Editorial

Una reforma espinosa, pero necesaria

El cambio del modelo de financiación autonómico debe respetar las prerrogativas reconocidas constitucionalmente, pero también ser valiente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se marcha tras su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se marcha tras su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Entre las grandes asignaturas pendientes que España afrontará este año figura la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión compleja y políticamente espinosa, pero necesaria. El Gobierno ha reunido para ello a un comité con una veintena de expertos que tendrán su primer encuentro mañana y en el que están representadas todas las autonomías de régimen común, a excepción de Cataluña, que ha renunciado a estarlo, y de Navarra y el País Vasco, que tienen su propio régimen foral. Cuatro de los expertos de ese comité han participado en la redacción de un informe elaborado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización (Rifde), que concluye que la reforma del sistema debe incluir necesariamente al País Vasco y Navarra en los mecanismos de solidaridad interterritorial. La propuesta de los académicos consultados en el informe es optar por un modelo que respete las particularidades forales que reconoce la Constitución a ambos territorios, pero que incluya una revisión del cálculo de cupo –lo que cada comunidad aporta a la caja común– de modo que tanto País Vasco como Navarra realicen una mayor aportación. Como reconocen los propios expertos, ambas cuentan con unos recursos por habitante que duplican a muchas de las otras comunidades autónomas. Además, las dos disfrutan de una amplia autonomía fiscal, recaudan sus propios impuestos y ceden, en una negociación bilateral, una parte de los ingresos a la Administración central.

Pese a las grietas que el sistema de financiación autonómico ha ido evidenciando a lo largo de los años, buena parte de ellas fruto del diseño asimétrico e improvisado del modelo de descentralización territorial y financiera adoptado por España, el Gobierno no parece demasiado dispuesto a abrir el debate sobre cómo revisar el papel de las autonomías forales en los mecanismos de solidaridad, más aún cuando es probable que el Ejecutivo necesite del apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos.

No es la única cuestión difícil de plantear políticamente. Como coinciden también los expertos de Rifde, la reforma del modelo de financiación debe ser respetuosa con las prerrogativas reconocidas constitucionalmente, pero también valiente. Ello incluye renunciar a tentaciones, como la de intentar neutralizar el independentismo catalán con la concesión a la comunidad de un modelo similar al vasco. También exige abordar cuestiones que a buen seguro generarán resistencia. Es el caso de eliminar la denominada cláusula de statu quo, que garantiza que, aun en caso de modificar el modelo, ninguna comunidad recibirá menos recursos de los que tenía. Se trata de blindaje de oro que resulta insostenible en un país que no solo ha dejado atrás una dura crisis económica, sino que está obligado a acatar una severa disciplina fiscal como miembro del club del euro.

 

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