En suspenso el Presupuesto más importante de la legislatura
Las de 2018 son las cuentas más importantes de la legislatura para reducir el déficit al 3%
El ministro de Hacienda admitió ayer, por fin, que no podrá sacar todos y cada uno de los trámites de la Ley de Presupuestos de 2018 como exige la norma, puesto que el Gobierno carece del apoyo parlamentario suficiente para llevarlos a las Cortes antes del primero de octubre que llega esta semana. Esta circunstancia, provocada por la actitud reservada del PNV ante los acontecimientos de Cataluña, que podrían culminar en los próximos días con el referéndum ilegal y las decisiones ulteriores, podría forzar al Ejecutivo a prorrogar automáticamente las cuentas de 2017 el primero de enero de 2018, aunque fuere por un periodo limitado. Técnicamente la dificultad es salvable, pero políticamente es una cuestión delicada, tanto para la estabilidad económica interna como para el cumplimiento de los compromisos con la UE.
La estabilidad política debe considerarse siempre uno de los pilares de la recuperación económica y de la confianza de los agentes económicos (empresarios, inversores, consumidores), y como tal se ha interpretado en los últimos años. Por tanto, si definitivamente debe prorrogarse el Presupuesto por falta de un acuerdo, debe hacerse de forma muy limitada y recuperar de inmediato el consenso parlamentario para sacar adelante las cuentas públicas que regulan todos los ingresos y pagos del Estado, y de las que depende un colectivo poblacional creciente.
El de 2018 no es un presupuesto cualquiera. Aunque debe ser un instrumento de continuidad para la recuperación de la economía y la consolidación fiscal, son las cuentas que deben sacar al país del protocolo de déficit excesivo en el que entró hace diez años, lo que supone llevar el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB. No hacerlo sería un revés que el país pagaría muy caro en los mercados financieros y que echaría por tierra los notables avances de los últimos años. Pero para disponer de plena efectividad las cuentas deben ir acompañadas de un pacto de financiación autonómica y otro, más necesario aún, sobre la reforma de las pensiones, que son un tercio tanto de los ingresos como de los gastos públicos. La circunstancia exige una inmediata pacificación del conflicto catalán.