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La central nuclear de Garoña podrá volver a operar

El dictamen del CSN sale adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado hoy un dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña, en Burgos, siempre y cuando el operador de la planta Nuclenor (participado por Endesa e Iberdrola) cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

La votación ha salido adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros que integran el máximo órgano de la seguridad nuclear en España (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, Cristina Narbona (propuesta por el PSOE), ha votado en contra.

El presidente del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear, nombrado a propuesta del PP, ha aclarad hoy que el CSN ha aprobado que Garoña opere hasta 2031 (los próximos 14 años) si cumple lo que se le pide en materia de seguridad, pero que los plazos de autorización los tendrá que poner el Gobierno.

“El CSN no autoriza a Garoña a operar ni lo desautoriza, simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo; es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo”, ha incidido Marti.

“Nosotros ni abrimos ni cerramos centrales, solo establecemos condiciones para que sean seguras”, ha insistido Marti, quien ha recordado que el CSN es “un organismo técnico” que se limita a emitir los informes que pide el regulador. y ha remarcado que lo que han avalado hoy cuatro de los cinco consejeros del CSN es “lo que han dicho los técnicos”.

Diez condiciones

Por su parte, Antonio Munuera, director técnico de seguridad del CSN ha indicado que los requerimientos que el dictamen para Garoña puede agruparse en diez grandes condiciones, la mayoría de las cuales atienden a modificaciones en el diseño exigidas desde el accidente en la central de Fukushima (Japón). Esas modificaciones deberán ejecutarse antes de la carga del combustible nuclear si la central recibe autorización.

La consejera Cristina Narbona, nombrada a propuesta del PSOE, que ha votado en contra de avalar la reapertura de Garoña, ha señalado que uno de sus principales argumentos para hacerlo es que por primera vez desde 1999 el CSN concede un informe favorable sin establecer un límite temporal a la renovación de explotación.

Desligar una y otra cosa “contradice la guía de seguridad nuclear todavía en vigor”, ha incidido Narbona, quien ha agregado que esta guía está siendo revisada en estos momentos “para eliminar esta referencia temporal”.

A juicio de Narbona, “no está justificado por qué se pasa de una práctica reconocida a escala internacional, como es la renovación a diez años en lugar de renovaciones de explotación sin fecha, máxime cuando los requerimiento de seguridad que se le habían hecho antes incluso de pedir el dictamen de hoy no se habían cumplido”.

El consejero Fernando Castelló, propuesto por el PP, le ha respondido que la revisión periódica de seguridad cada diez años “no vincula para nada los plazos de autorización que corresponden al Ministerio”.

Respecto al alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años, Javier Dies, otro de los tres consejeros propuestos por el PP ha señalado que en el mundo hay 87 reactores para operar hasta los 60 años, y 117 con permisos más allá de los 40 años.

Dies ha agregado que en Estados Unidos están planteando ya que las nucleares operen de los 60 a los 80 años.

Los consejeros han dicho desconocer dos preguntas planteadas por los periodistas referentes a qué inversión requerirás las mejoras de seguridad que exigen a Garoña para reabrir, y cuánto tiempo tardarían en hacerlas y en conectarse a la red si recibe autorización del Gobierno. EFE

Tras el visto bueno del CSN corresponderá al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. 

Energía abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados -entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas- antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña. “Se tomará una decisión una vez que se haya escuchado a todas las partes”, han indicado fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal.

El ministerio cuenta con un plazo de seis meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Nadal dijo ayer en el Senado que la seguridad “es prioritaria” y que su departamento basará su decisión “en el interés general”.

Fuentes del ministerio han subrayado que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso “muy específico” dentro del parque nuclear español.

Un paso en la dirección adecuada

El Foro de la Industria Nuclear ve en la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), favorable con condiciones a la renovación de la autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), “un paso más” del procedimiento establecido y defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una “estrategia energética adecuada y necesaria” para España en el contexto actual.

En un comunicado emitido por la organización que representa a la industria nuclear española, considera que la aprobación de un dictamen favorable a la renovación de la autorización de explotación de Garoña como “el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes”, que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.

Así, recuerda que “ahora” corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital “tomar la decisión final al respecto” y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el organismo regulador, en criterios técnicos, “primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente”.

En paralelo, el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, ha dicho que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es “una estrategia energética adecuada y necesaria” para España en el actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible, no sólo desde el punto de vista energético sino también económico y medioambiental”.

Igualmente, recuerda que otros países del entorno están apostando por “la continuidad de la operación” de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello.

“Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos altamente cualificados y estables en el tiempo”, insiste.

El 20% de la electricidad española

Sin tener en cuenta la de Santa María de Garoña, en estos momentos existen cinco centrales nucleares en explotación con siete reactores operativos -seis de ellos son de agua ligera a presión y uno del tipo de agua en ebullición- que generan más del 20 % de la electricidad española.

Se trata de Almaraz I y II (Cáceres), que entraron en funcionamiento en 1981 y 1983 respectivamente; Ascó I y II (Tarragona), en activo desde 1983 y 1985; Cofrentes (Valencia), desde 1984; Vandellós II (Tarragona), en 1987 y Trillo (Guadalajara), la más moderna ya que comenzó a operar en 1988.

España fue uno de los primeros países europeos que frenó su programa nuclear, incluso antes del accidente de Chernóbil de 1986, ya que, dos años antes, el primer gobierno presidido por Felipe González decretó una moratoria que paralizó la construcción de otras cinco instalaciones: Lemóniz I y II (Vizcaya), Valdecaballeros I y II (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara).

Todas ellas fueron definitivamente paralizadas en 1994 por la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional en una operación que costó casi 730.000 millones de pesetas (casi 4.400 millones de euros) a pagar por los consumidores a través de la tarifa eléctrica.

A las centrales en funcionamiento a día de hoy hay que sumar la de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita: la primera que se construyó en España, pues comenzó a operar en 1968 y cerró en 2006; actualmente está en fase de desmantelamiento.

También hay que incluir el reactor de Vandellós I, parcialmente desmantelado tras su cierre definitivo en 1989.

Sin embargo, el equipamiento nuclear no se limita a las centrales, pues hay que sumar la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril (Córdoba) y diversas plantas de desmantelamiento como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de Madrid así como otras de concentrados de uranio como la de Andújar (Jaén).

A la espera está también la licitación para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca).

El máximo de electricidad generada por el parque nuclear español desde que entró en funcionamiento se registró en 2001 cuando los entonces nueve reactores nucleares en activo produjeron cerca de 64.000 gigavatios hora (GWh) -cada gigavatio equivale a un millón de vatios-.

En 2016, y pese al cierre de instalaciones, seguía siendo la fuente más importante del sistema eléctrico, ya que con sólo un 7,45 % de potencia instalada produjo el 21,38 % de la energía producida en España, lo que convierte a sus reactores en “esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico” de acuerdo con los datos facilitados por el Foro Nuclear.

Por comparación, ese mismo año la eólica -la más desarrollada entre las energías renovables en este momento- fue la segunda en aportar: un 18,19 % del total, pero con un 21,80 % de potencia instalada.

El año pasado, el parque nuclear español funcionó una media de 86,31 % del total de las horas del año.

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