La austeridad se ha acabado en las comunidades autónomas
Las autonomías prevén elevar un 15% la inversión pública Salvo los intereses, todas las partidas presupuestarias suben
La austeridad toca a su fin. Al menos, en los presupuestos de las comunidades autónomas para 2017, que tienen en común que son expansivos. El incremento de los recursos del sistema de financiación, la mejora de los tributos propios y un objetivo de déficit menos exigente son tres factores que han devuelto la alegría a los departamentos de Hacienda de las comunidades autónomas.
Cinco comunidades aún no han apobado los presupuestos de 2017
Es cierto que en el año 2015, coincidiendo con el período electoral, también aumentó el gasto autonómico, sin embargo, no en los niveles que contemplan los Presupuestos de 2017. Hasta el momento, 12 comunidades autónomas han aprobado sus cuentas para este año. Faltan por hacerlo, País Vasco, Madrid, las dos Castillas y Aragón. Los presupuestos que ya han recibido el visto bueno de los parlamentos autonómicos contemplan gastar 103.588 millones, un 4,83% más. Salvo la partida destinada a pagar los intereses de la deuda, el resto de capítulos registra incrementos del gasto, especialmente la inversión pública. Las 12 comunidades con las cuentas para este año aprobadas prevén invertir 4.874 millones, un 15% más que el presupuesto inicial del año pasado. Sin embargo, el incremento real es mayor porque, en 2016, solo se ejecutó el 70% de la inversión prevista.
Las cifras de las comunidades autónomas contrastan con la cautela de los Presupuestos Generales del Estado presentados el pasado martes y que incluyen un recorte de la inversión pública. Ello ha soliviantado a las comunidades autónomas, que esperaban un mayor esfuerzo.
Aun así, los datos reflejan que son las autonomías el eslabón de la administración que destina más recursos a la formación bruta de capital fijo. En 2016, el sector público reservó para inversión pública el equivalente al 1,9% del PIB, el menor nivel registrado jamás. Las comunidades autónomas invirtieron el 0,84% del PIB y, la Administración central, el 0,6%. El resto fue responsabilidad de los ayuntamientos.La formación bruta de capital fijo es, con diferencia, la principal víctima de las políticas de austeridad y de las medidas para reducir el déficit público.
La situación financiera está lejos de ser idílica, pero las comunidades ya no se ven como el punto débil de la Administración. Este lugar corresponde a la Seguridad Social, que cerró el año pasado con un déficit del 1,6% del PIB, su nivel más elevado. Las autonomías cerraron con un déficit del 0,8% del PIB y su compromiso es reducir este nivel dos décimas hasta el 0,6%. Un ajuste mínimo. Además, nueve comunidades ya cerraron el año pasado por debajo en el 0,6%, lo que significa que por primera vez desde que se inició la crisis cuentan con margen fiscal.
Y algunas no han desaprovechado la oportunidad. Baleares, por ejemplo, ha subido un 10% su presupuesto de gasto. El Gobierno de Francina Armengol será uno de los más beneficiados en el incremento de los recursos del sistema de financiación. La Comunidad Valenciana es otro de los territorios que más ha elevado su presupuesto de gasto, aunque en su caso figura como una de las autonomías que incumplió el objetivo de déficit público y que probablemente también rebasará el límite de este ejercicio.
La mejora de las cuentas públicas se refleja en el ahorro bruto, que indica las diferencias entre los ingresos y los gastos corrientes. En 2016, el ahorro bruto alcanzó un cifra positiva de 731 millones, importe que este año aumentará, siempre según las previsiones presupuestarias, hasta los 1.884 millones.
A esta mejora contribuye especialmente Cataluña, que espera elevar un 13% sus ingresos corrientes frente a una subida del 5% de los gastos. Aun así, la Generalitat sigue presentando un ligero ahorro bruto negativo, lo que significa que sus recursos corrientes no son suficientes para cubrir sus necesidades de gasto corriente.
El proyecto de presupuestos de Madrid, que aún no ha sido aprobado y que ayer salvó las enmiendas a la totalidad, destaca por ser el más cauto. El Gobierno de Cristina Cifuentes contempla un incremento del gasto no financiero del 3,8% y solo una subida de los ingresos del 0,1%.