La previsible litigiosidad de Popular

Los jueces no pueden asumir un papel que corresponde al legislador y al regulador

EFE

El caso de Popular ha puesto de manifiesto las prácticas más perversas y las contradicciones más profundas del sistema financiero, concurriendo de forma visible todos los elementos necesarios para que se dispare la litigiosidad en torno a la operación de venta del banco desde distintos argumentos jurídicos. Argumentos que, tal y como se están sindicando y preformulando desde el punto de vista judicial, y en función del rol de cada demandante, aparentemente pueden presentar visos de contradicción y de incompatibilidad interna entre sí. No obstante, las propias contradicciones del sistema pueden dar lugar a la paradoja de que en el futuro asistamos a resoluciones judiciales favorables para posiciones enfrentadas e incompatibles entre sí, y que pueden apuntar indiscriminadamente a los distintos consejos de administración del banco, al MUR, al BCE, al FROB, a la CNMV, al Banco de España o a Santander (cui prodest).

Y los principales elementos que han concurrido en todo este proceso están claros. Por un lado, la sobreexposición al sector inmobiliario, especialmente generada en los últimos años de la burbuja y coincidiendo con la presidencia de Ron, así como un aumento generalizado del riesgo moral, y en consecuencia, el fomento de prácticas extremadamente riesgosas por parte de los directivos amparados en el riesgo sistémico y en la cobertura pública en última instancia. Asimismo, la existencia de un fondo de garantía de depósitos exhausto, incapaz de asumir la cobertura de depósitos, y la especulación generalizada sobre los títulos del banco han sido determinantes, así como los sueldos e indemnizaciones indecentes para directivos que han tenido el mérito de acabar con uno de los bancos que otrora era el más eficiente de la industria.

Por otro lado, nos encontramos con la presión bajista sobre las acciones por parte de los hedge funds a través de masivas posiciones en corto (venta en descubierto de acciones), que tenían como principal objetivo tumbar la acción y conseguir el mayor beneficio imaginable en una posición corta. Existen además sospechas de información privilegiada en distintos niveles y se ha producido una improvisación en el mecanismo de resolución (MUR), al que aún le faltaba la clave de bóveda, habiendo tomado como conejillo de indias al banco español. Asimismo, hay aparentes intencionalidades ocultas en la nueva dirección del banco no trasladadas a la junta general. Estas se ponen ahora de manifiesto por el perfil del último CEO (procedente de la banca de inversión), por todo el fatídico y malogrado proceso que puso en marcha, que estaba más orientado al desguace y venta que a la propia sostenibilidad financiera y comercial del banco y, consecuentemente, por la existencia de consejeros sin acciones de la entidad. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta las tétricas sindicaturas divinas metidas en el más sucio negocio de las finanzas, los desequilibrios de capital que abocan a la insolvencia severa y, seguidamente, a la más absoluta iliquidez o la timorata posición de la supervisión que ha actuado como acicate para inundar de rumores el mercado y la retirada masiva de depósitos que la entidad no pudo soportar. No hay que olvidar los suculentos créditos fiscales en juego, recientes ampliaciones de capital que no trasladaban la situación real del banco y que contaron con el visto bueno de la CNMV, el bail-in en ausencia de garantías concursales para accionistas y bonistas o la ironía y ambulancias para los accionistas. Además de medidas provisionales de suspensión de las prácticas de casino del sistema financiero para evitar el contagio a otras entidades y la inaceptabilidad popular de un rescate público ahora que se reconoce desde distintas instancias gubernamentales que la recuperación de los recursos públicos invertidos en el rescate va a ser pírrica.

La polémica está servida, y la litigiosidad garantizada. Pero los jueces no pueden seguir asumiendo un heroico papel que no les corresponde, que corresponde a legislador y al regulador. Pero en toda esta historia, que no refleja sino la mayor miseria humana, tenemos que estar agradecidos a Saracho de que haya renunciado a la indemnización de 4 millones por trabajar en el banco durante aproximadamente un trimestre.

Francisco Cortés García es profesor de la UNIR.