Un supervisor con más armas para vigilar con "mano dura" el mercado
A nadie se le escapa que en este, como en otros ámbitos, lo detectado es solo la punta del iceberg
La CNMV quiere tener un papel más activo y efectivo en la lucha contra los abusos de mercado, y para lograrlo necesita potenciar y aumentar las herramientas de que dispone. Así lo puso de manifiesto ayer su presidente, Sebastián Albella, al prometer “mano dura” contra las conductas ilícitas y manipulaciones en el mercado y pedir, al tiempo, mejores instrumentos para llevar a cabo ese propósito. Albella reclamó la posibilidad de acceder a los registros de llamadas de las empresas de telecomunicaciones con el fin de recabar pruebas sobre presuntos abusos de mercado, dado que una llamada efectuada antes de llevarse a cabo un anuncio que afecte a la cotización de una compañía puede ser un indicio suficiente para sostener un caso. El supervisor disponía de este recurso hasta 2007, año en que cambió la legislación y su uso se complicó por razones técnicas. Ello ha convertido el acceso a las llamadas en una compleja barrera. El presidente de la CNMV solicitó también un acceso directo al fichero centralizado de titularidades del servicio ejecutivo de de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El objetivo es cerrar el complejo círculo de investigación de los flujos de dinero negro y de otras infracciones en el mercado.
La CNMV tiene ante sí el reto de una nueva etapa que ha iniciado con el compromiso por parte del Gobierno de mayores recursos financieros y humanos. Los Presupuestos de 2017 han aumentado un 5% la partida de personal del organismo, además de darle poder para efectuar contrataciones y cubrir bajas, al margen de las restricciones que impone la oferta de empleo público. Todo ello debería traducirse en un fortalecimiento de la función de vigilancia del supervisor y en la detección y prevención de más conductas ilícitas. A lo largo de los diez últimos años, la CNMV ha impuesto 76 sanciones por vulneración de la normativa del mercado y ha remitido 11 casos a la fiscalía, de los cuales seis terminaron en condena. Albella mostraba ayer una comprensible satisfacción por el balance, pero a nadie se le escapa que en este, como en otros ámbitos de la economía, lo detectado y aflorado es solo la punta de un iceberg.