Al fin, auditoría pública de diputaciones y municipios
Hasta ahora, solo un 5,6% de las entidades de la administración local se sometían a ese sistema de control
En este año en que estamos celebrando el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en nuestro país, se ha aprobado una norma imprescindible para realizar un control eficaz de los recursos de las entidades locales. El decreto que regula su control interno, publicado en el BOE el pasado 12 de mayo, introduce –entre otras muchas novedades– la obligación de que se auditen anualmente las cuentas de todos los organismos locales. En democracia, la auditoría es imprescindible para la transparencia y esta es necesaria contra la corrupción y fundamental para una gestión eficiente.
Por ello, no se entiende el retraso de décadas en mejorar el control en el sector local, “uno de los principales fundamentos de un régimen democrático” (Carta europea de autonomía local. Estrasburgo 1985); y lugar donde históricamente “los abusos asolan la vida pública, transformándola en campo agramante de quienes disputan el dominio de las instituciones para satisfacción de privados intereses”, como ya exponía con brillante prosa y premonitoria descripción el preámbulo de nuestra ley de bases de régimen local, hace 32 años.
Desde 1984, año en que se aprobaron las normas de auditoría del sector público, no se han implantado en el sector local, a pesar de permanentes demandas sociales, recomendaciones del Tribunal de Cuentas e incluso exigencias de las leyes que regulan las haciendas locales desde 1988.
Ello ha producido que en el ámbito de gestión pública con más riesgo de corrupción e ineficiencia sea donde, según el indicador de la fundación FIASEP, menos se practica este eficaz sistema de control (solo se realiza en un 5,8 % de sus entidades).
No se entiende cómo la ley de auditoría de cuentas obliga a auditarse a las empresas privadas de determinado tamaño, y no había una norma que obligase a auditarse a los Ayuntamientos, que en la mayoría de los municipios son la unidad económica más importante. Dejando sin control eficiente al sector local que cuenta con cerca de 18.000 entidades que, a su vez, ceden la gestión de muchos servicios públicos a empresas privadas y conceden miles de subvenciones a empresas, organizaciones sociales y empresas. Pues bien, esta nueva norma moderniza y da más medios a los interventores locales, implantando el modelo de control estatal y autonómico, que se ha demostrado eficaz; incluye en el ámbito de control todo el sector local; prevé la aplicación de un control previo limitado para profundizar en controles posteriores; exige que se controle cada año al menos el 80 % del presupuesto; regula la resolución de discrepancias entre el interventor y los gestores o, entre otras mejoras, exige el envío de informes de su actuación a la Intervención del Estado y al Tribunal de Cuentas.
La novedad más importante es la implantación del control financiero mediante auditorías como medio de control principal de los interventores. Esta auditoría abarcará no solo las cuentas, sino que tendrá que evaluar el cumplimiento de la legalidad y la calidad de la gestión; se realizará anualmente sobre la totalidad de las entidades y, como novedad sustancial, el interventor podrá contratar a firmas privadas de auditoría para realizar todas sus competencias, al igual que viene haciendo el Estado. La norma prevé un periodo de un año para su entrada en vigor, plazo necesario para que se puedan implantar estos nuevos controles. Para ello será necesario la elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción de las implicaciones que conllevará su aplicación según las características de cada corporación y el número o naturaleza de sus entidades; así como la aprobación del primer plan anual de control y auditorías; un proceso de formación de interventores para la utilización de las nuevas técnicas de control y la aprobación por el pleno de la corporación del acuerdo para implantar la intervención limitada previa.
Finalmente, esta norma, sin duda, mejorará el control interno en el sector local, imprescindible para una gestión más honrada y eficaz. Pero para que este ámbito, tan importante para la vida de los ciudadanos, preste unos servicios públicos con calidad y eficiencia; se necesita, además, solucionar sus problemas de financiación y establecer un sistema de información de indicadores de los servicios.
Alejandro Martínez Gómez es socio de Sector Público de EY.
