Sindicatos y patronal rechazan convertir en obligatorios los planes de pensiones de empleo

Los fondos de empleo darán al partícipe una previsión de su pensión según la edad de jubilación El secretario de Estado se refiere a Cataluña como "gran ola de insolidaridad" ante la que hay que defender los cimientos del sistema

El futuro de las pensiones es uno de los principales retos que afronta la economía española para los próximos años. El envejecimiento de la población y la subida de las bases de cotización de los nuevos jubilados han llevado al sistema a un déficit que no se ha corregido con la mejora del ciclo económico. Esta mañana, los principales actores económicos del mundo de las pensiones se reúnen para debatir sobre el futuro del sector, en una jornada especializada patrocinada por Ibercaja y organizada por Cinco Días.

Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, ha recordado que "hay mucho camino por recorrer" en las recomendaciones del Pacto de Toledo en materia de pensiones, en concreto respecto a las pymes y los autónomos. Sobre las nuevas recomendaciones que se están elaborando aboga por conseguir "un pacto dentro del Pacto" y señala que "en esa dirección se está trabajando". Ha dicho que es "absolutamente necesario" insisitir en el esfuerzo combiando de los sistemas público y privado. El primero, en capacidad de cobertura, que seguirá siendo el "sólido pilar" de cohesión social. En ese entorno "seguro y estable" es posible "incorporar nuevos mecanismos de previsión complementaria", ha dicho. Queremos "varios pilares fuertes", ha asegurado.

Burgos se ha referido asimismo a la situación en Cataluña como "gran ola de insolidaridad" ante la que hay, dice que defender los cimientos del sistema, que suponen justamente lo contrario. "El sistema debe dar respuesta a esta voluntad de ruptura con su compromiso de permanencia".

Rechazo a la obligatoriedad

Representantes de la patronal y los sindicatos han coincidido en el segundo de los paneles de la jornada en la necesidad de fomentar los planes de pensiones de empleo para los trabajadores, como fórmula de salario diferido y complemento de la pensión pública. Sin embargo, han rechazado la obligatoriedad de implantar la participación de empresas y trabajadores en planes colectivos de pensiones.

Carlos Bravo, de CC OO, ha señalado que en ningún caso se puede plantear la obligatoriedad "porque no la Constitución no lo permite". Ha recordado que ya existen convenios de aportaciones vinculadas entre empresas y trabajadores: "lo hemos pactado, en aquellas empresas donde hay acuerdo y demanda. Esto no es extensible a todos. Pero para abordar ese debate hay que garantizar primero la financiación del sistema público”.

En esta línea, la responsable de pensiones del sindicato UGT, Maricarmen Barrera, ha dicho  que ve “muy lejana” la obligatoriedad de estos planes, debido a la “realidad salarial”. “Sería muy deseable que la negociación colectiva permitiera esa negociación con marcos salariales que tuvieran margen para desviar una parte a la previsión social complementaria".

Desde el lado empresarial, Jordi García Viña,de CEOE, ha defendido “la pura libertad” también en esta cuestión. En su opinión, si los planes de empleo “fueran más flexibles, más rentables, con menos controles, no haría falta la obligatoriedad, se desarrollarían solos”. No obstante, ha añadido, si se pactan en convenio colectivo, en la práctica, terminaría siendo voluntario.

Barrera, ha criticado la existencia de "una campaña del miedo" para asustar a la población diciendo que el sistema no es sostenible. En su opinión, el actúa déficit del sistema de pensiones se puede "desmontar" porque no se explica ni por causas demográficas ni por causas económicas.

Ademas, ha considerado que la sociedad española "no está preparada" para sustituir una pensión pública por otra privada, aunque solo sea parcialmente". En este sentido exigió un "profunda revisión" de la regulación de los planes de pensiones, "que ahora no ofrecen garantías y existe una total ausencia de responsabilidades si no se obtienen las rentabilidades prometidas".

También ha arremetido contra lo que ha denominado "gestión opaca de los fondos" que, en su opinión, deberían tener un mayor equilibrio entre las comisiones y la rentabilidad conseguida. "Sería necesario un organismo regulador que funcionara bien, en un mercado de ahorro previsión que no tiene garantía contra las insolvencias, a diferencia del mercado de depósitos". Para UGT este es un punto clave "porque no pueden difundirse estos planes cuando hemos visto rentabilidades negativas con la crisis que se llevado por delante los ahorros de muchos trabajadores".

Novedades de información en los planes de empleo

El primer panel ha sido presentado por Rodrigo Galán, director del grupo financiero de Ibercaja, que ha realizado un repaso de la normativa actual sobre fondos de pensiones y los retos del sistema, en un momento en el que los crecimientos vienen por la rentabilidad más que por el aumento de las dotaciones.

José Antonio de Paz, subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones, ha repasado el desarrollo de las normativas en marcha. Entre ellas ha citado la transposición de una directiva europea que exige una mínimo de información para los partícipes de los fondos de pensiones de empleo. Entre otras novedades, ha citado que será necesario comunicar a los partícipes sobre la previsión de prestaciones basado en la edad de jubilación, es decir, cuánto cobrarán en función de cuándo se jubilen.

Esta normativa deberá entrar en vigor en 2019, pero según ha explicado De Paz, España tiene ya muy desarrollado este cálculo. "Hace dos años hicimos un importante esfuerzo entre el sector y la administración para poder informar sobre la pensión pública y privada estimada, así que lo podemos implantar pronto", ha apuntado.

Por su parte,  Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa -la patronal de las aseguradoras-, ha señalado que el debate sobre la necesidad de complentar las pensiones públicas con planes privados es antiguo, ya que ahora el debate no es si hay que hacerlo o no sino "cómo hacerlo". Ha pedido que en el futuro se plantee una "subvención condicionada" dado que los incentivos fiscales que se han regulado hasta ahora "no han sido eficientes".

De Frutos ha recordado que el modelo actual, que permite desgravarse de la base imponible del IRPF la aportación realizada al plan de pensiones, no es atractivo para las rentas más bajas. "Consideramos que en estos casos se incentivaría mucho más el ahorro para la jubilación con algún tipo de subvención, en lugar de con la desgravación actual".

Uno de los países donde se ha desarrollado este modelo es Alemania. Allí, el Estado aporta para el trabajador la misma cantidad que este destine anualmente al plan de pensiones. "Este sistema anima mucho más a las rentas bajas a pensar en su jubilación", apunta De Frutos.

Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos, ha recordado que España es uno de los países de Europa donde más altas son las pensiones públicas, un modelo que no es sostenible. "Las reformas introducidas en los últimos años van a ir recortando paulatinamente la pensión pública, pero los ciudadanos no están suficientemente informados para tomar las adecuadas decisiones de ahorro".

Una de las propuestas que mantiene Inverco es la puesta en marcha de una adscripción voluntaria a los planes de pensiones de empleo, tal y como ha hecho Reino Unido. "Si todas las empresas aportaran un 2% de los sueldos a la previsión social complementaria y los trabajadores aportaran otro 2%, en unos años se acumularía un ahorro equivalente al 20% del PIB español".

El programa completo se puede descargar aquí. La jornada se podrá seguir en directo a través de la página web de Cinco Días.