En camino hacia la vendimia francesa
La campaña es un paliativo para familias que sufren malas condiciones laborales en el campo español
En estos días, sale hacia Francia el grueso de los trabajadores agrarios españoles que participan en la campaña de la vendimia. Estos temporeros se desplazan al país vecino en busca de unas ventajas económicas y sociales que desgraciadamente no abundan en el sector agrario en España.
La concurrencia de españoles a la vendimia francesa suele ir paralela a la situación económica en nuestro país y en los últimos años, con la crisis, que se ha cebado especialmente con los trabajadores agrarios, el contingente español se ha venido manteniendo en torno a las 15.000 personas. A lo largo de unos 35 o 40 días de trabajo, obtendrán un salario diario que variará en función del departamento francés en el que vendimien y la categoría profesional con la que sean contratados, pero en ningún caso será inferior al salario mínimo interprofesional de crecimiento (SMIC) francés, fijado en 9.76 euros/hora. Además, si su jornada supera las 35 horas semanales, cobrarán horas extraordinarias con importantes mejoras salariales. Para redondear el atractivo que supone la vendimia francesa para los temporeros españoles, el trabajo en la campaña genera además unos derechos sociales por cotizar en Francia que permiten acceder a ciertos subsidios familiares y otras ventajas.
La vendimia francesa se ha convertido en un paliativo para familias que el resto del año tienen que lidiar con las malas condiciones laborales que se están dando en el campo español. Así, pasan de la vendimia francesa, regulada y respetuosa con los derechos y condiciones laborales de los trabajadores a otra situación que tristemente se caracteriza por los continuos incumplimientos de los convenios colectivos (en el caso de que exista convenio en el ámbito), la proliferación de la contratación a través de empresas de trabajo temporal, el fraude empresarial en la declaración de las jornadas reales que trabaja el temporero, etc.
El sector agrario genera cerca del 9% de la actividad empresarial de España, con ventas por un valor de 46.807 millones de euros y con exportaciones por 16.371 millones, el 6% del total. Sin embargo, apenas emplea al 4% de los trabajadores en activo, unas 774.500 personas, y sistemáticamente es uno de los sectores con mayor paro de nuestro país, con 169.542 desempleados en junio de este año. El empleo agrario en España se caracteriza por su precariedad, inestabilidad y carácter estacional, ligado a las campañas agrícolas y a los vaivenes de factores climatológicos. Por lo tanto, el paro en el sector tiene un carácter estructural y requiere medidas específicas y urgentes para potenciar el empleo.
Mientras que la industria agroalimentaria es pionera en tecnología y es uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en la producción y exportación, el campo no termina de asentarse porque no es un objetivo prioritario para el Gobierno. Y a ello se suma la desidia de las distintas Administraciones. El sector agrario ha de potenciarse desde una perspectiva industrial, y para ello necesita apoyo institucional y políticas activas de empleo que garanticen empleos estables con condiciones dignas.
Es necesario acabar de una vez por todas con la lacra que supone la economía sumergida y el empleo no declarado en el sector. Por ello es necesaria voluntad política por parte de las administraciones para implementar medidas efectivas contra el empleo sumergido y el incumplimiento de los convenios colectivos, incrementando la inspección de trabajo en el campo y aumentando las partidas presupuestarias necesarias para luchar contra estos problemas. También es necesaria una modificación urgente en la normativa relativa a las altas en la Seguridad Social y la declaración de las jornadas de trabajo reales, ya que la actual abre las puertas al fraude por los empresarios en perjuicio de los trabajadores, al no declarar todas sus jornadas y, por consiguiente, no cotizando por los días efectivos trabajados.
Consideramos la agricultura como un sector básico para el desarrollo de la economía de nuestro país, con una gran capacidad de generación de riqueza y de empleo, y por ello, no entendemos que sus trabajadores se vean sumidos en la precariedad laboral y salarios bajos. Exigimos del Gobierno y las distintas administraciones una reforma urgente del sector para consolidar esta industria y dotarla de futuro, dignificando el empleo de sus trabajadores.
Pedro L. Hojas Cancho es secretario general de UGT FICA.
