El problema del Banco de Inglaterra sigue
La dimisión de la subgobernadora no elimina el hecho de que la entidad ha sido muy blanda
Charlotte Hogg ha hecho lo correcto dimitiendo poco después de llegar al puesto de subgobernadora del Banco de Inglaterra, después de que una comisión parlamentaria la criticara por no revelar un conflicto de intereses. Su marcha mitiga el daño a la reputación del banco, pero no del todo.
Incumpliendo el código de conducta de la entidad, Hogg no reveló durante casi cuatro años, en los que ejerció como jefa de operaciones del banco, que su hermano trabaja en una división de estrategia de Barclays. Sí lo hizo durante su proceso de nombramiento como subgobernadora, pero esto es, en última instancia, irrelevante. Una de las mayores preocupaciones de los legisladores era que, en una carta pidiendo disculpas, Hogg concluyó erróneamente que no habría conflictos en el futuro.
Su Consejo de Gobierno parecía más centrado en garantizar que Hogg se quedara que en los riesgos reputacionales
Si no hubiera renunciado, el banco habría perdido legitimidad para exigir normas más estrictas a las entidades que regula. Pero sigue teniendo un problema: el error no se hizo evidente hasta el escrutinio parlamentario, y cuando lo hizo, Hogg no recibió más que una advertencia verbal. Se habría percibido más dureza por parte del banco si hubiera renunciado más rápidamente.
Más importante aún, el presidente y del Consejo de Gobierno del banco, Anthony Habgood, y otro miembro del mismo, Bradley Fried, fueron demasiado blandos en su comparenciancia ante la comisión parlamentaria. Parecían más centrados en garantizar que Hogg se quedara que en los riesgos para la reputación del banco.
Durante el mandato de Mark Carney como gobernador la entidad ha tratado de ser más profesional, un proceso a cuyo avance ayudó la propia Hogg. Pero aún hay camino por recorrer, a juzgar por el comentario de Habgood de que la dimisión “supera el estándar que se esperaría en el sector privado”. El banco central es un importante garante de la credibilidad institucional y debería cumplir, por sistema, los estándares más altos. No puede permitirse hacer oídos sordos.
