El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida del 7,25% en tres años
Hacienda plantea una mejora de la oferta de empleo público para 2018 y la consolidación de todos los interinos en todos los ámbitos de la Administración
La segunda reunión entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF), no ha podido culminar con un consenso. Fuentes de la negociación han avanzado que la oferta de partida que se ha debatido este martes en la mesa es una subida salarial del 7,25% en tres años (2018, 2019 y 2020) que se articulará a través de un 1,5% de incremento fijo para 2018, un 1,75% para 2019 y un 2% para el siguiente año, más una parte variable en función del crecimiento que registre el PIB, que en el mejor de los casos supondrá un incremento adicional del 0,50% en 2018, 0,75% en 2019, y este mismo porcentaje en el siguiente ejercicio. El incremento acumulado, por tanto, habrá sido de hasta un 7,25%.
Fuentes sindicales consultadas por Cinco Días califican esta cifra de insuficiente, ya que distintos estudios calculan la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores desde que se inició la crisis de entre el 13% y el 23%, según los colectivos.
Las mismas fuentes subrayan que en materia de empleo público sí que se ha producido un acercamiento de las posturas, puesto que la oferta de Hacienda consiste en asegurar que para el próximo ejercicio se garantizará el 100% de reposición de todas las bajas que se produzcan (jubilaciones fundamentalmente) en prácticamente todos los ámbitos de la Administración y en algunos, los más sensibles, el Gobierno está dispuesto a ir incluso más allá del 100% de reposición, por lo que se produciría creación neta de empleo.
En cuanto a la situación de los interinos, Hacienda también ha planteado que se puedan consolidar las plazas de aquellos que lleven como temporales más de dos años en todos los ámbitos de la Administración y no solo en Justicia, Sanidad y Educación, como reza el acuerdo alcanzado esta primavera entre el Ejecutivo y los sindicatos de funcionarios.
Tampoco ha habido consenso en lo relativo a recuperar la jornada de 35 horas semanales, uno de los asuntos capitales para los sindicatos para poder rubricar un pacto con el Gobierno. Hacienda se muestra por ahora inflexible a la hora de permitir que cada Administración pueda negociar con los representantes de los trabajadores si ve viable o no volver a las 35 horas en su territorio, en lugar de las 37,5 horas que estableció el Ejecutivo central en 2012 con carácter general para toda la función pública.
Así, ambas partes se emplazaron este martes para mantener un nuevo encuentro este miércoles en la Mesa General de la Función Pública, justo un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de presupuestos para 2018.
De no alcanzarse finalmente el acuerdo, los sindicatos de funcionarios han advertido que no dudarán en llevar a cabo movilizaciones en demanda de la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis y en defensa de la labor llevada a cabo por los casi tres millones de empleados públicos que componen la plantilla de la Administración en España.
Merma del poder de compra y temporalidad
Salarios. Los cálculos efectuados por CC OO estiman que los empleados públicos acumulan desde 2010 y hasta este año incluido una pérdida de poder adquisitivo media del 14,42%. A esta cifra, el sindicato recuerda que habría que añadir el efecto del recorte de salario por el ajuste de jornada (por pasar de 35 a 37,5 horas semanales), así como la merma por días de vacaciones, y de asuntos propios, entre otros.
Contratos. A la rebaja de salarios, CC OO recuerda que hay que sumar la precariedad en el empleo de muchos trabajadores públicos. Así, la temporalidad apenas se ha reducido en dos puntos desde 2005, al pasar del 25,4% hace 12 años a un 23,26% actual. Una temporalidad que afecta más a las mujeres (28,26%) que a los hombres (17,05%).
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