Transparencia en la compensación a los minoritarios de Popular

Para la mayoría, la solución de Santander será más atractiva que entrar en una vía de litigio

Oficina Banco Santander
Una mujer camina delante de una oficina de Banco Santander.

Acaba de empezar el proceso para que los accionistas minoritarios de Popular se acojan, hasta el 7 de diciembre, a la vía de compensación que les ha ofrecido Santander, el nuevo dueño del banco intervenido. El instrumento elegido para resarcir a quienes perdieron todo su dinero aquella madrugada del 7 de junio, cuando la Junta Única de Resolución dictó la intervención y venta del banco por un euro por su inviabilidad, es un producto complejo. Se trata debonos perpetuos que pueden venderse en el mercado secundario, donde de entrada cotizarían a un 70% de su valor nominal. La idea del banco es amortizarlos a finales de 2024; si no fuera así el interés subiría muy notablemente desde el 1% inicial hasta el entorno del 6%. En buena lógica, se amortizarán.

Santander ha emprendido esta compensación a los perjudicados por la crisis del Popular sin estar obligado a ello. Lo ha hecho por tres motivos:uno es claramente el reputacional. El segundo, no menos importante, es frenar una avalancha de acciones judiciales. Y el tercero es fidelizar a una clientela valiosa, la procedente de Popular. Son objetivos comprensibles para un banco que ha adquirido otro en situación crítica.

Los reveses judiciales recientes para la banca (cláusulas suelo, preferentes, salida a Bolsa de Bankia...) invitaban a la prudencia. También la presión de los reguladores hacia la transparencia de los productos que no se consideran aptos para el inversor minorista. A este respecto, Santander ha decidido aplicar al pie de la letra las recomendaciones de CNMV, que incluyen que el pequeño inversor escriba de su puño y letra que es consciente de que adquiere un producto complejo. En efecto es así, pero no estamos en un proceso de venta de un producto nuevo, sino una oferta de compensación sin otro coste que renunciar a reclamaciones futuras. En todo caso resulta positivo que se haya elegido el grado máximo de transparencia hacia el inversor.

Para la mayoría de pequeños accionistas, la solución que ofrece Santander será más atractiva que entrar en una vía de litigios que implica costes y se prolongaría en el tiempo con resultados impredecibles hoy. Las demandas de los grandes inversores (a los que no se ha ofrecido compensación alguna) van por otro camino, y se dirigen principalmente contra los órganos que intervinieron Popular, contra los antiguos gestores e incluso contra el Estado español, aunque podrían derivar en exigencia de responsabilidades para Santander. El desenlace de ese recorrido judicial es hoy incierto y, sobre todo, lejano. Muchos ahorradores preferirán, con buen criterio, el pájaro en mano.

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