Análisis

Unas cuentas de tránsito hacia el miura de 2018

Montoro subió tasas en 2016 para relajarse este año

Aún le esperan finanzas regionales y pensiones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escanea con el móvl el código QR del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, poco antes de la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Congreso para presentarlo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escanea con el móvl el código QR del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, poco antes de la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Congreso para presentarlo. EFE

Los Presupuestos del Estado de 2017 son unas cuentas de transición, y como tales carecen de dificultad en el diseño y en la ejecución, pese a contener la trascendental tarea de llevar a España hasta la puerta de salida del Protocolo de Déficit Excesivo, nada menos que diez años después de tener los ingresos y los gastos públicos bajo la vigilancia de la Comisión Europea y el Consejo.

Son unas cuentas de tránsito porque se aprueban cuando está la mitad del ejercicio de su vigencia consumido (el Congreso no dará el visto bueno hasta finales de mayo), y porque enlazan las de 2016, en las que se cumple por vez primera desde que Rajoy está en Moncloa el objetivo de déficit fiscal, con las de 2018, que son el auténtico meollo de esta legislatura.

 En las cuentas de 2018 el Gobierno tiene que encajar el triple salto mortal de salir de la vigilancia europea, ensamblar un nuevo sistema de financiación autonómica en el que cada comunidad autónoma quiere más de lo que tiene, y resolver el endemoniado sistema de financiación de la Seguridad Social, a la que le siguen faltando 17.000 millones de ingresos cada año. (Este año el Estado le prestará 10.000 millones para no devorar todo el Fondo de Reserva).

 El propio ministro de Hacienda recordó ayer que han sido los responsables de las comunidades autónomas los que lo han querido así, concentrando en 2017 toda la negociación. “Todas las pelotas están en el aire; es verdad, pero depende del PSOE, que tiene el control de la mitad de las regiones, que hagamos un ejercicio en el que podamos encajar todas esas piezas, y que lo hagamos con los mismos recursos, con los que genera el crecimiento de la economía; no tenemos más, y si alguien quiere subir algún impuestos, que lo explique”. El ministro da a entender que existe una vinculación directa entre la negociación de las finanzas autonómicas y las cuentas públicas de 2018, y pide explicaciones con poco entusiasmo: “Estamos ante una responsabilidad de todos; o vamos todos juntos a la procesión, o no vamos, pero si me van a decir que no a este presupuesto [el de 2017], porqué me van a decir que sí al que viene”.

 Si el núcleo duro de la legislatura está en 2018, que lo está, las cuentas de este año son una balsa de aceite en la que se desenvuelven los números mecidos por una recuperación más vigorosa de lo proyectado inicialmente. Si en 2016 el crecimiento ha sorprendido pese a la falta de Gobierno con facultades ejecutivas plenas, en 2017 el Gobierno coloca una estimación del crecimiento económico a todas luces modesto. Las señales hablan de forma explícita de un avance de la actividad muy superior al 2,5% fijado en el cuadro macroeconómico. Veamos: los datos de empleo de marzo revelan que su avance es del 3,5%, una cifra que esconde un comportamiento de la actividad mucho más alegre que el previsto oficialmente, que por otra parte, ya el ministro de Economía se ha encargado de corregir al hablar de un tirón similar o superior al de 2016 (3,2%); y el propio Banco de España ya ha empezado a mover la previsión y la ha colocado en el 2,8%, a la que se sumarán otros institutos de análisis en las próximas semanas como un solo hombre. Al tiempo.

 Incluso en un ejercicio desconocido hasta ahora, el propio titular de Hacienda admite que los ingresos fiscales crecerán más del 7% porque “está en el ambiente que la economía va mejor de lo estimado”, con lo que el empleo puede avanzar más deprisa, las bases imposibles (5,5%) más deprisa, y si la inflación aparece de verdad (manejan un 1,5% de deflactar implítico del PIB) imprimirá valores más elevados a los ingresos, tanto a los de Hacienda como a los de la Seguridad Social.

 Curiosamente los ingresos fiscales avanzarán cerca del 8% (7,9%) con subidas muy generosas en IVA e IRPF, dos figuras en las que se logran ya los recursos de antes de la crisis, pero con un avance del 12,6% en Sociedades, gracias a la subida del impuesto real de diciembre pasado, en el que se limitaron las compensaciones de pérdidas de ejercicios anteriores a las compañías.

Un Presupuesto este de transición que logra la mayor cantidad de ingresos de la historia de España, con más de 200.000 millones de euros, sin contabilizar los 110.000 millones de cotizaciones de empresas y trabajadores, y que lo hace con nada menos que dos millones de empleos menos que en 2007, cuando Hacienda ya regitró estas cifras por vez primera. ¿No será porque pese a la vocación liberal del Gobierno, y de forma extrema del ministro Montoro, el diseño de los impuestos se atiene más a vocaciones socialdemócratas, la que ya abrazaba con entusiasmo su reforma fiscal de 2014? La presión fiscal, de hecho, este año subirá al 38,2% del PIB, aunque en descargo del Gobierno hay que admitir que el gasto total (peso del Estado) también desciende al 41,3% del PIB.

 Ahí radica la facilidad de estas cuentas públicas: las subidas de impuestos se concentraron en la corrección de las cuentas de 2016 para alcanzar el objetivo de déficit, ya en diciembre con el respaldo del PSOE y el más distante de Ciudadanos, mientras que para 2018 se dejan los auténticos miuras de las cuentas: financiación autonómica y pensiones. Y este año incluso se permiten ligerísimas bajadas de tributación (IVA a espectáculos en directo) y hasta corregir las desequilibradas tasas de temporalidad en la administración pública, con un incremento fuerte del empleo público, y un plan para transformar al 90% de los interinos en educación y sanidad en empleo funcionarial a lo largo de la legislatura.

 Esta capa de vaselina no pasa inadvertida a los grupos políticos, que saben que el Gobierno les está invitando a un respaldo sin fisuras a las cuentas de 2018, una vez que parece que las de este año están garantizadas con el disputado voto del señor Quevedo, el mandao canario de los socialistas, que no podrá decir que no si el PSOE, que gestiona la mitad de las comunidades autónomas, y será el verdadero beneficiado del fijo de la temporalidad en la función pública, presiona lo suyo.

 La primavera será parlamentariamente intensa. Además de pasar por el pleno estas cuentas, que si el Gobierno ha presentado es porque tiene la garantía absoluta de sacarlas adelante, debe pasar el techo de gasto de 2018 y, ya en septiembre, los números concretos a los que no puede hacer abstracción el PSOE por lo expuesto más arriba, especialmente la financiación de las regiones y la de las pensiones.

 Ciudadanos, más partidario de practicar la política de los buenos secadores de bacalao, prefieren cortarlo y que no le huelan las manos, como ha ocurrido con algunas subidas de impuestos. Pero el PSOE carece de alternativa, siempre que la resolución de su crisis interna se resuelva hacia la tendencia colaborativa de toda la vida, y no a la rupturista que practicó durante buena parte de 2016.

Normas