Los ciberlímites del referéndum catalán
El poder legislativo y judicial solo llega hasta donde llegan las fronteras de cada Estado La solución pasa por crear “cibertribunales” pensados exclusivamente para actuar en la red
![Pantallazo de una de las webs del referéndum.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/A7AGTQFEB5LLRLJS3CRGAYJQM4.jpg?auth=dd527c3a9b5a907055cd16e0b696bbafd9de4e57a10770728dde5b6385eccbee&width=414)
La justicia española, y en concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado bloquear más de 140 páginas webs de apoyo al referéndum de Cataluña como medida para evitar su celebración el día 1 de Octubre. En cumplimiento de la resolución de fecha 23 de septiembre, estas webs pro-independencia habían sido clausuradas en los días siguientes por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero en los días posteriores al intento de bloqueo de las webs, muchas de ellas han seguido operativas gracias al apoyo de grupos de Activistas a favor del referéndum. Según la Guardia Civil un grupo de hackers situados en Rusia y sus países satélite llevan trabajando desde el pasado día 23 en el mantenimiento permanente de la web y en la creación de enlaces nuevos para tener tantas copias el día 1 de octubre como sea posible, dificultando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mantener cerradas todas las versiones.
Además, muchos de los dominios clausurados han seguido estando accesibles desde el extranjero, pudiendo sortear el filtro de las operadoras (Vodafone, Movistar) desde España, utilizando servidores extranjeros o conectándose a través de una red privada virtual (VPN).
Esta situación refleja un problema de cibersoberanía. El Estado, en poder de la soberanía para imponer su mandato dentro de sus fronteras, carece de la cibersoberanía necesaria para imponer el mandato en internet, que es un entorno sin fronteras.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que pueden ejercer un control de los servidores y empresas que se encuentran dentro de las fronteras, no pueden evitar que en internet siga apareciendo este contenido.
El poder legislativo y judicial solo llega hasta donde llegan las fronteras de cada Estado en el mundo físico, pero en el ciberespacio, al no existir fronteras, no pueden existir con las mismas características. Y las leyes, que imperan a través de estos órganos dentro de unas fronteras, tampoco se pueden aplicar uniformemente a las ciberfronteras de internet.
Un Estado no puede hacer valer sus reglas en internet, porque en internet no funciona con las mismas reglas. Por este motivo no es posible acabar con esta manifestación de un movimiento como el de la independencia, en un ciberterritorio como internet.
A corto plazo no existe una solución para ejercer el mandado de la soberanía de un Estado en internet. Ya que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad solo pueden actuar en sus fronteras, y la coordinación internacional no alcanza la velocidad con la que se expande la información en internet.
Como explican a los medios de comunicación los portavoces de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, “una vez creada la web, con su dominio y tasa correspondiente, la han hospedado en Rusia u otro país asiático de la antigua Unión Soviética, con los que es casi imposible acordar un cierre porque no existen convenios de colaboración y nuestras comisiones rogatorias son papel mojado para ellos. A partir de ese momento todo consiste en crear enlaces que redireccionen a esas páginas, ni siquiera es necesario replicar la web”.
Pese a ello, ya existen corrientes de pensamiento que tratan de solucionar esta situación, para ordenar el ciberespacio y lograr un entorno regulado y consensuado. La solución pasa por acordar entre todos los organismos y Estados relevantes en Internet una manera única de regular el entorno web, creando “cibertribunales” pensados exclusivamente para actuar en la red, sujetos a unas normas comunes a todo el ciberespacio.
Solo a través del consenso y el acuerdo entre todos estos protagonistas, situaciones como la actual con las webs del referéndum catalán, podrán abordarse haciendo cumplir los mandatos de cada Estado, en los entornos donde todavía hoy, no llega la ley.
Álvaro Écija es socio director de Ecix Group
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