Entrevista

“La independencia de los jueces también tiene que ser económica”

Entrevista al portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado

Recoge su punto de vista sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad jurídica

Raimundo Prado es presidente y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). En esta entrevista explica su punto de vista sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad del mundo jurídico. Considera que la justicia a veces parece un poder de segunda división, cuando no debe ser así. Cree que la percepción de justicia independiente sería más fácil si los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran elegidos directamente por los jueces y entiende que también es importante la independencia económica de la carrera judicial que, en su opinión, no está bien remunerada, sobre todo teniendo en cuenta su alta preparación. Además, apuesta por la unión de las asociaciones judiciales en la defensa de los intereses de la carrera judicial porque está convencido de que “la unión hace la fuerza”. Por su parte, su compañera de la asociación Natalia Velilla - miembro del Comité Territorial de Madrid de la AJFV y encargada del Boletín Jurídico Digital- explica cómo está funcionando actualmente la ‘justicia sin papel’ en los juzgados.

¿Qué medidas para mejorar la Justicia deben ser prioritarias para el Gobierno/Ministerio de Justicia?

La justicia no es en absoluto prioritaria para los políticos. En cuanto a las medidas que cabría tomar para mejorarla, en primer lugar, de carácter externo y para ofrecer confianza en la justicia, lo que venimos solicitando las cuatro asociaciones, es que los vocales del CGPJ sean nombrados por los jueces. También mayor inversión en justicia, mayor planta, independencia real y efectiva y, en definitiva, un pacto de Estado por la justicia con una serie de medidas en las que estamos de acuerdo todas las asociaciones. Que los problemas de la justicia estén más en la agenda del mundo político, de las Cortes, del Congreso, porque parece que divergen, parece que la justicia es un poder de segunda división y el poder judicial es tan poder como el legislativo y el ejecutivo.

¿Están las asociaciones de jueces más unidas que nunca?

Sí. Cuando fui nombrado portavoz de la asociación, una de las cosas que me propuse fue esa. Creo que la unión hace la fuerza y que los jueces, en esencia, tenemos los mismos intereses, el interés supremo de que la justicia funcione, la consideramos un valor muy importante, y lo que no podemos es ir separados por cuestiones que realmente no son de los jueces, sino que son matices poco relevantes. Desde la Asociación Francisco de Vitoria actuamos como elemento unificador y está yendo bien porque nos encontramos con otros portavoces que parecen que quieren ir por esta misma línea y creo que así se están haciendo cosas. Es muy relevante que cuando pedimos las cosas al Ministerio y al CGPJ vayamos juntas las cuatro asociaciones. Ir cada uno por separado no lleva a ninguna parte. Parece que al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, la unidad asociativa le molesta especialmente, puesto que recientemente ha repetido en dos ocasiones que la imagen de la politización de la Justicia se debe a las “ideologías” de las asociaciones judiciales, cosa que es falsa. Me gustaría saber qué ideología cree Lesmes que tiene la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, porque lo único que nos mueve es la defensa de los valores constitucionales.

En abril firmaron un acuerdo todas las asociaciones de jueces con la Abogacía Española para la mejora de la Justicia, ¿qué avances se han producido hasta el momento?

Al final no ha habido avances. Se firmó una especie de acuerdo inicial, que básicamente son las mismas peticiones que hacemos nosotros, pero luego, por una serie de discrepancias, hubo determinados comités de nuestras asociaciones que no ratificaron ese acuerdo porque entendían que se tocaban temas que no nos afectaban como carrera judicial. Por tanto, al final eso quedó en nada, pero en esencia estamos de acuerdo en lo más importante. Aunque no haya habido un documento, sí se notó la buena sintonía entre la carrera judicial y el mundo de la abogacía que es un colectivo importante y muy numeroso.

Recientemente, el ministro de Justicia Rafael Catalá ha abordado con los jueces las medidas para fortalecer la “independencia” judicial, ¿por qué cree que existe una percepción de falta de independencia judicial?, ¿hay motivos para preocuparse?, ¿es un problema real?

Estuve yo en esa reunión y además nos enfadamos. Nos enfadamos cordialmente. Porque siempre se nos dice lo mismo: “Los jueces sois independientes porque no recibís presiones”. Bueno, en cierto modo eso es así, pero no es así. Primero, hay una percepción de que si el CGPJ no lo nombramos nosotros, sino políticos, da la sensación de que se adscriben los jueces a determinados partidos políticos y no es así. Eso sería muy fácil de evitar, nombrándolos nosotros. En segundo lugar, ¿por qué se cree que existe falta de independencia? Porque sí existe en cierto modo una injerencia. Cuando te han nombrado un presidente de un TSJ sin la participación de los jueces, hay ciertos recelos. Es la pescadilla que se muerde la cola, el político nombra al vocal, el vocal nombra al presidente del TSJ, y el presidente dicta una resolución, que puede ser con toda la independencia del mundo, pero ya está manchada de cara al exterior. Y a ello se le une otra serie de medidas que serían muy importantes, a nivel de independencia interna de los jueces. Podemos trabajar lo que podemos trabajar, excedemos de los ratios de todos los países. También reclamamos una independencia económica, no me da vergüenza decirlo, que hasta ahora no la tenemos. Entendemos que para lo que hacemos no estamos bien pagados. Creo que los jueces en España están muy bien preparados. Dictamos muchas resoluciones, somos muy responsables.

¿Cuál sería el método de elección que plantean para los vocales del CGPJ? ¿A través de las asociaciones de jueces?

Estamos ahora precisamente en ese concreto tema. Nuestra asociación lo tiene claro. Lo vamos a hablar con el resto, pero en principio sería que lo hiciéramos los jueces a través de un sistema de listas abiertas y que representen a las diversas clases de la carrera: jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo, que haya una representación de todos y que no sólo lo elijan las asociaciones, que lo elijan todos los jueces. Un juez, un voto sería lo ideal. Ahora, modular ese sistema ya para que salgan doce vocales que representen a todas esas clases es más complicado. Pero la idea de Francisco de Vitoria, y yo creo que va a ser la idea de todas las asociaciones, es que cualquiera se pueda presentar y que cualquiera pueda ser elegido.

¿Sacará adelante esta reforma el Ministerio de Justicia finalmente?

Se ha creado una subcomisión de Justicia para este tema. Le preguntamos al ministro si todo esto sirve para algo, si se va a llevar a cabo. Él dice que sí, pero hay un problema y es que, como es una ley orgánica, mientras el PSOE no vote a favor no se puede sacar adelante y quedaría todo en agua de borrajas.

Desde el Consejo General del Poder Judicial se están estableciendo unos principios de ética jurídica, ¿qué opinión le merece esta medida?

La ética judicial está muy bien pero tiene que ir relacionada con otras propuestas conjuntas que es lo que dice Europa. Ética sí, pero con una independencia económica y una capacidad laboral adecuada, entre otras cosas. No estamos de acuerdo con que la ética se convierta en una especie de inquisición o con que haya un órgano que vigile tu vida o tu moral. Los jueces somos éticos. Normalmente cada uno toma sus decisiones con responsabilidad, y suelen ser decisiones muy lógicas, que cualquier persona responsable tomaría, y la imparcialidad nunca se ve mermada por ellas. Ética, sí, la tenemos, no tenemos ningún problema en que se implante un código, pero siempre relacionado con otro tipo de aplicaciones europeas, independencia económica y una justa y adecuada realización del trabajo de cada día. Y por supuesto que no exista un comité ético que te vigile o te pueda sancionar, que para eso ya tenemos muchas faltas y muchas incompatibilidades en nuestra ley orgánica.

En esta legislatura, el Ministerio quiere poner en marcha medidas como la agrupación de partidos en juzgados de instancia, ¿le parece bien esta posibilidad? También se plantea como uno de los grandes proyectos la creación de la figura del juez instructor, ¿qué pasará con la plantilla de jueces si sale adelante esta reforma?

Sobre esto último, el Ministerio no lo sabe todavía. Están en ello. Es una cosa complicada. Los jueces de instrucción que hay en España no pueden quedar todos como jueces de garantías, tendrían que pasar a otro lugar, a otro sitio. Evidentemente eso viene entroncado también con el problema de los tribunales de instancia, modificar la planta, modificar el sistema actual que tenemos, que es un sistema decimonónico, y adaptarlo a los tiempos modernos. Eso sí, sin perjuicio de que todos los ciudadanos somos iguales en España y todos tenemos derecho al acceso a la justicia, con lo cual hay que tener mucho cuidado con este tema porque hay poblaciones que a lo mejor les supone un problema importante. Se trata de lograr una mezcla, una punto intermedio, con tribunales de instancia, pero sin olvidar partidos judiciales, o locales, o ciudades o pueblos que están ciertamente alejados de capitales de provincia o de centros neurálgicos. Por otra parte, quiero destacar que el reciente anuncio de la creación de cien plazas para jueces y fiscales anunciada por el Ministro de Justicia es, además de rotundamente insuficiente, engañosa, puesto que se han saltado una convocatoria, la del año pasado. En realidad hablamos de 50 plazas al año, un número insignificante –especialmente si se compara con la oferta de empleo público general– y supone un desprecio a las esperanzas de cientos de opositores preparados y que constituyen la savia nueva de una judicatura más preparada que nunca.

(Pregunta a Natalia Velilla) ¿Cómo está funcionando la medida de ‘papel cero’ en los juzgados?, ¿se notan mejoras?

Natalia: No está funcionando correctamente. Se está vendiendo una imagen de que ha habido una modernización de la justicia, pero sin contar con los operadores jurídicos, imponiendo un modelo al que te tienes que adaptar y que adolece de muchísimas cuestiones, como la falta de formación suficiente o la interacción de diversas administraciones porque, por una parte, hay una ley estatal que obliga a tener el expediente digital, pero, por otra, se deja en mano de las comunidades autónomas su desarrollo. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que es donde me encuentro destinada, todavía no se ha implantado el expediente digital, se ha implantado Lexnet, se ha obligado a los profesionales a presentar sus escritos por Lexnet, pero los jueces seguimos trabajando con el mismo papel que el año pasado. De hecho creo que en 2016 ha sido el año que más papel se ha gastado en la Comunidad de Madrid, porque como todo se presenta por vía digital y no puedes obligar a los profesionales a que lo presenten en papel, los juzgados nos hemos convertido en impresoras de los profesionales. Como idea es buena, pero creo que se debería haber hecho de manera más gradual y contando con la opinión de los operadores jurídicos y de manera extensiva y no de manera parcial como se está produciendo en algunos territorios.

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