La hora de sanciones inteligentes contra la cúpula chavista
El desastre económico de Venezuela se acentúa. La inflación alcanzará el 1.000% este año. Más del 90% de los venezolanos no se pueden permitir comprar los alimentos que necesitan. El 75% de la población perdió peso en 2016, y la mortalidad materna aumento un 66% el año pasado. Las estadísticas macroeconómicas son igualmente escalofriantes. Según The Economist, la renta per cápita de Venezuela ha descendido al nivel que tenía en los años cincuenta. Venezuela está protagonizando el hundimiento económico más severo en la historia moderna de América Latina. Maduro continúa imprimiendo billetes, desplegando a la policía contra los manifestantes (100 muertos en cuatro meses) y ahora pretende con su asamblea constituyente elaborar una Constitución que permita al chavismo gobernar indefinidamente y eliminar de un plumazo al Parlamento y cualquier institución que no esté ya completamente controlada. Aunque el gobierno de EEUU había apuntado la posibilidad de aplicar sanciones duras a raíz de la elección a la asamblea constituyente, finalmente Washington ha optado por una alternativa más inteligente. Haber limitado la importación de petróleo venezolano perjudicaría más a los ciudadanos que a los corruptos líderes chavistas, y daría argumentos reales a Maduro. En su lugar, el gobierno ha prohibido a instituciones financieras prestar servicios a 13 cargos venezolanos acusados de corrupción y de violar los derechos humanos. Los fiscales de EEUU ya hace años han imputado a numerosos altos cargos del chavismo en el tráfico de drogas. La Unión Europea y otras potencias democráticas deberían seguir el ejemplo de Washington, e impedir a los narcotraficantes que gobiernan Venezuela acceder a cuentas bancarias y viajar a sus países. Las sanciones inteligentes acabaron con el régimen de apartheid en Sudáfrica. También podría suceder en Venezuela. De lo contrario, su población seguirá sufriendo