La fragmentación fiscal no es la solución

Una gestión de los impuestos por autonomías reduce su eficacia y dificulta la lucha contra el fraude

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (a la izquierda), el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (en el centro), y el director de la Agencia Tributaria de Cataluña, Eduard Vilà.

El sistema tributario de un país está integrado por unos impuestos que deben pagar los ciudadanos y por una Administración Tributaria que debe aplicar y gestionar dichos impuestos. El sistema tributario español es un foco permanente de problemas que ahora se ven agravados por las veleidades independentistas de algunas comunidades autónomas, como sucede con Cataluña.

El primer problema es el de los impuestos que configuran nuestro sistema tributario. Solo hay que fijarse en el impuesto sobre el patrimonio, del que no siempre se es consciente de si está en vigor o no, o con el impuesto sobre sucesiones, que se paga o no según la comunidad autónoma en la que se resida, provocando importantes problemas de deslocalizacion de contribuyentes. Sería más que deseable, imprescindible, que el nuevo sistema de financiación autonómica que ahora se negocia resolviera esos problemas y diseñara la distribución de los importes recaudados entre Estado, comunidades autónomos y ayuntamientos de la forma más justa posible.

El segundo de los problemas se refiere al enorme fraude fiscal y economía sumergida que existe en nuestro país, muy superior al de los países de nuestro entorno. Bien es cierto que existen fraudes, como el fraude carrusel en el IVA, la planificación fiscal de las multinacionales o la utilización de los paraísos fiscales, que exigen la adopción de medidas coordinadas a nivel internacional. Pero para combatir el resto, existen muchas otras que se podrían aprobar en España y no se ha hecho hasta ahora.

La tercera dificultad es la referida a los órganos que deben gestionar el sistema tributario, que para los impuestos estatales es la Agencia Tributaria, y las comunidades autónomas gestionan los tributos cedidos y los propios. La Agencia Tributaria tiene serios problemas de funcionamiento operativo por la falta de personal y de medios que, en cierto modo, ha empezado a paliarse con las ofertas extraordinarias de empleo público que el Gobierno ha aprobado últimamente, confiando en que en el futuro siga en esa línea.

Los tres problemas mencionados se agravan con el problema del independentismo catalán y sus efectos futuros.

Cuando el problema era solo de negociación, y de ver lo máximo que se podía sacar cada vez que el Gobierno español de turno necesitaba los votos de los partidos catalanes, estos últimos tenían muy claro en el ámbito tributario que querían “las llaves de Letamendi”, el edificio principal de la Agencia Tributaria en Barcelona, y en esa sencilla frase se resumía que se quedaban con el edificio, los funcionarios, y la gestión y cobro de todos los impuestos estatales. Se fueron dando pasos intermedios, como la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de un Consorcio para ir haciendo el traspaso, con el objetivo final de que la Agencia Catalana lo asumiera todo. Lo que ocurrió después es que ninguna comunidad autónoma ha querido ser menos que la otra y todas se lanzaron a crear sus propias Agencias Tributarias o Consorcios.

Los inspectores de Hacienda sabemos el desastre que supondría esa situación de fragmentación de la Agencia Estatal desde muchos puntos de vista, de gestión de los impuestos, de recaudación y, sobre todo, de lucha contra el fraude fiscal. Por ello, no nos cansamos de remitir a las autoridades tributarias y a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas y advertencias sobre lo que supondría de consecuencias desastrosas una división de las competencias de la Agencia Estatal. Dichas propuestas y peligros fueron presentadas incluso en el Parlamento de Cataluña, al que personalmente asistí en su momento como presidente de Inspectores de Hacienda para advertir de los graves peligros de esa fragmentación. Curiosamente y como detalle revelador señalar que no quisieron hacerme las preguntas en castellano, como solicité.

Los que trabajamos día a día con los impuestos sabemos lo imprescindible que es tener una buena base de datos y los problemas que genera en el día a día que, por ejemplo, no se disponga de la información que está en las Haciendas Forales. La base de datos de la Agencia Tributaria es admirada y envidiada en el ámbito internacional y se iría por mal camino si esa información se fraccionara y la gestionaran diferentes Administraciones tributarias, cada una con sus bases de datos.

Resulta curioso que los políticos catalanes hayan puesto algunas veces como ejemplo la descentralización existente en Alemania, cuando es precisamente este país el que ha tenido que dar marcha atrás en algunos aspectos de esa descentralización, como las bases de datos, al comprobar lo absolutamente desastroso que era el hecho de que cada región dispusiera de su propio sistema de número de identificación fiscal, haciendo imposible cualquier intercambio de datos con otras regiones y gestionar el propio sistema tributario nacional.

Sirva todo lo anterior para subrayar que la solución negociada, para contentar a algunos o para evitar problemas mayores, no puede suponer la fragmentación de la Administración Tributaria, por los efectos tan negativos que tendría desde el punto de vista de la eficacia en su aplicación y de la lucha contra el fraude fiscal.

Animo a los políticos a que adopten las soluciones que Inspectores de Hacienda venimos proponiendo durante años, insistiendo en la necesidad de aprobar el Estatuto de la Agencia Tributaria en el que se incluyera la participación de forma efectiva de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección, conformando una Agencia Tributaria de todos y para todos, profesional e independiente.

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.

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