Empleo autónomo

El Gobierno hace caja a costa del paro de los autónomos

El Estado recaudó 134 millones de euros, pero sólo pagó 16 millones en concepto de paro para los autónomos

118 milones de euros. Este es el jugoso superávit que ha obtenido el Gobierno. El problema es que ha sido a costa de las cotizaciones que realizan los autónomos por cese de actividad. Si analizamos los datos presentados esta mañana por UPTA, detectamos que los autónomos han pagado a la Seguridad Social un total de 134 millones de euros, en concepto de cotizaciones por cese de actividad. Es decir, un dinero que, en teoría, está destinado a que los autónomos que tengan que cerrar puedan disfrutar del paro.

Sin embargo, esta realidad choca con un proceso que dificulta que el autónomo pueda cobrar su paro del mismo modo que lo hace un asalariado. Cuando un trabajador del Régimen General es despedido, pasa automáticamente a cobrar el paro. Si un autónomo se ve obligado a cerrar, aunque haya cotizado para cobrar el paro, puede que no lo obtenga.

De hecho, según los mismos datos presentados por UPTA, el 56% de las solicitudes han sido denegadas a este tipo de profesionales. Como consecuencia de lo anterior, el Estado sólo ha reinvertido 16 millones en pagar el paro a los autónomos. Es decir, los profesionales por cuenta propia han volcado en las arcas estatales 134 millones de euros, en concepto de prestación por desempleo. Éste sólo ha devuelto 16 millones, generando un interesante superávit de 118 millones para sus arcas, en una partida que debería ser una prestación social en caso de necesidad. Sólo un 15% de lo recaudado se ha destinado a la función que, en principio, tienen estos fondos: el paro de los autónomos.

Aunque influyen otros factores, sorprende que con 118 millones de euros de ganancias, el Estado y las mútuas todavía denieguen el 56% de las solicitudes.

¿Qué ocurre con la formación?

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, se pregunta además qué ha ocurrido un los 1,3 millones de euros destinados, teóricamente, a formación de personas beneficiadas por el cese de actividad. Desde el año 2009, un Real Decreto establece que un 1% de la recaudación debe ir a formación. Si lo multiplicamos por ocho anualidades estaríamos en torno a los diez millones de euros. Una cantidad "importantísima" que, según Abad, debería activarse urgentemente en tareas relacionadas con la formación del colectivo, para que haya una reintegración laboral real de aquellos trabajadores que cause baja en el RETA.

Normas
Entra en EL PAÍS