Las gestoras exigen a Rajoy que informe de cuál será la pensión pública del futuro

El proyecto quedó enterrado en un cajón por cálculos electorales

La web para consultar la pensión tiene graves deficiencias

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Los bancos y las aseguradoras quieren que el Gobierno de Mariano Rajoy envíe a los trabajadores de más de 50 años una carta en la que se les informe de cuál será la pensión pública que van a cobrar cuando se jubilen. El proyecto, amparado por una ley y plenamente desarrollado, quedó olvidado en un cajón la pasada legislatura.

“La única forma de que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de ahorrar es cuando sepa que las pensiones públicas van a ir menguando en los próximos años. El Gobierno no puede hurtar esta información”, apuntaba ayer Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco la asociación de gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones, en la presentación de un estudio.

En julio de 2011, PSOE y PP sacaron adelante una ley que obligaba a la Seguridad Social a informar a cada trabajador sobre su jubilación. El sector privado también estaba implicado, puesto que bancos y aseguradoras (que controlan las gestoras), también debían mandar el cálculo del dinero ahorrado en productos financieros.

La secretaría de Estado de la Seguridad Social trabajó durante dos años con Inverco y Unespa (la patronal de las aseguradoras) para perfeccionar los cálculos. El proyecto quedó completamente definido, pero el Gobierno prefirió no enviar la carta, por temor a un castigo electoral cuando los trabajadores fueran conscientes de las menguantes pensiones.

Las pensiones públicas se están ya degradando, pero de una forma soterrada, incorporando criterios más estrictos para poder cobrar. Sería mejor que no se tratara de ocultar la realidad a la población”, reflexiona Aldama.

Qué se puede hacer

  • Sistema semiobligatorio. Bancos y aseguradoras defienden la incorporación en España de un sistema de adhesión a los planes de empleo semiobligatorio. La empresa, por defecto, ofrecería al trabajador la posibilidad de cobrar parte del salario en forma de pensión.
  • Impuestos. Las gestoras de fondos también defienden que haya algún tipo de incentivo fiscal al ahorro a largo plazo, y no un simple diferimiento como ocurre ahora con los planes de pensiones.

El Ejecutivo trató de compensar la suspensión del envío de la carta con la creación de un simulador donde el trabajador puede consultar su pensión estimada, pero el sistema ha sido muy criticado por el sector. “No tiene en cuenta la inflación, ni tampoco que las pensiones públicas están topadas, que hay un máximo que se puede cobrar”, explica Aldama. “Además, llegar a obtener esa estimación es complicadísimo”.


Aseguradoras

Además de los bancos, las aseguradoras también tienen mucho interés en que se envíe la carta con la estimación de la pensión pública. “El proyecto debe recuperarse porque la gente tiene derecho a estar informada sobre cuánto dinero cobrará cuando se jubile”, apuntaba ayer Jaime Kirkpatrick, consejero delegado de la aseguradora Aegon, durante la presentación de un estudio sobre la preparación para la jubilación.

Las aseguradoras, que controlan buena parte del mercado de planes de pensiones, consideran que el Ejecutivo no ha hecho lo suficiente para tratar de incentivar el ahorro a largo plazo. En los últimos años, este producto financiero diseñado para completar la pensión pública ha ido perdiendo partícipes.

El patrimonio que acumulan los fondos de pensiones, que asciende a 108.000 millones de euros tan solo ha crecido levemente por la propia revalorización de los activos en los que están invertidos (Bolsa y bonos) y no por las aportaciones realizadas, que van cayendo año tras año.

El economista Juan Ramón Rallo, que participó ayer en la presentación del estudio, coincidió con Kirkpatrick. “Es importante que se fomente la transparencia y que los trabajadores y autónomos sepan qué pensión van a cobrar”. A su juicio, “el sistema público de pensiones no tiene salvación en las condiciones actuales, pero los políticos no quieren decírselo a la gente”.

Además de recuperar el proyecto de envío de la carta con la estimación de la pensión, bancos y aseguradoras defienden que se incentive la contratación de planes de pensiones como una parte del salario.

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, donde se debate el futuro de las pensiones, lleva meses debatiendo en el Congreso de los Diputados, pero sigue habiendo un gran distanciamiento entre los diferentes grupos políticos.

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