Inversores mexicanos de Popular preparan una demanda contra el Estado
Los accionistas del banco tienen hasta el día 30 para demandar al FROB Del Valle rechaza denunciar ante los tribunales españoles y prefiere reclamar un arbitraje
La resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander el pasado 7 de junio por un euro sigue generando avalanchas de demandas no solo en los tribunales españoles, sino también europeos. Hoy estaba previsto que finalizase el plazo para que los accionistas de Popular que quisieran demandar al FROB ante la Audiencia Nacional por su actuación en la resolución del banco español, según la interpretación de algunos abogados. Sin embargo, y según fuentes de la Audiencia Nacional, el último día para la presentación de estas reclamaciones termina el día 30 de septiembre, dos meses hábiles (agosto no se considera hábil) tras la publicación de la resolución de Popular en el Boletín Oficial del Estado.
De momento, la Audiencia Nacional ha recibido más de un centenar de demandas contra el FROB –al cierre de agosto el número era de 70–. Pero la ampliación del plazo para presentar estas demandas han permitido a varios inversores estudiar nuevas posibles intervenciones al margen de la Audiencia Nacional.
Este es el caso de los inversores mexicanos encabezados por el empresario Antonio del Valle –fue consejero de la entidad española, y fue el vocal que propició la salida de Ángel Ron como presidente–, que en conjunto llegaron a controlar alrededor del 4,5% del capital. La decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de intervenir Popular y que llevó a los accionistas y bonistas a perder todo su capital en el banco, supuso para este grupo de inversores unas pérdidas de 600 millones de euros. Los más de 300.000 accionistas y bonistas de Popular perdieron todo el dinero invertido en esta entidad tras su resolución.
Los representantes legales de estos inversores, el despacho de abogados estadounidense Kirkland & Ellis, han descartado prácticamente presentar demanda en los tribunales españoles, incluida una reclamación al FROB. Su proyecto pasa por demandar al Estado español a través de un arbitraje internacional. Apelarán así al tratado comercial existente entre España y México para defender las inversiones entre los empresarios de ambos países.
Fuentes jurídicas aseguran que estos arbitrajes tienen por objeto ofrecer protección a los inversores ante conflictos entre los países que han firmado dichos convenios de colaboración. Esa protección anima a los inversores a realizar operaciones en los países en los que están más protegidos.
Eso sí, esta vía hace inviable acudir a los tribunales locales, razón por la que no denunciarán al FROB, como podía estimarse inicialmente. De momento, esta sería la primera demanda de arbitraje, entre otras razones porque no existen acuerdos comerciales de este tipo con todos los países, explican otras fuentes jurídicas.
El bufete Legaltrade ya interpuso hace unas semanas la primera reclamación administrativa por la responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque esta demanda es distinta ya que no forma parte de un arbitraje y se basa en los actos y omisiones negligentes del Banco de España, la CNMV y FROB, que, en su opinión, han llevado a la resolución de Popular y su venta a Santander por un euro. El grupo de inversores mexicanos sí reclamó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –la fecha para demandar acabó el 17 de agosto– la anulación de la resolución de la JUR y de la Comisión Europea.
El tribunal europeo ha recibido 51 demandas de accionistas de Popular reclamando que anule la venta de Popular a Santander y la decisión de poner las acciones del banco que entonces presidía Emilio Saracho a cero, con la consiguiente pérdida para todos los accionistas.
Todos ellos esperan que la JUR y el Banco Central Europeo les entreguen la documentación en la que se explica cómo y por qué se intervino Popular, y que ambos organismos supervisores consideran confidencial. Hasta ahora se han negado a ello.
Otras reclamaciones
El grupo de inversores encabezados por Antonio del Valle también analiza la posibilidad de demandar una compensación económica a la JUR. Otros accionistas también tienen previsto hacer lo mismo, pero para ello hay cinco años, con lo que esperarán a tener más información para preparar esta demanda.
Los grandes fondos internacionales como Algebris, Anchorage Capital y Ronit Capital también han presentado hoy su demanda contra el FROB, tras reclamar antes contra la JUR en agosto. Otro de los grandes fondos que inicialmente estaba previsto que fuera con ellos contra la JUR y no lo hizo, Pimco, se ha unido ahora para demandar al FROB. El conjunto de estos fondos perdieron 800 millones de euros.
El consejo de administración de Popular ha autorizado la venta del 100% su filial portuguesa a Santander Totta, sucursal lusa de la entidad presidida por Ana Botín. El órgano de gestión del banco, ahora propiedad de Santander, también ha autorizado la venta a Totta Urbe-Empresa de e Administraçao e Construçoes de los activos de la empresa Consulteam-Consultores de Gestão. Además, Santander Totta SGPS comprará el 84,07% de Eurovida - Companhia de Seguros de Vida.