas o no— no contribuiría precisamente a mejorar la puntuación del sistema judicial español). No obstante, un análisis desapasionado muestra que con los defectos que se quiera el sistema de justicia penal español está al nivel de los mejores del mundo.
Por su parte, en el ranking de democracias elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist España también obtiene una buena puntuación. Este índice mide el estado de la democracia en 167 países, a partir de un análisis de 60 indicadores agrupados en cinco categorías diferentes que miden el pluralismo, las libertades civiles y la cultura política. Para elaborar el índice se analizan esos indicadores a partir de preguntas distribuidas en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
En función de las respuestas se asigna una puntuación a cada país, en una escala de 0 a 10. A su vez, a partir de la puntuación se clasifica a cada país en las siguientes categorías: régimen autoritario (de 0 a 3.00), régimen híbrido (de 4 a 5.99), democracia defectuosa (de 6 a 7.99) y democracia plena (de 8 a 10).
Pues bien, en el índice correspondiente al año 2016 España obtuvo una puntuación de 8.31, alcanzando por tanto la consideración de democracia plena, quedando además por delante de Italia (7.98), Estados Unidos (7.98), Francia (7.92), o Bélgica (7.77), países a los que The Economist sitúa en la categoría de democracia defectuosa.
Evidentemente ninguna metodología es perfecta, y puede aducirse la dificultad de trasladar a parámetros cuantitativos algo tan cualitativo como es la evaluación de un sistema político para ver en qué modo responde a criterios básicos de democracia y justicia.
Pero más allá de esa dificultad lo relevante es que estos ránkings muestran, por un lado, que en el modelo de la democracia constitucional el carácter democrático de un sistema no depende únicamente de que haya elecciones, es decir, no se limita al acto de depositar papeletas en urnas, sino que incluye un conjunto inseparable de elecciones libres y de acuerdo con la ley para dotarlas de suficientes garantías, respeto por el Derecho, independencia judicial, cumplimiento de las sentencias por parte del poder (también de las que no gustan), respeto de las minorías, derechos fundamentales, etc. Por otro, que España –a pesar de las reformas que puedan ser necesarias para mejorar nuestro sistema constitucional- no tiene nada que envidiar a cualquier país de nuestro entorno en cuanto a respeto a la democracia y al Estado de Derecho.
Pablo Nuevo es profesor de Derecho Constitucional de UAO CEU