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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece esta tarde ante el pleno del Congreso, para explicar la posición del Ejecutivo ante el desafío independentista en Cataluña. EFE

Rajoy da margen a Puigdemont para rectificar antes de suspender la autonomía

El Gobierno activa por primera vez el artículo 155 de la Constitución con el apoyo de PSOE y Ciudadanos

Moncloa ofrece un plazo que va hasta las 10 de la mañana del jueves para que la Generalitat vuelva a la legalidad

Sin estridencias ni sobreactuaciones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, devolvió este miércoles la pelota que le había lanzado el Gobierno catalán un día antes, cuando declaró la independencia para acto seguido suspenderla a la espera de una hipotética e improbable negociación. Todo ello tuvo lugar en una confusa sesión parlamentaria.

El jefe del Ejecutivo, tras reunir a su Consejo de Ministros, anunció que requerirá “formalmente [al presidente de la Generalitat] para que confirme si ha declarado la independencia”. Y añadió: “Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una situación de tanta importancia”. Era la primera vez que Rajoy citaba expresamente el artículo que permita al Gobierno suspender la autonomía.

Con su intervención, Rajoy puso el foco nuevamente en la Generalitat, que deberá aclarar exactamente su postura. El Gobierno también ha logrado con ello trasladar la presión a Puigdemont, ya que de su respuesta dependerá que se inicie la aplicación de medidas coercitivas que permite la Constitución. En cualquier caso, el 155 ya se ha activado. El propio texto del artículo exige realizar un “requerimiento” al presidente de la comunidad autónoma que incumple las leyes o atenta gravemente contra el interés general como paso previo a la intervención y suspensión de la autonomía. Con la mayoría absoluta del Senado, “el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”.

El requerimiento se articula en dos plazos. En primera instancia, el Gobierno preguntará a Puigdemont si efectivamente se ha producido una declaración de independencia. El plazo para responder será hasta el próximo lunes a las diez de la mañana. En caso afirmativo, el Gobierno le insta a regresar a la legalidad y le fija como límite el jueves 19 de octubre a las 10 de la mañana. A partir de ese momento es cuando el Gobierno pondría en marcha las medidas coercitivas y suspendería la autonomía.

Lejos de los focos públicos, las conversaciones para encauzar el conflicto abierto en Cataluña son constantes entre el PP, PSOE y Ciudadanos. La prueba de ello es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, apoyó la medida de Rajoy y, además, arrancó el compromiso del Ejecutivo de abrir una comisión para reformar la Constitución Española. Un marco de diálogo que no se circunscribe en la negociación que pide la Generalitat, pero que supone un movimiento interesante para apaciguar ánimos y buscar alternativas.

La reforma constitucional implica abrir una senda de resultado incierto y éxito improbable. Las posturas iniciales están muy alejadas, pero en mitad del clima de tensión, la propuesta de reforma ha sido bien recibida entre aquellos que rechazan la independencia y también se oponen a mantener el statu quo.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró la apertura de una reforma constitucional, pero señaló que ello no puede traducirse en un privilegio para los intereses de los partidos favorables a la independencia. De hecho, Rivera insistió en la necesidad de avanzar hacia la suspensión de la autonomía. Su propuesta es que el Gobierno de Mariano Rajoy intervenga Cataluña y convoque elecciones. Aseguró que los líderes actuales no renunciarán a sus objetivos y no pueden considerarse como interlocutores. Entre Rajoy, Sánchez y Rivera, el líder de Ciudadanos es el que mostró un tono más duro y se mostró escéptico hacia cualquier solución dialogada.

Rajoy, durante su intervención por la tarde en el Congreso de los Diputados, hizo un llamamiento al tradicional catalanismo pactista, de “inspiración europeísta” y que ha “contribuido decisivamente al desarrollo de España”. El presidente del Gobierno, en un discurso medido, defendió que “España quiere a Cataluña, con su lengua propia, con su cultura y con su propia manera de ser”. También alertó de que la soberanía nacional no es negociable y que no hay margen para discutir sobre la separación de una parte del territorio.

Carles Puigdemont, en una entrevista concedida a la CNN insistió en la idea de encontrar un mediador, una propuesta que el Gobierno rechaza. El dirigente catalán propone que cada una de las partes elija dos representantes para iniciar un diálogo “sin condiciones previas”.

Rajoy defendió que nunca se negó a hablar con la Generalitat y rechazó el relato de los hechos de Puigdemont, que el martes defendió que la situación actual es consecuencia de las múltiples negativas de Moncloa a las propuestas de la Generalitat. El presidente del Gobierno recordó con ironía que cuando la propuesta es “referéndum o referéndum”, el margen para negociar es nulo.

La tensión parece haber menguado o al menos se vislumbra un puente del Pilar relativamente tranquilo. La próxima semana, cuando la Generalitat debe ofrecer una respuesta, se verá hasta que punto se ha modificado el escenario o si todo ha sido una tregua temporal.

Las palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclamando a Puigdemont que no cerrara las puertas al diálogo proclamando la independencia han sido claves para apaciguar la situación.

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