Popular endurece las condiciones de las pensiones de su cúpula
La entidad quiere limitar el cobro si el ejecutivo abandona el banco antes de los 65 años
La nueva cúpula de Banco Popular quiere dar una vuelta no solo a su organigrama y consejo de administración, sino también a la política que aplica de remuneraciones. Pretende ser aún más austero y evitar que directivos que puedan incurrir en errores con un coste para el banco puedan recibir pensiones multimillonarias.
Emilio Saracho quiere dar un giro de 180 grados a Banco Popular. Espera que tras el saneamiento realizado en 2016 que han supuesto unas pérdidas de 3.485 millones de euros, la entidad haya puesto su contador a cero para así conseguir beneficios ya durante el primer semestre del año. El recorte de costes, de hecho, se ha vuelto uno de los objetivos fijados para este ejercicio, aunque ya lo ha sido en los anteriores.
Recuperar su solvencia, eficiencia, rentabilidad y respecto por parte del mercado y de sus accionistas marcan la hoja de ruta de la nueva cúpula. Y dentro de este plan de austeridad es donde encaja la decisión del consejo de administración de endurecer y reducir el coste de las pensiones de sus directivos y consejeros ejecutivos.
El banco ha decidido modificar el sistema de pensiones de sus consejeros ejecutivos, en este caso de su nuevo presidente, Emilio Saracho, de su consejero delegado, Pedro Larena, quien fue fichado por la entidad a finales de julio de 2016, y del resto de los directivos, sean o no nuevos. La excepción, además del expresidente Ángel Ron, y del también exconsejero delegado, Francisco Gómez, es la del consejero secretario general Francisco Aparicio. Banco Popular así ha pasado de realizar una prestación definida para las pensiones de su cúpula a la de una aportación definida. Fuentes del banco señalan que la fórmula aprobada en la junta de accionistas del pasado 20 de febrero, “es menos gravosa que la anterior”.
Además, se evita tener que completar la provisión de la pensión del ejecutivo que dimita del banco antes de su edad de jubilación, como ha ocurrido en el caso de Ángel Ron, de 54 años de edad, quien recibirá una pensión anual de 1,1 millones de euros, para lo que el banco debe realizar una provisión de unos 24 millones de euros. El que fuera número dos del banco, Francisco Gómez, de 52 años de edad, ha acumulado una pensión de 20,34 millones. Si ambos no trabajan en ninguna entidad de la competencia tendrán derecho a percibir estas sumas de pensión.
Con la fórmula diseñada ahora y que fue recomendada por el consejo de administración, el banco aporta cantidades fijos al plan de pensiones de sus ejecutivos, que cubrirán incluso de una vez pero solo hasta lo que tengan acumulado hasta la fecha de su salida del banco, con lo que si dimiten antes de cumplir los 65 años la entidad únicamente tendrá que provisionar hasta la fecha de su salida. Esta política de remuneración estaba incluida en los estatutos de la dirección general, pero no en la política de retribución de los consejeros ejecutivos. El cambio afecta al artículo 27 de los estatutos de la entidad. Además, la entidad también ha condicionado el cobro de la pensión de los consejeros ejecutivos a que no exista un quebranto en el banco que derive en un procedimiento de acción social de responsabilidad civil.
Fuentes financieras aseguran que de con estas fórmulas se pretende que si algún directivo no opera correctamente y debe dimitir “no reciba encima una compensación por ello”. Una de las principales críticas que se produjeron en la junta extraordinaria de accionistas del lunes fue la pérdida de valor de los títulos de Popular, consecuencia en gran parte de los abultados números rojos registrados en 2016. Varios accionistas del banco reclamaron al banco que Ron no cobrará su pensión por ello.
