_
_
_
_
Contante & Sonante
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El Banco de España, un supervisor supervisado

La institución que preside MarioDraghi ha consultadoa tres entidades españolas sobre la vigilancia que ejerce el BdE

Fachada del Banco de España. EFE/Archivo
Fachada del Banco de España. EFE/ArchivoEFE

El Banco Central Europeo (BCE) tiene entre sus múltiples misiones no solo velar por los bancos comerciales y de inversión europeos, sino también de los supervisores locales, es decir, de los bancos centrales locales. Entre ellos, como es lógico, está el Banco de España (BdE). Lo malo es que en esta ocasión a la institución que encabeza Luis María Linde le ha tocado mostrar su lado más feo. Y es que casi coincidiendo con el examen del BCE, la excúpula de supervisión del Banco de España ha desfilado por la Audiencia Nacional, y no como testigo, como en otras ocasiones, sino como imputada.

Además, las debilidades del supervisor nacional no solo han sido examinadas al mismo tiempo por el BCE, sino también por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya visita para analizar la salud de la banca española tras la crisis de 2012 ha coincidido con la de la institución que preside Mario Draghi, y como se ha mencionado antes, con la justicia.

¿Mala suerte? Pues sí, porque nadie en el Banco de España preveía que la excúpula de supervisión tuviese que declarar como inculpados en la Audiencia Nacional (la primera vez que sucede en la justicia española), y menos que todos los análisis coincidieran en el tiempo. Pero todo puede enredarse más.

Como dicen que no hay dos sin tres, la vigilancia al Banco de España también se ha estrechado entre los que son los representantes de los contribuyentes, los diputados. El Congreso tiene la intención de investigar a partir de junio el papel de esta institución en la crisis de las cajas de ahorros desde el año 2000. Esta investigación se produce justo cuando la justicia ha decidido acelerar los procesos denunciados, sobre todo, por el FROB, organismo dependiente de Economía.

Y si esto fuera poco, algún que otro grupo político ha subido la presión al pedir y querer fijar individualmente explicaciones a la labor del Banco de España en los últimos años. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que en el plazo de tres meses presente un proyecto de ley de reforma de los procedimientos en el Banco de España que garantice la regeneración y la supervisión financiera eficiente.

Su objetivo es que el Banco de España no pueda ignorar los informes que sus inspectores le puedan presentar, como parece que ha sucedido en el caso Bankia, y más concretamente con la salida a Bolsa de esta entidad en julio de 2011.

La autoridad supervisora española recuerda, sin embargo, que desde 2013 es obligatorio dejar constancia por escrito de cualquier discrepancia entre los inspectores y sus superiores. A ello se añade, que es el BCE el organismo que supervisa a las instituciones cuyo balance supere los 30.000 millones de euros. Pero al margen de que la inspección del Banco de España siga todas las pautas europeas, que las sigue, y sus inspectores o criterios estén alineados con las normas europeas, el BCE ha querido aumentar la vigilancia sobre sus satélites, entre los que se encuentran el Banco de España. Y para ello ha elegido a tres entidades financieras españolas a las que les ha realizado una encuesta sobre los mecanismos de control del supervisor nacional.

El objetivo es armonizar la supervisión bancaria en toda la zona euro.

Entre las entidades a las que el BCE les ha pedido su opinión sobre el papel supervisor del BdE, se encuentra una antigua caja de ahorros que no ha necesitado ayudas ni se ha tenido que someter a una reestructuración. Puede ser por ello, o porque el Gobierno necesite apoyos para sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado por lo que estas antiguas cajas de ahorros que aún no cotizan han logrado arrancar al Ejecutivo lo que parecía imposible por imperativo europeo, alargar la privatización de estas entidades casi sine die.

Economía tiene previsto aprobar a finales de este mes una norma por la que estas entidades, entre las que se encuentran Kutxabank, Ibercaja y Unicaja, pueden ampliar hasta 2024 la creación de un fondo de reserva si no salen a Bolsa. El pacto parece que se ha plasmado entre la entidad vasca, y más concretamente entre el PNV, y el Gobierno. Pero Ibercaja y Unicaja se pueden beneficiar también de este pacto.

Conclusión, patada hacia delante para que estas entidades coticen. Eso sí, para ello deberán comunicar su decisión de crear un fondo reserva, algo que Kutxabank tenía ya claro, y ahora Ibercaja se está pensando. Y no es para menos, si estas entidades, por generosidad del actual Gobierno, ha tenido a bien ampliar el plazo para su constitución hasta 2024. Para entonces todo el mundo calvo. Y como dice un directivo de una de estas instituciones “hace dos años esta flexibilización de la norma era imposible. Ahora no es solo real, sino que incluso ha sido un regalo”. La explicación: Al final no todas las excajas son iguales.

Archivado En

_
_