Los expertos proponen dar capacidad a las autonomías para fijar copagos y subir el IVA

La mayoría rechaza perdonar la deuda las comunidades con el FLA

Se elimina con matices el 'statu quo' y se exige solidaridad a País Vasco y Navarra

De la Fuente denuncia el funcionamiento de la comisión y la elección de "expertos con bandera"

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La comisión para la reforma de la financiación ya ha terminado su propuesta que entregará mañana al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El documento, al que ha tenido acceso Cinco Días, está formado por más de 160 páginas, de las que el 40% son votos particulares. Ello refleja la dificultad que ha habido para alcanzar un consenso entre los 21 expertos de la comisión, 16 elegidos por las comunidades autónomas y cinco por Hacienda.

El informe propone elevar la capacidad de las comunidades autónomas para establecer copagos, especialmente en el ámbito de la sanidad, y aboga por dar cierta competencia a las comunidades en el IVA. También recomienda eliminar, con matices la cláusula del statu quo y respetar, también con matices, el principio de ordinalidad. En el ámbito de la fiscalidad patrimonial, los expertos abogan por una mayor armonización en el impuesto sobre sucesiones y contemplan que las comunidades que así lo quieran no apliquen el impuesto sobre el patrimonio. Estas son las claves del informe.

De la Fuente denuncia el funcionamiento de la comisión y la elección de "expertos con bandera"

  • Copago sanitario

Las comunidades autónomas son las responsables de gestionar los pilares del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), aunque sus ingresos no son suficientes para cubrir sus competencias. El informe de los expertos reconoce ese “desequilibrio vertical”, y propone medidas para paliarlo con el objetivo de incrementar la responsabilidad de las comunidades a la hora de elevar los ingresos. Así, los sabios plantean elevar la capacidad de las comunidades para fijar copagos. “Seria conveniente dotar a las comunidades de competencias normativas sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la sanidad, pero posiblemente también en otros de su competencia”. Entienden que ello supondría “un instrumento de gestión que puede ayudar a disciplinar la demanda” y, al mismo tiempo, permitiría elevar los ingresos.

  • IVA colegiado

Las comunidades autónomas tienen actualmente cedido el 50% de la recaudación del IVAy el 58% de los impuestos especiales. Los expertos proponen fijar una suerte de tramo autonómico en el IVA, aunque ello genera muchos problemas. El IVA es un tributo armonizado a nivel europeo y no es posible como sucede en el IRPF que se establezcan diferencias dentro de un mismo Estado. Los expertos plantean que, de forma colegiada, las comunidades autónomas puedan decidir sobre una hipotética subida del IVA. En este caso, el riesgo es que las autonomías actúen como free riders, es decir, jueguen de forma estratégica para no asumir los costes de pedir una subida del impuesto y sí recibir los beneficios de esta medida. Ello se evitaría exigiendo unanimidad, pero entonces la propuesta sería prácticamente inviable. Los propios expertos reconocen la problemática y apuntan que se dé a las comunidades la capacidad de proponer una subida del IVA al Estado central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, llegan a sugerir que esta sería una de las medidas que se podría adoptar para evitar la infrafinanciación de las comunidades y permitir que tengan recursos suficientes para asumir sus competencias.

  • Fiscalidad patrimonial

El documento recomienda que el Gobierno armonice el impuesto sobre sucesiones para evitar las diferencias actuales. Se propone adoptar la propuesta de la comisión para la reforma fiscal, que planteó un mínimo exento elevado con tipos que irían del 4% al 11% en función del grado de parentesco. En el impuesto sobre el patrimonio, se produjo más división entre los partidarios de eliminarlo y quienes defienden su vigencia. Se ha optado por recomendar una mayor armonización y, al mismo tiempo, permitir como sucede con Madrid, que haya comunidades que no lo apliquen.

  • ¿Adiós al statu quo?

El modelo vigente contempla la cláusula de statu quo, que implica que ninguna comunidad puede perder recursos respecto al modelo anterior. Este aspecto ha sido muy criticado por buena parte de los expertos. “La Comisión considera necesario eliminar la cláusula de statu quo”, dice el informe. Sin embargo, en el mismo párrafo, se recomienda que en el primer año del nuevo modelo ninguna comunidad pierda recursos en términos absolutos. Ello implica una cierta contradicción. De alguna forma, se propone una eliminación del statu quo paulatina y que alargue en el tiempo para mitigar su efecto y limitar la pérdida de recursos.

  • Principio de ordinalidad

Antes de que se impusiera la vía soberanista, el respeto al principio de ordinalidad fue una de las reclamaciones de Cataluña. Implica que los mecanismos de solidaridad acerquen unas comunidades a otras, pero sin invertir el orden original en financiación per cápita. El modelo de los expertos no nombra el principio de ordinalidad, sin embargo, lo contempla implícitamente. El informe plantea dos fondos principales. El primero, denominado, fondo básico de financiación, estaría formado por la recaudación de recursos propios y cedidos de las comunidades. El segundo, bautizado como fondo de nivelación vertical, se nutriría con recursos aportados por el Estado y se repartiría entre las comunidades con “el objetivo de reducir la desigualdad”. Sin embargo, los expertos señalan que en ningún caso, este fondo podría alterar la ordenación de las comunidades en términos de financiación por habitante ajustado. Ello implica respetar el principio de ordinalidad y, parte de los votos particulares critican este aspecto.

  • No a las quitas del FLA

La crisis económica generó un deterioro sin precedentes de las cuentas públicas y las comunidades vieron cómo se les cerraban las puertas de la financiación. A través de mecanismos como el fondo de liquidez autonómico (FLA), la Administración central se ha convertido en el banco de las comunidades al facilitar préstamos a tipos ventajosos. Si bien se planteó, especialmente desde Valencia, la posibilidad de aplicar quitas, el informe indica que la mayoría de la comisión rechaza esta medida porque “generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las comunidades que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal. Sin embargo, la comisión sí plantea que para “ayudar a la vuelta progresiva de las comunidades a los mercados” sería “aconsejable acometer una reestructuración transparente de la deuda de las comunidades con el Estado”. Ello supone ampliar los plazos de carencia y rebajar los tipos de interés. En el siguiente párrafo, se indica que una parte minoritaria de los sabios sí plantea la posibilidad de quitas para las comunidades que han sufrido “insuficiencia de recursos”.

  • Más solidaridad

El régimen foral del que gozan las comunidades del País Vasco y Navarra está consagrado en la Constitución y los expertos dicen que debe respetarse. Sin embargo, defienden que ello no significa que el modelo no pueda ser reformado para que el cupo vasco y la aportación navarra se calculen de forma más justa y favorable a los intereses del conjunto del Estado. “Las comunidades forales deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial”, defiende el informe.

  • División y críticas

El informe de los expertos es ambiguo en muchos puntos y en otros entra directamente en contradicciones. Ello refleja la dificultad para alcanzar un consenso entre los 21 expertos. Dos de los elegidos por Hacienda, Ángel de la Fuente y Manuel Lagares, denuncian falta de rigor, critican el funcionamiento de la comisión y hablan despectivamente de “expertos con bandera”, en referencia a los elegidos por las autonomías.

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