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Energía

Endesa e Iberdrola descartan reabrir Garoña pese al visto bueno del CSN

El dictamen favorable abre la puerta a ampliar la vida al resto del parque nuclear

Cristina Narbona (i), junto a la vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, y el presidente, Fernando Marti. pablo monge
Cristina Narbona (i), junto a la vicepresidenta del CSN, Rosario Velasco, y el presidente, Fernando Marti. pablo mongePablo Monge
Carmen Monforte

Lo que era un secreto a voces se confirmó ayer: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el informe de los servicios técnicos del organismo por el que se autoriza, con una decena de condiciones, la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta alcanzar los 60 años de vida útil. En realidad, la planta lleva cerrada por decisión de Nuclenor (sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola) desde diciembre de 2012. El informe fue aprobado por cuatro votos a favor (el de los vocales del PP) y uno en contra (el de la consejera Cristina Narbona designada por el PSOE), quien ha elaborado un voto particular.

 Aunque la autorización definitiva corresponde al Ministerio de Energía, para lo cual tiene seis mes de plazo, todo apunta, dada la posición pronuclear del Gobierno popular y muy especialmente la del propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, que la respuesta será afirmativa. Quienes no parecen dispuestas a reabrir Garoña son sus propietarias, que son las que tienen la última palabra. Fuentes cercanas a ambas eléctricas consideran que las inversiones a las que se les imponen, “no hacen rentable” la reapertura. Incluso con una ampliación de la vida por 17 años.

En unas declaraciones ante los sindicatos de Iberdrola, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, dejó clara el año pasado su intención de cerrar la central burgalesa. Un anunció que ofendió a Endesa, que se enteró “por la prensa”. Esta compañía ha sido siempre partidaria de esperar a comprobar el coste de las inversiones (se han barajado distintas cifras, desde 150 millones). Analizado ya el impacto del informe, distribuido a los consejeros hace dos semanas, la eléctrica que preside Borja Prado considera que no les compensa. Oficialmente, las empresas guardan silencio a la espera de la decisión del ministerio y de analizar el dictamen.

¿Por qué las dos grandes eléctricas, si lo tenían claro, han mantenido su petición de reapertura, que solicitaron a Industria en 2014? La idea denunciada hace tiempo en fuentes del CSN de que el objetivo de ambas eléctricas era lograr carta blanca con el informe favorable a la ampliación de Garoña para el resto del parque nuclear, español al que le queda apenas una década de vida.

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Y así ha sido. Mientras las autorizaciones se otorgaban hasta ahora por el mismo periodo de tiempo que comprenden las revisiones integrales de seguridad (10 años máximo), a Garoña se le da por 17 años. La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada 10 años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el CSN para operar. Un sistema similar al francés.

En una rueda de prensa convocada ayer por la tarde por el consejo, su presidente, Fernando Martí, subrayó que el dictamen no establece la fecha máxima (el organismo fija las condiciones para que pueda llegar a 2031), que deberá fijar el Gobierno. El CSN establece ocho condiciones sobre autorizaciones genéricas y otras dos específicas:el aislamiento de la contención primaria o protección de equipos frente a una posible caída del techo de la turbina por un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están “prácticamente finalizadas”.

Marti insiste en que la prórroga la decide Energía

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, aseguró ayer que el dictamen sobre Garoña ha respetado la decisión de los técnicos. “Lo que han elevado, ha sido lo que se ha aprobado”, dijo en una rueda de prensa junto al resto de consejeros y el director de Seguridad, Antonio Monuera. Con este dictamen preceptivo y obligatorio en cuanto a las condiciones, el Gobierno decidirá sobre el futuro de Garoña y fijará el plazo de la prórroga de su licencia. Sobre este plazo, Marti dijo que “es una cuestión política”. por su parte, Monuera defendió que en Estados Unidos se debate ahora si las nucleares pueden operar 80 años.

Precisamente esta ausencia de determinación del plazo es uno de los motivos esgrimidos por la consejera Cristina Narbona para justificar su voto en contra, ya que considera que al no establecer un plazo de 10 años contradice una guía de seguridad aún en vigor. El otro motivo es que Nuclenor no ha terminado las modificaciones de diseño que le exigidas por el CSN en abril de 2015. A este respecto, Monuera admitió que quedan modificaciones pendientes, pero aseguró que dos están terminadas, otra está al 50% y la última está también bastante avanzada. Y, según Nuclenor, tiene previsto terminarlas en unos 12 doce meses.

Los consejeros Fernando Castelló y Javier Dies, defendieron el rigor y la independencia del cuerpo técnico e informaron que al regulador “únicamente” le corresponde poner las condiciones y “evaluar” pero que la decisión definitiva corresponde “únicamente” al Gobierno.

La decisión del CSN ha sido fuertemente contestada por los partidos de la oposición, grupos ecologistas y las distintas formaciones políticas y sindicales del País Vasco.

Cronología de un despropósito

Julio de 2009

El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien había anunciado su decisión de cerrar Garoña al cumplir los 40 años (esto es, en 2011) optó, tras las fuertes presiones recibidas, tirar por la calle de enmedio: ni los 10 años que aceptó el CSN, ni los dos que le quedaban de vida útil. En otras palabras, dejaba la decisión para el siguiente Gobierno, ya del PP.

Octubre de 2011

Tras el accidente del complejo nuclear de Fukushima se realizan pruebas de estrés a las centrales y se imponen nuevas inversiones de seguridad.

Enero de 2013

Entra en vigor un impuesto que grava la radiactividad de las barras de uranio desde que se depositan en el reactor hasta que se gastan. Días antes, Nuclenor, para la central por considerarla una tasa retroactiva para una central cuya licencia caducaría en julio de ese año. La CNE le impuso una multa de 18 millones por un cierre ilegal.

Mayo de 2013

Nuclenor y el ministerio mantienen un pulso:la primera agota todos los plazos antes de pedir una prórroga y el ministerio, partidario de autorizársela, deja pasar el plazo administrativo, lo que le obliga a un retruécano legal para renovar la licencia, que ya se había agotado. Se le renovó hasta 2019.

Junio de 2014

Nuclenor pide al ministerio la ampliación de la vida de Garoña, que sigue parada desde 2012, hasta los 60 años (2031). Industria solicita un informe al CSN, que es el aprobado ahora. Garoña es la única central en el mundo que ha tenido dos procedimientos para su apertura y para su cierre.

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Sobre la firma

Carmen Monforte
Es redactora de Energía de Cinco Días, donde ocupó también los cargos de jefa de Especiales y Empresas. Previamente, trabajó como redactora de temas económicos en la delegación de El Periódico de Cataluña en Madrid, el Grupo Nuevo Lunes y la revista Mercado.

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