La Audiencia Nacional juzga desde hoy a la excúpula de CAM por saqueo y falsedad contable

Crespo, López Abad, Amorós y otros cinco exaltos cargos se sientan en el banquillo

El fiscal pide penas de hasta siete años de cárcel y el pago de 20 millones

CAM
El ex director general de la CAM Roberto López Abad (izquierda) y el exdirectivo Juan Ramón Avilés (d), durante un juicio anterior en la Audiencia Nacional por el cobro irregular de dietas.

La justicia dirime desde hoy la responsabilidad penal de quienes gestionaron lo que dentro del descalabro de buena parte de las cajas de ahorro fue considerado “lo peor de lo peor” por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Se trata de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, cuyos ocho principales exresponsables se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional acusados de falsear las cuentas de la entidad y de saquear una caja que requirió 11.000 millones de euros del contribuyente.

Los procesados son Modesto Crespo, expresidente de la CAM, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós; el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Segorb; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano; el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Se les acusa de un delito societario continuado de falseamiento de las cuentas y de un delito continuado de estafa agravada o, alternativamente, de apropiación indebida agravada, en concurso con un delito de administración desleal. El Fondo de Garantía de Depósitos pide hasta nueve años para Crespo y la Fiscalía pide para el resto penas de entre 10 meses y siete años y medio de prisión, multas de 12.000 a 180.000 euros y la devolución de 20 millones de euros.

Según la acusación presentada por el fiscal en la solicitud de apertura de un juicio oral, los acusados falsearon las cuentas de la CAM de 2010 y 2011 con el doble objetivo de propiciar una fusión con terceros que pudieran liderar ellos y para cobrar importantes incentivos económicos ligados a resultados.

En concreto, la Fiscalía sostiene que ante “una difícil situación de liquidez” y “otros serios problemas financieros” de la CAM, su cúpula “buscó como solución la integración con otras entidades”. Fruto de las negociaciones se perfiló la unión con Cajastur, Caja Extremadura, y Caja Cantabria para crear Banco Base, una “fusión fría” que encabezaría la CAM.

Para liderar el proceso, sin embargo, “era muy importante que las cuentas de CAM presentara unos buenos resultados”, relata el escrito del fiscal, que sostiene que el director general López Abad “puso todos sus recursos al servicio de lograr unos resultados artificialmente positivos”, involucrando a Amorós, Martínez y Sogorb.

“Hay que sacar 300 mill[ones] y tenemos lo que queda del año para verlo”, escribió por correo electrónico López Abad al resto. “Entre todos deberíamos ser capaces de lograrlo. Es el último año. Luego todo irá solo...”, dijo, confiando en que la fusión diluiría sus malos resultados entre los del resto de cajas, en mejor situación.

Para alcanzar su objetivo, los gestores de la caja alicantina llevaron a cabo dos métodos principales, según las pesquisas del fiscal. De un lado, reclasificando como de riesgo normal créditos fallidos y morosos pese a que los deudores no habían abonado los intereses pendientes o aportado nuevas garantías.

“Se aumentó así de forma artificial el resultado del ejercicio, ya que se contabilizaron como ingresos intereses que se cobraron con financiación de la propia CAM y no por pagos de los clientes”, expone el fiscal.

Sin embargo, “el mecanismo utilizado por los acusados que de manera más patente sirvió para incrementar ficticiamente los beneficios de la CAM”, recoge la Fiscalía, fue la titulización de activos y su incorrecta contabilización. Para dar de baja de su balance determinados activos financieros problemáticos, y liberar las provisiones asociadas, la cúpula de CAM orquestó varias operaciones de titulización de préstamos hipotecarios vendidos a fondos radicados en Irlanda y Países Bajos a los que la CAM pagaba por otra parte lo que supuestamente aportaron generando un “beneficio ficticio” de 210,34 millones de euros.

De esta forma, la CAM comunicó un beneficio de 201 millones en 2010 cuando al menos había perdido nueve millones. Los falsos beneficios permitieron a los acusados cobrar 47 millones de euros en incentivos y prejubilaciones.

Los procesos irregulares continuaron en 2011. “Sospechando que las cuentas de CAM no reflejaban la realidad”, el resto de cajas de Banco Base abortaron la fusión y, ante la inviabilidad de seguir en solitario, la caja fue intervenida por el Banco de España el 22 de junio de 2011.

La CAM aseveraba que había ganado 65,35 millones en ese semestre, pero la revisión de su recalificación crediticia reveló la mala contabilización de 2.832 millones en préstamos desde 2009, la necesidad de 727 millones en provisiones adicionales y pérdidas millonarias. Fue nacionalizada y vendida a Banco Sabadell por un euro. El juicio que arranca hoy, y continuará al menos hasta el 21 de julio, aborda también la presunta estafa a los clientes que adquirieron las cuotas participativas de la CAM.

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