Presupuestos de empleo Ampliar foto

La dotación para las políticas activas de empleo cae un 29% desde 2010

UGT exige el aumento y reorientación de las políticas activas de empleo

Rechaza que un tercio del dinero se destine a bonificar la contratación

Arranca la semana decisiva para los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ya que si nada lo impide el Gobierno tiene previsto aprobarlos el próximo viernes 22 en Consejo de Ministros para después remitirlos al Congreso. Por ello, agentes sociales como los sindicatos o las distintas patronales perfilan sus peticiones de cara a la ley más importante del año.

UGT ha analizado lo ocurrido con la dotación presupuestaria destinada a políticas activas de empleo desde 2010 y ha llegado a la conclusión de que no solo habría que dedicar más dinero a incentivar la creación de puestos de trabajo, sino que es urgente una reorientación de esas políticas.

El documento elaborado por el sindicato que dirige Pepe Álvarez denuncia que en 2016, año que marca el mínimo de la serie, se destinaron 5.178 millones de euros a políticas activas de empleo, un 33% menos que en 2010. Y aunque en las cuentas de este ejercicio se aumentó la dotación global un 6%, los 5.487 millones de 2017 aún se encuentran muy lejos de los 7.742 millones de hace siete años.

Otra de las cuestiones que denuncia el sindicato es cómo al mismo tiempo que se ha ido reduciendo el presupuesto para las políticas activas de empleo, han ido ganando peso los recursos que se destinan a bonificaciones a la contratación.

De hecho, UGT destaca que esos incentivos, basados en una importante rebaja de las cuotas que ha de pagar el empresario a la Seguridad Social, representan casi un tercio del total del dinero que se destina a políticas activas.

Además, recuerda que dichas bonificaciones “son de dudosa eficacia”, ya que la mayoría de contrataciones que se acogen al sistema de bonificaciones, el sindicato está convencido que serían contratos que se llevarían a cabo igual aunque no disfrutaran de la subvención.

Por este motivo, UGT demanda una evaluación de estas bonificaciones y que los presupuestos del próximo ejercicio incluyan políticas activas más eficaces.

Empleabilidad

En opinión de esta organización sindical, más que reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, medida que impacta de lleno sobre las cuentas del sistema, que registra un déficit de más de 18.000 millones de euros, se debería reorientar la acción de los servicios públicos de empleo.

Los sindicatos vienen demandando reiteradamente que se pongan en marcha medidas que faciliten la empleabilidad de los trabajadores, especialmente la de aquellos con más dificultades para acceder al mercado laboral, como son los parados de larga duración.

De esta forma, y ante la elaboración de los presupuestos que está ultimando el Ejecutivo, UGT exige un incremento de las políticas de empleo. Reclama recuperar los recursos destinados a la protección por desempleo, que en siete años han disminuido en torno al 41%, así como aumentar de manera importante el dinero destinado a políticas activas de empleo, cambiando su orientación.

El sindicato explica que en lugar de destinar más de 1.800 millones a bonificar la contratación de desempleados, partida que supone casi un tercio del total de políticas activas y registró este año una significativa mejora del 11,67%, sería más necesario poner en marcha nuevos itinerarios de inserción.

Para articular esos nuevos itinerarios, UGT pide que se mejoren los recursos económicos y humanos de los servicios públicos de empleo, de forma que se pueda lograr una mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables como los mayores de 50 años, los parados de larga duración o los jóvenes con escasa cualificación.

“Es incomprensible que en España, con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea (todavía existen 3.914.300 personas en paro, según la última EPA y casi la mitad de ellos carece de cobertura), las partidas de gasto de personal del Servicio Público de Empleo permanezcan congeladas año tras año”, asegura el análisis elaborado por UGT. En este marco, demanda un plan de choque por el empleo que atienda a los colectivos más débiles y que apueste por el empleo estable y de calidad y “no como el de ahora cada vez más temporal, precario, parcial y con contratos de muy corta duración”.

Según las cifras que figuran en los presupuestos del Servicio Público de Empleo, en 2016 se destinaron 1.635 millones a bonificaciones a la contratación, el 31,2% del total gastado en políticas activas. Y, sin embargo, ese mismo año se dedicaron 887 millones a la formación de desempleados y 1.039 a la de ocupados, el 17% y el 19,8% del total, respectivamente.

Asimismo, si se compara la evolución de los recursos destinados a políticas activas desde 2010 hasta este ejercicio con lo que ha ocurrido con las cifras de paro registrado (ver ilustración), se puede comprobar cómo en el año 2013 coincide el mínimo de las políticas activas (apenas se gastaron 3.700 millones) con el máximo en el número de desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo (4,84 millones de personas).

Esta es una de las circunstancias que, en opinión de UGT, avala la tesis defendida por quienes consideran que no están siendo plenamente efectivas las actuales políticas activas de empleo. Y los presupuestos de 2018 ofrecen la oportunidad de cambiar la situación.

A la espera de la reforma del Plan Prepara

Hoy se reúnen en el Ministerio de Empleo la cúpula de este departamento con los representantes de las comunidades autónomas para celebrar una nueva conferencia sectorial. En ella está previsto negociar cómo retomar el Plan Prepara, o programa de ayudas a los parados que no perciben ninguna prestación.

El Gobierno ha mostrado su disposición a reestructurar estas prestaciones, pero para ello necesita del acuerdo de las comunidades autónomas.

El plan quedó extinguido el pasado 15 de agosto, una vez que la tasa de paro se redujo por debajo del 18%. Además, se conoció una sentencia del Constitucional que estimó un recurso del País Vasco en la que considera que la gestión de estas ayudas corresponde a las autonomías.

El PSOE reclama que el nuevo plan cuente con “un diseño diferente que lo haga más inclusivo y extenso” y que la reestructuración de los programas se enmarque en el diálogo social, con el fin de que se puedan ampliar las coberturas.

El secretario ejecutivo de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, critica que el PP y Ciudadanos “sigan bloqueando” la iniciativa legislativa popular presentada por los sindicatos para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos.

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