La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la reunión que ha mantenido hoy con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la reunión que ha mantenido hoy con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi. EFE

Báñez quiere aprobar ya el contrato temporal con indemnización creciente

El despido de los eventuales podría llegar a 16 días a los dos años y a los 20 días al tercero

Propone varias medidas para atajar el abuso de la precariedad

El Gobierno no quiere perder la iniciativa en materia laboral. Y mucho menos dejar esta iniciativa a Ciudadanos para que la capitalice en el Parlamento. Por ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocó hoy a los máximos líderes sindicales de CC OO y UGTy de las patronales CEOE-Cepyme, para acelerar los trabajos de las cuatro mesas de diálogo social abiertas y retomar el protagonismo de las propuestas laborales.

Báñez y los agentes sociales –que valoraron muy positivamente el encuentro– se propusieron tener cerrados acuerdos en la mayoría de todas estas materias antes de fin de año.

La ministra presentó a patronal y sindicatos un documento de propuestas; muchas de ellas están incluidas en el acuerdo de 150 medidas que el Gobierno pactó con Ciudadanos para la investidura, tal y como reconoció la propia Báñez. Si bien, aunque no citó a la formación naranja, la titular de Empleo sí dijo que la propuesta del Gobierno está “abierta a todos para introducir mejoras”.

Estas son las principales medidas que quiere sacar adelante Báñez en la negociación con patronal y sindicatos en los próximos tres meses:

Penalizar el abuso de la temporalidad y la rotación. Dentro de la mesa de negociación para la calidad del empleo, Báñez ha propuesto reducir a tres las modalidades de contrato. Uno sería fijo; otro temporal “de protección creciente” y un tercero de formación.

La ministra confirmó tras el encuentro que dicho contrato temporal consistiría en el consensuado con Ciudadanos en el pacto de investidura. Tendría una duración máxima de dos años, ampliable a un tercero por convenio. Y contaría con una indemnización de 12 días al término del primer año (actual indemnización de todos los contratos temporales);de 16 días al finalizar el segundo año y 20 días a partir del tercero (esta es la indemnización de los despidos objetivos procedentes).

Esto, en la práctica, ya supondría una primera penalización de la contratación temporal porque encarecería sus indemnizaciones al término del contrato.

En esta misma línea, Empleo quiere crear un sistema de bonus malus, que incremente las cotizaciones por desempleo que pagan las empresas a aquellas compañías que abusen de la temporalidad y de la rotación, y las rebaje a las que actúen correctamente en esta materia.

Asimismo, Báñez instó a que en la negociación colectiva empresas y trabajadores fijen límites sectoriales o en las empresas al volumen de contratación temporal que se pueda hacer.

Finalmente, en este capítulo, Báñez anunció que reforzará las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de fraude en la contratación. Para ello, “potenciará” la conversión de contratos temporales sin causa en indefinidos y “revisará” el régimen sancionador.

Plan de choque por el Empleo Juvenil. Estas medidas para los más jóvenes propuestas ayer por Báñez incluirían un nuevo contrato de relevo asociado a la jubilación parcial, para formar a los trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se incorporen a una empresa sin cualificación ni experiencia para ese puesto. Además, Empleo quiere sacar adelante la “ayuda de acompañamiento” de 430 euros a los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil que consigan un contrato de formación.

Se trata, también en este caso, de una ayuda similar al complemento salarial pactado por el Gobierno y Ciudadanos, para el que Empleo cuenta con 3.200 millones de Bruselas, según dijo ayer Báñez. El Gobierno quiere también ampliar hasta 3.000 euros la bonificación de los contratos de formación que se conviertan en fijos.

Formación. La ministra anunció la publicación “inminente” de dos convocatorias de subvenciones: una para formar a trabajadores en economía digital y tecnologías de la información; y otra, para programas transversales (idiomas, por ejemplo) de carácter sectorial.

Los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez se mostraron satisfechos y optimistas tras el encuentro con Báñez. Consideraron que la reunión de ayer y las propuestas del Gobierno, son “un buen punto de partida”. Si bien insistieron en que Báñez no les propuso medidas cerradas, sino que todas serán negociables.

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell dijo que los empresarios están dispuestos a hablar de todo, salvo del incremento de cotizaciones sociales. Con ello, ya rechazó, al menos la propuesta subir las cuotas a las empresas que abusen de la temporalidad.

Otras propuestas

La agenda de temas planteada hoy por Báñez a los agentes sociales incluyó estas otras iniciativas:

Salario Mínimo. Los responsables de Empleo quieren “iniciar ya” el análisis con empresarios y sindicatos de los efectos de la última subida del 8% del salario mínimo en 2017; y, en función a ello y a las disponibilidades presupuestarias, negociar la subida para el próximo año.

Igualdad. El Gobierno propone negociar con los interlocutores sociales “medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género, según una tabla de clasificación profesional”.

Conciliación. El Ejecutivo quiere sacar adelante en los próximos tres meses un plan de racionalización de horarios.

Ayudas a parados. Tras prorrogar el plan Prepara, solo hay un capítulo para el que el diálogo social se da más tiempo; hasta finales de abril. Se trata de la reorganización de todos los programas de ayudas a parados de larga duración. Báñez anunció la puesta en marcha en este tiempo de la tarjeta social, donde figurarán las ayudas de cada Administración a los ciudadanos.

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