La zona euro aparca otra vez la tasa Tobin al sector financiero
El 'brexit' y las elecciones en Francia y Alemania arrinconan el impuesto a las finanzas El proyecto parece definitivamente condenado tras seis años de negociación
La creación de un impuesto a las transacciones financieras, con el que se pretendía recaudar miles de milones de euros al año, ha vuelto a entrar hoy en vía muerta tras una reunión en Bruselas de los países de la zona euro que todavía secundan el proyecto, entre ellos, España.
Los ministros de Economía y Finanzas de esos`países han decidido aparcar la creación de esa tasa Tobin hasta que se verifique el impacto de la salida del Reino Unido de la UE (prevista para 2019) y hasta que se conozca el resultado de los numerosos comicios a la vista, entre ellos, las elecciones generales en Francia, Alemania y, tal vez, en Italia, los tres países que, junto a España, resultan esenciales para sacar adelante la iniciativa.
Los países involucrados en el plan todavía esperan mantener otra reunión en marzo. Pero fuentes diplomáticas reconocen que se ha llegado un acuerdo para suspender temporalmente las negociaciones hasta que se despeje el escenario político europeo. Además de las elecciones en ciernes, el objetivo es verificar el impacto del brexit en los flujos financieros, así como las posibles consecuencias de la regulación del sector anunciada por el presidente de EE UU, Donald Trump. Algunas fuentes admiten que ambas razones son, en parte, una excusa para arrinconar hasta final de año, como mínimo, un proyecto que nunca ha tenido el viento político de cola.
El fiasco es de tal calibre que, tras casi seis años de negociación, los países participantes ya se plantean abandonar definitivamente el proyecto. "España respalda totalmente la propuesta, pero al final lo importante es la voluntad política y, si no la hay, no podemos seguir debatiendo el proyecto eternamente", señaló el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras la reunión con sus colegas europeos.
El proyecto arrancó en 2011, con una propuesta que, según la Comisión Europea, pretendía acabar con la infraimposición que disfruta el sector financiero en relación con otro tipo de empresas y garantizar una contribución de la banca al saneamiento de las cuentas públicas, gravemente deterioradas por el billonario rescate de algunas entidades financieras.
La primera propuesta se topó con el rechazo frontal de varios países de la UE por lo que se abandonó rápidamente. Bruselas retomó el proyecto sólo con los países dispuestos a llevarla a cabo, pero tampoco ha avanzado demasiado. En octubre el año pasado, el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, resucitó el plan, con la idea de arrancar aunque fuera con un impuesto de mínimos. Pero parece que ha fracaso de nuevo y, probablemente, de manera definitiva.
La última propuesta limitaba la aplicación del impuesto a la compra-venta de acciones de las empresas de los países participantes y siempre que se negociaran en plazas bursátiles de esos mismos países. Esa doble condición reducía drásticamente el número de operaciones afectadas y el potencial de recaudación. Además, quedaban excluidas las operaciones con deuda pública y ofrecía una rebaja del impuesto para operaciones internas de las compañías.
En las últimas reuniones, además, varios países, entre ellos Bélgica, han reclamado nuevas exenciones para operaciones de los fondos de pensiones o de las aseguradoras, lo que amenazaba en convertir el impuesto en un cascarón sin contenido.
El impuesto pretendía gravar las transacciones con un 0,1% del valor de cada acción o del 0,01% el de los derivados. Bruselas cifró en su día que la recaudación total podría ascender a 35.000 millones de euros al año. Y el Gobierno español llegó a computar un ingreso de 600 millones de euros en su programa de EStabilidad para 2014-2017. Unas cuentas que nunca se han cumplido y todo indica que nunca se cumplirán.