Crespo: en las reuniones técnicas de CAM “me iba con las señoras a comprar bolsos”

Amorós defiende unas cuentas avaladas por "KMPG, AFI y el Banco de España" El tribunal limita la posibilidad de compensación a los tiulares de cuotas participativas

El juicio que arrancó ayer contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, por la falsificación de las cuentas de 2010 y 2011 o el saqueo de la caja mediante el cobro irregular de remuneraciones no será la vía para compensar a los afectados por las cuotas participativas de la entidad que acabó rescatada.

En todo caso lo será solo para una minoría, aquellos que adquirieran las emisiones de la caja alicantina entre marzo de 2011, cuando fueron publicadas las cuentas del año anterior que la Fiscalía considera falseadas, y junio de 2011, cuando la CAM fue intervenida por el Banco de España.

Así lo ha determinado este martes el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que en atención a las cuestiones previas presentadas por los distintos abogados ha determinado que solo podrán ejercer como acusación, y aspirar a una compensación, este colectivo de inversores pese a que las cuotas participativas habían comenzado a comercializarse cuatro años antes.

Atendiendo a las peticiones del fiscal Luis Rodríguez Solo, el tribunal limita así las consecuencias de este caso teniendo en cuenta que existe otra pieza judicial separada que trata específicamente la comercialización de las cuotas participativas.

El abogado Diego de Ramón, que representa a 1.100 titulares de cuotas participativas que reclamaban 19,1 millones de euros de compensación como acusación popular y particular ve así limitado el número de representantes con participación en el juicio mientras que el letrado del particular Cristobal Pons solo litigará por 42.000 de las 102.000 cuotas que compró, aquellas adquiridas después de marzo de 2011.

Ambos letrados han presentado una protesta ante la decisión del tribunal, que el primero abogado ha expuesto que tratará de recurrir. La pretensión de las defensas de los acusados era que ambos letrados fueran apartados de la acusación, que componen otro empresario, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el fiscal.

Crespo dice carecer de conocimientos financieros

La segunda sesión del juicio ha continuado con la declaración del expresidente de CAM Modesto Crespo, que pese a que no ha sido acusado por la Fiscalía, se arriesga a la pena más alta solicitada en el juicio, de nueve años de prisión que le pide el FGD.

Crespo ha comenzado contestando al fiscal que su papel en la caja era mínimo y que aunque acudía diariamente no lo hacía para ocuparse de los detalles operativos de la entidad sino porque presidía una sociedad participada.

El expresidente de la entidad ha asegurado no tener conocimiento ni preparación financiera alguna sobre la operativa bancaria, sosteniendo que se limitó a firmar todo aquello que le trasladaron quienes llevaban décadas en la caja.

Crespo ha expuesto que desconocía lo que era una titulización hipotecaria y que si le dieron poderes para autorizarlas fue a sabiendas de su total desconocimiento. Incluso en el ámbito institucional, durante la negociación con Caja Asturias para constituir Banco Base, Crespo ha declarado que mientras se realizaban las reuniones técnicas, que no le gustaban, se fue "con las señoras a comprar bolsos y zapatos".

"Cada palo que aguante su vela"

Al terminar la declaración de Crespo ha comenzado el turno del exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que ha defendido que cada cargo era responsable de su área de actividad y "que cada palo aguante su vela".

López Abad, el principal responsable de falsedad contable y saqueo de la caja según la acusación presentada por la fiscalía, ha expuesto que fue la "sorpresiva" nueva exigencia de capital impuesta por las autoriades la que dio al traste con la integración de CAM con otras cajas en Banco Base, lo que acabó dando lugar al rescate de la caja.

El exdirector general de la CAM ha defendido que la caja alicantina era "bastante razonable" en términos financieros y de solvencia y contaba con la "confianza del Banco de España", que le permitió emitir cuotas participativas.

Preguntado por su abogado sobre si se falsearon las cuentas para que la excúpula de la caja percibiera retribuciones irregulares, López Abada ha contestado que "esto sería ridículo por una sencilla razón, en CAM se renunció a retribuciones a partir de 2008 en cuantías que cutriplican lo que se está juzgando", ha dicho, asegurando que las retribuciones estaban congeladas y eran especialmente bajas frente al resto del sector.

Amorós carga contra el Banco de España

Su sucesora, María Dolores Amorós, directora general de que ha comparecido en tercer lugar, ha rechazado que hubiera falseamiento contable alegando que se trataba de estados contables elaborados “con criterios totalmente fijados por KPMG, Analistas Financieros Internacionales (AFI) y el Banco de España”.

Amorós ha expuesto que se trataba de un momento extraordinario en el que la caja se preparaba para integrarse con otras entidades en Banco Base y ha descartado que la integración se rompiera por las sospechas de Liberbank y otras entidades de que las cuentas de CAM eran falsas. “Desconfianza, ninguna porque hubo total transparencia”, ha aseverado.

En cuanto al correo de López Abad en que pide a sus colaboradores esfuerzos para “sacar 300 millones”, que Fiscalía cree que es una invitación a falsear las cuentas con la confianza de que tras la integración en Banco Base la mal situación de CAM se diluirá, Amorós ha sostenido que se trata de “un correo de tu jefe diciendo ponte las pilas” para cumplir los objetivos fijados por el consejo de administración.

“No critico la institución sino la actuación de algunas personas pero el Banco de España intentó que suspendiéramos los test de estrés”, ha terminado denunciando Amorós durante su declaración, a preguntas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), personado como acusación.

Información incompleta

Frente al argumentario de los acusados, cabe recordar que el escrito de acusación del fiscal recoge que la cúpula de CAM no facilitó información fiable al auditor al ocultarle por ejemplo los detalles de ciertas titulizaciones hipotecarias que solo habrían aparentado sacar del balance los riesgos de dichos créditos, lo que requirió corregir las cuentas de 2010.

Más allá, el auditor no visó el resultado positivo de 38 millones de euros que la CAM sostuvo haber logrado en el primer trimestre de 2011 y solo tras la revisión de los estados financieros en cuestión aclaró que en el primer semestre la caja alicantina perdía en realidad 1.136 millones y tenía un déficit de dotaciones de 1.150 millones.