Hacienda ofrece a los funcionarios un alza salarial hasta 2020 ligada al PIB
Es la primera vez que se contempla un plan plurianual En 2018 subiría por encima del 1%
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años vinculado al Producto Interior Bruto (PIB) y a otros indicadores macroeconómicos como pueda ser el precio del petróleo, según han confirmado fuentes sindicales.
De momento, los sindicatos que se encuentran estos días negociando con el Ministerio de Hacienda su sueldo para los próximos años, solo tienen dos certezas avanzadas por el titular de este departamento, Cristóbal Montoro: que los salarios de los empleados públicos crecerán por encima del 1% en 2018 --en 2017 aumentaron 1%-- y que el Gobierno planterá un escenario plurianual de incrementos retributivos para toda la legislatura (2018, 2019 y 2020).
La intención del Gobierno, según lo manifestado por los responsables de Hacienda en el último encuentro tenido con los representantes sindicales de CC OO, UGT y CSIF, es ofrecer una fórmula para fijar los incrementos salariales de los empleados públicos que tenga en cuenta la marcha de la economía para establecer mayores o menores aumentos.
En concreto, la oferta gubernamental consistiría en emular, en la medida de lo posible, la fórmula que pactaron los sindicatos y los empresarios del sector privado en el II Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, donde se incluían las recomendaciones para fijar las retribuciones de más de diez millones de asalariados protegidos por convenio colectivo.
Los firmantes de aquel pacto admitieron un baremo de incremento de los salarios en función exclusivamente de la marcha del PIB. Decían concretamente: "En el año 2014, el aumento de los salarios pactados debería ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, según los siguientes criterios: Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es inferior al 1%, el aumento salarial no excederá el 0,6%. Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es superior al 1% e inferior al 2%, el aumento salarial no excederá el 1%. Y, finalmente, si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza o supera el 2%, el aumento salarial no excederá el 1,5%".
En aquel pacto se establecían también unos baremos de incremento salarial ligados a la marcha de los precios en España y su desviación sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. En concreto, indicaba que "en el año 2012, el aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%)".
Además, el texto añadía "si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Y si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles".
Sin embargo estas referencias a los precios serían de difícil reproducción en la actualidad dada la existencia de la ley de Desindexación que prohibe referenciar la evolución de numerosos indicadores al IPC, salvo que pueda probarse que el incremento de la tarifa o el precio final del bien o servicio está generado por el aumento del precio de la materia prima, como podría ser el caso del petróleo.
Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquistivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo contempla una evolución moderada de la inflación en los próximos años.
Reacciones sindicales
Desde los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como "un factor más a tener en cuenta" para el incremento salarial, pero a priori y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial, sino simplemente un factor más a tener en cuenta, señalaron a Europa Press en fuentes de UGT.
En su lugar, siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, indicaron desde UGT y CSIF. Es más, desde esta última central hacen hincapié en que en los próximos años no solo se recupere el poder de compra perdido sino que no se pierda más. CSIF cifra en torno al 20% esta pérdida de poder adquisitivo.
Además, también ven "fundamental" la recuperación de la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.
Los sindicatos también destacan la importancia de aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones "en los ámbitos donde sea necesario".
Antes de las vacaciones de verano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para 2018.
En esta línea, el Gobierno confirmó que estaba "dispuesto a negociar" y que quizás es posible recuperar las 35 horas en algunos ámbitos. No obstante, interlocutores sociales afirman que Hacienda "por el momento" no ha mostrado sus cartas y les han trasladado que están viendo "posibilidades presupuestarias".
Nuevo encuentro esta semana
Hacienda convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente para el miércoles o el jueves, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En la Mesa General están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.