Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Por una reforma hipotecaria que nazca sin talón de Aquiles

El Poder judicial sostiene que el borrador del Gobierno no recoge toda la directiva europea

Si existe algo peor que trasponer con retraso una directiva es o no trasponerla en absoluto o bien hacerlo de forma defectuosa. Esto último es lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene que ocurrirá si el anteproyecto de la reforma hipotecaria que ultima el Gobierno se aprueba tal y como está redactado actualmente el texto. El dictamen del órgano de gobierno de los jueces afirma que la futura reforma no incorpora a la legislación española todas las garantías de protección al consumidor que la norma europea reconoce en este tipo de contratos. Entre esos olvidos destaca la ausencia de la regulación de la información que debe figurar en la publicidad de los contratos hipotecarios, por ejemplo, o la no incorporación del contenido de la ficha europea de información normalizada (FEIN)de la hipoteca o de un cálculo homogéneo del TAE, aspectos todos ellos que constituyen el corazón de la normativa de Bruselas. Tampoco ha incluido el Gobierno en el borrador de la reforma el “reflejo directo” de la obligación impuesta a la banca de evaluar al cliente para detectar los riesgos con tiempo o la mención del derecho al desistimiento cuando la entidad no entregue suficiente información o, en general, las normas de transparencia. Todo apunta a que la intención del Gobierno es regular estos aspectos por vía reglamentaria, algo que el Poder Judicial cree que puede reducir la eficacia de la norma.

La primera consecuencia de una reforma hipotecaria que no incorpore el total de la regulación europea es la promulgación de una norma que nace ya con un talón de Aquiles y que puede dar origen, en su aplicación, a una elevada litigiosidad. Dados los problemas que el mercado hipotecario ha vivido en los últimos años y de crisis como la de las cláusulas suelo, por ejemplo, es difícil entender la reticencia a legislar con rango de ley todas las disposiciones que Bruselas impone para proteger al consumidor. Es cierto, como el CGPJ admite, que algunas de estas disposiciones están ya recogidas en la normativa española, pero también lo es que cuanto menos dispersa y más clara sea una regulación, mayor seguridad jurídica proporciona. Y si hay un mercado que ahora la necesita es el hipotecario.

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