Jueces, fiscales, policía y Gobierno se movilizan para impedir el 1-O

El Constitucional suspende cautelarmente la ley del referéndum y apercibe a un millar de cargos públicos La fiscalía prepara querellas contra todos los miembros del Govern y la Mesa del Parlament

La sede del Tribunal Constitucional.Efe

El desafío a la legalidad que tuvo lugar la noche del miércoles en el Parlamento de Cataluña, donde las fuerzas independentistas aprobaron la ley del referéndum soberanista del 1 de Octubre haciendo caso omiso al protocolo parlamentario y a las advertencias de sus letrados, puso en marcha toda la maquinaria de un Estado de Derecho decidido a impedirlo.

El Gobierno central, los jueces, los fiscales y las policías se movilizaron el jueves con el objetivo de impedir la celebración de la consulta. De hecho, justo 24 horas después de ser promulgada, la ley de referéndum quedó suspendida cautelarmente la noche del jueves por el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite la anulación solicitada por el Gobierno.

“No habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña”, aseguró a medio día de ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada”, advirtió tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario que tenía por objeto pedir al Constitucional la anulación de la ley de referéndum apenas unas horas después de que fuera aprobada. Concretamente las que transcurrieron desde que Rajoy solicitara un informe al Consejo de Estado, la misma noche del miércoles, hasta que este organismo concluyó ayer que la norma es inconstitucional “en grado máximo”.

“Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó este jueves el Parlament de Cataluña”, anunció Rajoy en una dura comparecencia. El presidente avanzó que también solicitaba al Tribunal Constitucional que impugnase la convocatoria de la consulta del 1 de Octubre y que lo notificase expresamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su Gobierno.

Durante el día, el presidente se reunió por separado con los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera, que mostraron su apoyo al Ejecutivo. El referéndum es “ilegal, rompería la soberanía nacional y liquidaría la convivencia pacífica de 40 años de vida democrática”, remachó Rajoy. 

La decisión del Constitucional

La solicitud del Consejo de Ministros fue atendida con extraordinaria celeridad por el Tribunal Constitucional, que tras concluir la sesión de la mañana decidió retomar su pleno a las 19:00 horas para abordar las nuevas solicitudes. Tras casi tres horas de deliberación, el Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo, lo que supuso la automática suspensión cautelar de la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta emitida por el Govern así como de las normas complementarias.

Más allá, el Constitucional resolvió apercibir a más de un millar de mandatarios políticos (70 altos cargos de la Generalitat y los 947 alcaldes de Cataluña, estos “con carácter preferente y urgente”) advirtiéndoles de su deber de  “impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la celebración del referéndum”, como solicitó Rajoy. La notificación, detalla Europa Press, se hará a través de la Delegación del Gobierno.

Estos mismos alcaldes recibieron el jueves una notificación de la Generalitat pidiéndoles que en 48 horas comuniquen los locales de uso electoral de los que disponen para celebrar la consulta.

Pero la dedicación del Constitucional al asunto arrancó ya a primera hora de la mañana, obligándole alterar el orden del día previsto para dar cabida a los nuevos asuntos relacionados con la convulsa sesión parlamentaria del día anterior.

La recusación de los magistrados

En primer lugar, el Tribunal abordó la recusación presentada contra sus 12 magistrados por la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que les acusaba de “falta de imparcialidad”. Durante el pleno de la mañana, el Constitucional rechazó de plano y por unanimidad la petición al señalar que se trata de una recusación “genéricamente formulada” y que, aunque se refiere al conjunto de los magistrados, en realidad “va dirigida al órgano mismo y no a sus integrantes”.

Una recusación así, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”, subrayaba el Tribunal, que recordó que ya ha rechazado peticiones similares antes calificándolas “de impertinentes y abusivas”.

Fuentes jurídicas consultadas preveían este resultado y apuntaban a que la recusación de Forcadell  respondía presumiblemente a una estrategia dilatoria para ganar algo de tiempo hasta que el Tribunal abordase el posible carácter inconstitucional de la norma o las irregularidades de su tramitación.

Y es que, el Tribunal Constitucional fue conminado a examinar la ley del referéndum catalán en varios frentes diferentes. Por la tarde, el pleno analizó la petición del Consejo de Ministros de anular la norma en sí, así como la convocatoria de consulta que el Govern firmó a continuación.

Sin embargo, ya por la mañana se admitió a trámite revisar el procedimiento de tramitación de la norma, que parece contravenir varios de sus fallos. Así lo manifestó el presidente del Gobierno, que ordenó la presentación de un incidente de ejecución contra la resolución de la Mesa del Parlament el mismo miércoles.

Dos querellas de la fiscalía

Pero no solo el frente judicial cerca la celebración del pretendido referéndum de autodeterminación de Cataluña. A la una de la tarde, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, compareció para anunciar otra tanda de actuaciones que tienen por objeto atajar la iniciativa de los independentistas y clarificar la responsabilidad de estos. Maza anunció que la fiscalía ultima dos querellas criminales, una contra todos los miembros del Gobierno de la Generalitat y otra contra la Mesa del Parlament que permitió tramitar la ley.

La fiscalía, explicó Maza, ha decidido actuar “ante la gravedad de la situación generada en la comunidad de Cataluña” en lo que supone “una violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, desobedeciendo los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional” para convocar “el denominado referéndum de autodeterminación”.

Las querellas se presentarán “al menos” por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, ha anunciado Maza, las distintas fiscalías del país, con ayuda de la Policía Judicial y el resto de fuerzas del Estado, actuarán para evitar los preparativos del referéndum ante los indicios de inconstitucionalidad.

En concreto, detalló, la fiscalía ha dado “instrucciones para que las fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra) investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al menos”. “Se van a cursar las órdenes oportunas para que la Policía Judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”,  añadió.

Por su parte, el Parlament de Cataluña repetía este jueves la bronca jornada anterior esta vez a cuenta de la tramitación de la llamada Ley de Transitoriedad, que fijaría el marco legal de la región desde la celebración del referéndum hasta una eventual declaración de independencia. La norma está llamada a correr la misma suerte que la del referéndum y a ser recurrida inmediatamente ante el Tribunal Constitucional.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este jueves en la Moncloa.

Rajoy recibe a Sánchez para abordar la crisis catalana

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa para compartir la situación que se está viviendo en Cataluña con la aprobación de nuevos pasos hacia la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Presión sobre alcaldes y funcionarios

 

Los empleados públicos de Cataluña viven desde ayer en una suerte de fuego cruzado administrativo en el que la Generalitat les conmina a prestar los servicios necesarios para garantizar la celebración de la consulta independentista prevista para el 1 de octubre y el Constitucional les advierte que deben ayudar a evitarla. En esta tesitura, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ofreció para asesorar a los trabajadores públicos y editó un folleto explicando que no deben cumplir órdenes “ilegales”, como las que están recibiendo del Govern presidido por Carles Puigdemont. CSIF, que preveía reunirse con Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil para coordinar una respuesta conjunta, aplaudió la posición de los funcionarios y letrados del Parlamento catalán que el miércoles se negaron a publicar la Ley del Referéndum y advirtieron de su ilegalidad.

Los ediles de los municipios catalanes también se han visto envueltos en un juego de contraórdenes, en este caso por correspondencia. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, les hicieron llegar ayer una carta instándoles a facilitar para la celebración de la consulta soberanista ideada para el 1 de octubre los locales habitualmente utilizados para fines electorales. A su vez, el Tribunal Constitucional acordó enviar una notificación a cada uno conminándoles a “impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la paralización del referéndum”. A última hora de la tarde, más de 400 alcaldes de municipios catalanes –de los cerca de 948 de la comunidad autónoma– habían mostrado su apoyo al referéndum, según fuentes secesionistas citadas por Efe.