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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El día D: la hora de responder al desafío al Estado de derecho

Una declaración de independencia obligará al uso de la fuerza y a medidas extraordinarias

El Parlamento catalán.
El Parlamento catalán. IVAN ALVARADO (REUTERS)

El desafío secesionista puede consumarse este martes, y eso desatará una serie de consecuencias gravísimas para Cataluña, para España y seguramente para Europa. Los impactos económicos están a la vista:se han marchado de Cataluña casi una treintena de empresas, entre ellas casi todas las grandes cotizadas;se está produciendo retirada de inversiones, salidas de depósitos o de fondos de inversión, que apenas empezamos a cuantificar. Los efectos políticos los podremos empezar a calibrar a partir de hoy, pero es evidente que una declaración unilateral de independencia (DUI) como la que se anuncia obliga a emplear los instrumentos de que dispone el Estado para restablecer la legalidad. Eso va a incluir el uso de la fuerza y la adopción de medidas extraordinarias, sin precedentes en democracia, sea el artículo 155 de la Constitución, sea la declaración del estado de emergencia o cualquier otra.

El procés independentista ya había dado dos pasos de extrema gravedad, y sin vuelta atrás, los días 6 y 7 de septiembre, cuando la mayoría del Parlament, saltándose todos los procedimientos, aprobó las llamadas leyes de ruptura:la que regulaba el referéndum (ya incumplida al cambiarse las reglas de la votación sobre la marcha) y la de transitoriedad, que establece cómo será la república que se proclame tras la victoria fraudulenta del sí. Una república con tan pocas garantías democráticas como las que tuvo la farsa del referéndum. Es un golpe a la legalidad catalana y española, y al derecho internacional.

No importará mucho si la DUI es inmediata o se fija un plazo transitorio en busca de una mediación imposible. Constituye un golpe a la legalidad de igual manera. El primer reto es minimizar el daño a la convivencia provocado por la deriva irresponsable de los responsables de la Generalitat. Si su plan es avanzar hacia una independencia de facto, mediante la ocupación de las calles, ellos serán los responsables de la violencia que vendrá. En segundo lugar, el golpe a la economía (no solo a la catalana) va a ser difícil de remontar. Si no se restablece el orden constitucional, España será vista como un Estado fallido. Y Europa entera sufriría la derrota de todos sus valores.

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