Pensiones: a río revuelto, ganancia de pescadores
Los planes privados no son la alternativa tras la reducción de la hucha pública
En el actual contexto de crisis financiera del sistema de pensiones públicas español, la promoción de las pensiones privadas (sistemas de capitalización y provisión matemática) suelen publicitarse como la mejor alternativa para unas pensiones públicas futuras que serán, sí o sí, más bajas. ¿Y por qué serán más bajas? Pues porque, según el Gobierno, las únicas medidas de ajuste posibles para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social solo pueden venir –se nos dice, tan sesgada como erradamente– de la reducción de la cuantía de las futuras pensiones públicas. Pero cómo se llega a esa situación de crisis financiera. Pues a través de dos clases de políticas públicas diseñadas en favor de unos intereses (los de las entidades financieras) tan espurios como obvios.
La primera es convertir a la lógica, normal y previsible evolución demográfica de un país en una excusa para intervenir en un sistema público de pensiones de un modo inverso. Es decir, en lugar de dotarlo de mecanismos que ajusten la evolución demográfica al mantenimiento del sistema, el Gobierno hace lo contrario. La segunda política pública errónea y sesgada es convertir los desequilibrios del mercado de trabajo (reducción de las bases de cotización fundamentalmente debido a la precarización de los empleos) en otra excusa para dejar desprotegido el sistema público de pensiones, máxime si tenemos en cuenta que ese desequilibrio lo han generado tus políticas (reforma laboral). Como decimos, en lugar de buscar mecanismos de ajuste, el Gobierno se ha dedicado a crear agujeros negros en las cuentas de la Seguridad Social como, por ejemplo, costear otras políticas con cargo a las cuotas (como las mal llamadas políticas activas de empleo, que no son tal, ya que no están destinadas a los trabajadores sino a incentivar a las empresas por hacer contrataciones que harían de igual forma) o desarrollar reformas normativas que debilitan la solidez del sistema (Ley 23/2013, de 23 de diciembre, índice de revalorización anual de pensiones y factor de sostenibilidad).
A partir, por tanto, de este presupuesto –la pensión pública no desaparecerá pero su deterioro en la cuantía es irreversible, garantizando cada vez menos capacidad de renta– una legión de analistas financieros y de entidades de inversión hacen del desarrollo del mercado de las pensiones privadas a través de cambios esenciales en la política pública una sostenible y eficiente vía de salida a la crisis –fabricada– del sistema público de pensiones. Y todo esto, bajo el débil paraguas que proporciona el artículo 41 de la CE, que dice que las “prestaciones complementarias serán libres”, es decir, que la opción por la mejora privada, individual o colectiva, de las pensiones públicas constituye un recurso válido.
Pero que sea un recurso válido no justifica en ningún caso que se realicen desde lo público modificaciones sustanciales del sistema que buscan promover ese recurso privado. Esto es, permitir que los lobbies hagan política. Así, a los incrementos de los incentivos fiscales –a día de hoy 8.000 euros máximo de reducción de la base imponible–, se añaden otras medidas, como la inclusión automática en planes de pensiones facilitados por la empresa.
De hecho, dados los riesgos de desnaturalización de los sistemas públicos de pensiones que los mercados financieros privados generan, se ha determinado precisamente que la Constitución no exija una intervención a favor de la promoción de esta actividad prestacional privada, por lo que toda política en tal sentido requerirá de que resulte social y económicamente justificada. Tal vez por eso, haya que generar una situación en la que podamos considerar como social y económicamente justificada la promoción de este tipo de iniciativa privada. ¿Pero tiene algo de social la desigualdad? Porque frente a la lógica de la igualdad y la solidaridad propia de las pensiones públicas, el rasgo de autonomía de las pensiones privadas propicia una lógica bien diferente, basada en la capacidad de ahorro. Por tanto, es inexorable el efecto de segmentación y desigualdad.
Pero por si fuera poco, al margen de estos mayores –por ser estructurales– efectos de desigualdad y exclusión que generan los sistemas de pensiones privadas, y de sus riesgos económicos de todo tipo, ¿está justificada esta fe ciega en los planes de pensiones privados como óptima alternativa a la eventual crisis de suficiencia de las pensiones públicas? Pues parece que no, aunque apenas se hable de ello, a tenor de los últimos estudios sobre la (falta de) rentabilidad de los mismos. Según estos, dichos sistemas de pensiones vienen a convertirse en un botín para las entidades financieras (a través de las comisiones, fundamentalmente) y en un fiasco para los ahorradores (bajas rentabilidades). Juzguen ustedes por qué no se habla de ello.
Mari Carmen Barrera es secretaria de Empleo de UGT.
