Bruselas niega que se discrimine a Popular con el traje a medida italiano
El guante de seda con Italia contrasta con la aplicación de las normas a rajatabla en España
La Comisión Europea, el BCE y el Mecanismo Único de Resolución bancaria (MUR) se han enfrentado hoy lunes a una avalancha de críticas y sospechas de discriminación por el trato diferenciado al Banco Popular y a las dos entidades italianas liquidadas durante el fin de semana.
“Se han respetado totalmente las normas”, defendía hoy una portavoz de la Comisión Europea. Pero en el mercado cunde la sensación de que Bruselas utiliza al sector financiero español como conejillo de indias mientras hace trajes a la medida para la banca italiana. Y no es la primera vez.
Con apenas dos semanas de diferencia, los supervisores europeos han desmantelado el Banco Popular, la sexta entidad española, causando pérdidas masivas a 300.000 inversores, mientras que han permitido a Roma rescatar con dinero público dos entidades italianas y compensar a los titulares de deuda desprotegida.
La clave, según Bruselas, se encuentra en la solvencia de cada entidad, sus posibilidades de sobrevivir y el potencial impacto de su caída. Tres tests que han llevado a decisiones muy distintas sobre el italiano Monte dei Paschi (recapitalización con ayudas públicas); Banco Popular (resolución por parte de las autoridades europeas), y la Banca Popolare di Vicenza (BPDI) y el Veneto Banca (VB), que durante el pasado fin de semana han sido liquidados y vendidos a Intesa por un euro con una inyección de fondos públicos de 4.800 millones y unos avales del Estado de hasta 12.000 millones de euros.
En síntesis, según Bruselas, el Monte dei Paschi solo atravesaba un bache, que podía superarse con una recapitalización con cargo al Estado de 9.000 millones de euros. El desplome del Popular ponía en peligro la estabilidad financiera de la zona euro y por ese motivo, tras un análisis nocturno y secreto del BCE y del MUR debía resolverse de manera inmediata para preservar la estabilidad del resto de la banca española y de la zona euro. Y la caída de los dos bancos del Véneto solo afectan al tejido empresarial de esa región italiana por lo que convenía autorizar la intervención del Estado.
Bruselas recuerda que en el caso de Italia la ayuda de Estado también conlleva dolorosas condiciones, como pérdidas para accionistas y bonistas junior de VB y BPVI, la desaparición de las dos entidades y la integración en Intesa de sus redes (con un 40% menos de empleo y un 60% menos de sucursales).
Sospechas
Las explicaciones de la CE, el BCE y el MUR aguantan muy bien sobre el papel. Pero dejan un reguero de incógnitas sobre la tramitación de cada caso y alimentan la creciente sospecha de que las instituciones europeas disponen de gran discrecionalidad para administrar en función de los regateos con cada gobierno.
Hace solo seis meses, el BCE, presidido por el italiano Mario Draghi, consideraba perfectamente solventes a Veneto Banca y Popolare de Vicenza. Y la Comisión Europea autorizaba una inyección de liquidez de 10.000 millones de euros, que han desaparecido prácticamente del todo.
La propia Comisión reconoce ahora que los bancos liquidados llevaban cinco años en pérdidas, que su índice de morosidad (más de 35%) era alarmante incluso para los estándares de la banca italiana (18% de media) y que estaban enfangados en numerosos casos judiciales por venta irresponsable de productos financieros a pequeños ahorradores.
La saga del Monte dei Paschi es aún más larga. El banco más antiguo del mundo lleva años capeando el desastre y las maniobras del gobierno italiano han sido incesantes para evitar una intervención de Bruselas que podría causar pérdidas generalizadas en un país donde los hogares poseen el 30% de la deuda emitida por la banca, según datos de Silvia Merler, investigadora del centro de estudios Bruegel.
La CE admite, además, que en el rescate blando de la banca italiana el Estado podrá compensar de manera generalizada a los tenedores de bonos similares a las preferentes españolas. El guante de seda con Roma contrasta con la mano de hierro en España, donde la Comisión ensayó en 2012 unas directrices sobre reparto de cargas que ni siquiera estaban en vigor (se aplican desde agosto de 2013) y que supusieron para los preferentistas unas pérdidas estimadas de 14.000 millones de euros. Algunos inversores han recuperado unos 4.000 millones a base de arbitrajes y litigios. Si hubieran sido italianos, lo hubieran recuperado todo del tirón.
