Una cuestión de aritmética y bien común
Si el Gobierno no consigue aprobar los Presupuestos sufrirá un revés político, pero ello será también una mala noticia económica
La precaria aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas en las últimas elecciones generales ha colocado al Gobierno en la siempre complicada tesitura de buscar apoyos y arañar votos para sacar adelante los proyectos legislativos que lleva a la Cámara. En el caso de los Presupuestos de 2017, el Ejecutivo tiene avanzado ya el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, lo que sumaría 175 votos favorables al texto, exactamente la mitad del total de escaños parlamentarios. El respaldo del diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, que confesaba la semana pasada a este periódico una disposición “superior al 50%” para alcanzar un acuerdo, se ha convertido no solo en la llave que permitiría aprobar las cuentas públicas, sino también evitar un adelanto electoral que ahora mismo no beneficiaría ni al país ni a la buena marcha de la economía. Pese a que los datos de actividad permiten concluir que la recuperación ha alcanzado fortaleza suficiente como para haber podido capear sin grandes turbulencias los meses en los que España ha estado a cargo de un Ejecutivo en funciones, aprobar las cuentas de 2017 constituye una asignatura pendiente que no debe retrasarse más. Prácticamente todas las fuerzas parlamentarias, incluida buena parte de los diputados del PSOE, aunque no manifiesten esta postura públicamente, coinciden en la necesidad de sacar adelante el texto para poder llevar a cabo las reformas que necesita la economía española con el fin de seguir alimentando la recuperación y dar confianza y estabilidad al tejido productivo.
El esqueleto de las cuentas públicas que ha elaborado el Gobierno, que previsiblemente presentará el proyecto de ley en el Congreso la próxima semana, incluye un límite de gasto no financiero de 118.337 millones, 5.000 millones menos que en 2016, lo que permite cumplir con el objetivo de déficit del 3,1%, y contempla una subida del Impuesto sobre Sociedades para recaudar unos 5.000 millones de euros más. En caso de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no alcance el apoyo necesario para sacar adelante el texto, habría que prorrogar los Presupuestos del año pasado. Ello representaría un revés político, dado que mostraría la debilidad y falta de respaldo del Gobierno, pero sería también una mala noticia económica. El rápido proceso de recuperación de la economía española ha despertado el interés de una inversión extranjera que ve abundantes oportunidades para apostar por el país. Mantener el motor de ese proceso de reactivación exige continuar transformando y flexibilizando la economía y hacerlo desde el consenso y la cooperación parlamentaria. Se trata de una cuestión ya no de aritmética, sino de bien común