Editorial

Aumentar la cohesión sin dañar la equidad

El discurso de Rajoy apunta a la inestabilidad política provocada por el independentismo como el gran obstáculo para afianzar la recuperación en la comunidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la inauguración de la jornada sobre infraestructuras "Conectados al futuro", celebrada en el Palau de Congresos de Cataluña en Barcelona.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la inauguración de la jornada sobre infraestructuras "Conectados al futuro", celebrada en el Palau de Congresos de Cataluña en Barcelona.

El plan de inversiones en infraestructuras por valor de 4.200 millones de euros para Cataluña, anunciado ayer por Mariano Rajoy, constituye la pieza central de una estrategia del Gobierno dirigida a reactivar la actividad económica en la la comunidad, pero también a recomponer las maltrechas relaciones con sus instituciones y a frenar la agresiva ofensiva del soberanismo. Ante una nutrida representación de empresarios y representantes de la sociedad civil, Rajoy reclamó con claridad apoyo y respaldo “para ganar la batalla de la moderación, la sensatez y la responsabilidad”. El discurso del presidente del Gobierno apunta a la inestabilidad política provocada por el independentismo como el gran obstáculo para afianzar la recuperación en la comunidad, en un momento en el que la economía española vuelve a recuperar un potente atractivo como destino de inversión. El paquete que desgranó Rajoy tiene ejes prioritarios y necesarios, como es el caso del Corredor Mediterráneo, cuyos tres tramos en tierras catalanas se ha comprometido a finalizar en 2020. Además, la red de cercanías recibirá casi 1.882 millones de euros hasta 2020 y otros 2.000 de 2021 hasta 2025. Durante los próximos cuatro años, los aeropuertos serán los destinatarios de 200 millones de euros, y otros 40 millones se invertirán en navegación aérea. Las carreteras recibirán 850.

El plan anunciado ayer constituye una apuesta de inversión poderosa para Cataluña, que recibirá más de 1.000 millones al año durante los cuatro próximos ejercicios, el 10% del total de la inversión anual prevista en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Aunque el resto de los partidos políticos catalanes recibían ayer con frialdad el calendario –desde el Gobierno autónomo se reclama al Gobierno una cláusula antincumplimiento para verificar si las inversiones se llevan efectivamente a cabo– el paquete de inversión pública constituirá un importante estímulo para la comunidad autónoma, que concentrará el 18% de toda la partidas presupuestarias destinadas a infraestructuras.

Buena parte del éxito de esta inyección va más allá de mejorar las infraestructuras y pasa por abrir una vía de colaboración para desactivar una ofensiva independentista que no beneficia ni a la economía catalana ni al conjunto de la española. Aunque este objetivo es urgente y necesario, y exige que el Gobierno emplee toda su artillería y su capacidad de diálogo en ello así como que el empresariado catalán colabore en ese proceso, el anuncio realizado ayer por Rajoy llega en medio del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y la posibilidad de que incluya la aprobación de quitas a la deuda de las autonomías a través de los mecanismos de financiación. Tanto en uno como en otro frente, la clave está en buscar soluciones efectivas que aumenten la cohesión, pero que no dividan ni creen nuevos agrarios comparativos.

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