DGT
Concentración de los examinadores frente a la sede de la DGT.

Los examinadores de tráfico convocan huelga indefinida tras 20 días de paros

Un total de 80.000 pruebas prácticas del carnet de conducir se suspendieron

La DGT cifra en un 70% de media el seguimiento de la huelga, frente al 75% de Asextra

Espadas en alto. Tras 20 jornadas de paros, el conflicto entre los examinadores de tráfico y la Dirección General del Tráfico (DGT) está lejos de solucionarse. Joaquín Jiménez, presidente de la asociación mayoritaria Asextra, tiene previsto presentar este jueves la convocatoria de una huelga indefinida todos los días de la semana a partir del lunes 4 de septiembre, primera jornada de exámenes, al ser agosto mes inhábil.

Coincidiendo con el final de la huelga de tres días a la semana que se celebraba desde el 19 de junio, Asextra ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la poca disposición del director general, Gregorio Serrano, a negociar con ellos. “La DGT no ha querido negociar (...) los dirigentes han demostrado que tienen nulo interés en lo que está pasando y no les importa lo más mínimo lo que le ocurre al sector o a los ciudadanos”, señala.

El origen del conflicto se encuentra en el incumplimiento del acuerdo alcanzado entre los examinadores y la DGT en noviembre de 2015. En aquel momento, tras seis semanas de huelga la entonces directora general de Tráfico, María Seguí, se comprometió a dar “garantías de seguridad a los funcionarios” tras las denuncias de agresiones e insultos por parte de los examinados y una compensación retributiva por la carga de trabajo.

El complemento salarial demandado por los examinadores supondría un aumento en torno a los 250 euros brutos al mes en el salario. Esta cifra se sumaría a los 1.250 y 1.360 euros que cobran, dependiendo de la categoría funcionarial a la que pertenezcan, bien el subgrupo C2 (la mayoría) o el C1. Además, tienen un plus de productividad de unos 140 euros, frente a los 1.000 euros que cobran los técnicos del organismo.

Por el momento, la DGT únicamente ha ofrecido la creación de una nueva especialidad de tráfico con 435 plazas de promoción interna. Los funcionarios que accedan pertenecerán al subgrupo C1. “A día de hoy, la promoción interna es algo que ya existía, que lo reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público. Ya veremos si todo el mundo la aprueba”, señala Jiménez.

Las 20 jornadas de huelga han sido un éxito. “Ha quedado demostrado que la práctica totalidad del colectivo examinador demanda que se cumplan los acuerdos”, señala Asextra. La propia DGT ha cifrado en un 70% el seguimiento medio de los paros. El baile de cifras es habitual, el comité de huelga de los examinadores asegura que el seguimiento no ha bajado del 75%, llegando en algunos días al 90%.

Entre el 19 de junio y el 31 de julio, la DGT cuantifica en 127.000 los exámenes prácticos del carnet de conducir realizados y en 80.000 los cancelados por la huelga, al comparar con el mismo periodo del año anterior. Asextra y la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE) elevan esta cifra por encima de los 100.000.

La huelga también ha tenido un impacto económico. Cada jornada le costaba de media unos 65 euros a cada examinador. “La huelga nos va a costar unos 1.890 euros a cada uno. Si han secundado la huelga unos 580 examinadores, la DGT se va a ahorrar más de un millón de euros, mientras que lo que pedimos costaría tres millones al año”, señala Jiménez.

Una plantilla insuficiente
  • Recesión. La DGT cuenta con 774 examinadores en plantilla, aunque las asociaciones señalan que únicamente unos 650 salen a la calle a examinar. La previsión del Gobierno es que aumente hasta alcanzar los 928 efectivos a finales de 2018.
  • Rechaza la enmienda. Pablo Bellido, portavoz socialista en la comisión de Seguridad Vial en el Congreso, explica en su blog que el Gobierno rechazó una enmienda a los Presupuestos para aumentar en tres millones la partida de la DGT para el personal.
  • Recaudación. El diputado socialista cuenta que el total de tasas recaudadas por derechos de examen teórico y práctico del carnet en 2016 ascendió a 114,4 millones de euros, mientras que la plantilla de examinadores le cuesta al Estado unos 23 millones.
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